La perversidad de los partidos políticos no tiene límite. Les bastó plasmar en el Pacto Federal una simple fórmula aritmética para que -de manera automática- el financiamiento público ordinario federal se incremente año con año con tan solo realizar una simple operación aritmética: multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

A nivel local, el financiamiento público ordinario estatal para los partidos políticos con registro en el IEE, es el producto de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal por el 65% del salario mínimo vigente en la capital del Estado.

El financiamiento público ordinario estatal para los partidos en el año 2015 fue de 120 millones de pesos; en cambio, dos años después, el financiamiento es de 124 millones de pesos. Así las cosas, Usted amable lector, podrá apreciar el porque -sin merecimiento alguno- los partidos políticos incrementan sus recursos a costa de la ciudadanía.

Por lo anterior, la propuesta legislativa de la Iniciativa Popular es eliminar de la Constitución del Estado esta infame fórmula aritmética. Y en su lugar, incrustar una cantidad fija que represente, cuando mucho, el 75% de los recursos públicos que actualmente desembolsa el erario estatal para financiar a los partidos políticos.

La redacción del párrafo constitucional, sería la siguiente: “El financiamiento público anual, para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, será la cantidad de noventa millones de pesos. Dicha cantidad será ajustada cada tres años”.

De ser aprobada esta propuesta legislativa, el gobierno estatal se ahorraría más de 35 millones de pesos anuales. La propuesta ciudadana incluye la derogación del financiamiento por concepto de “actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación política, así como a las tareas editoriales”.

En cuanto a la distribución del financiamiento público entre los partidos políticos, desde décadas atrás, se ha aceptado el porcentaje 30-70, que consiste en distribuir el monto total del financiamiento ordinario de la siguiente manera: El 30% en forma igualitaria, y el 70% restante, tomando en cuenta el porcentaje de votación obtenido por cada uno de ellos, en la elección de diputados inmediata anterior.

En la Iniciativa Popular, se propone una distribución igualitaria del financiamiento ordinario: Que el 50%, sea distribuido en partes iguales, y el otro 50%, de acuerdo al porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. De esta manera, los minipartidos podrían contar con mayor estructura partidaria.

Otro ahorro significativo sería el de reducir los porcentajes del financiamiento público para gastos de campaña. Hoy en día, los partidos reciben -adicionalmente- en años electorales cuando se elige al Gobernador, a diputados locales y miembros de ayuntamientos, el equivalente al 50% del financiamiento ordinario; y cuando sólo se eligen diputados y miembros de los ayuntamientos, el 35%. Lo anterior, significa un gasto adicional de más de 45 y/o 60 millones de pesos cada seis años, según cual sea la elección.

En la iniciativa popular se propone reducir dichos porcentajes, en los términos siguientes: El financiamiento para gastos de campaña, durante el año en que se elija al Gobernador, a los diputados y miembros de los ayuntamientos, equivaldrá al 40% del financiamiento ordinario; y cuando sólo se elijan a diputados y miembros de ayuntamientos, equivaldrá al 20% de dicho financiamiento.

Sin duda alguna, esta es la mejor oportunidad que tienen los partidos políticos para demostrarle a la ciudadanía chihuahuense que, verdaderamente, les importa que en los comicios locales del 2018 prevalezca el principio de austeridad. De no ser así, la ciudadanía habrá de reprocharles su evidente deslealtad votando por los candidatos independientes.



INDEPENDIENTES:

La Constitución Local consigna que los candidatos independientes solo tienen derecho a recibir financiamiento público para sus campañas electorales. En la Ley Electoral se plasman las siguientes reglas: a) Para efecto de la distribución del financiamiento público de los candidatos independientes, en su conjunto por tipo de elección y por unidad de formula o planilla en su caso, serán considerados como un partido político de nuevo registro;

b) El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro, se distribuirá entre todos los candidatos independientes de la siguiente manera: Un 30% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos los candidatos a Gobernador; un 30% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de candidatos al cargo de Diputados; un 30% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las Planillas de Ayuntamiento; y un 10% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de Candidatos a Síndicos.

¿Y a cuánto asciende el financiamiento para gastos de campaña de un partido político nuevo? La ridícula cantidad de un millón trescientos mil pesos. Que dividido entre todos los candidatos no fue suficiente ni siquiera para pagar un espectacular.

Por ello, la propuesta de la Iniciativa Popular es la siguiente: “El financiamiento público para gasto ordinario y campaña electoral de candidatos independientes será de diez millones de pesos en los procesos electorales en que se elija Gobernador; y de seis millones en los procesos electorales intermedios”.