Chihuahua, Chih.

La agudización de la confrontación del presidente López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inicialmente, y ahora ¡con todo el Poder Judicial de la Federación (PJF)! ha adquirido el relieve de una verdadera crisis política-social

Al concretar -hasta ahora- la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del PJF, lo que implicaría afectar en mayor o menor medida -cada uno de ellos- a la totalidad de los funcionarios y empleados del Poder Judicial, trajo como consecuencia, no sólo la mesurada respuesta de algunos ministros de la Corte, pero sí la muy airada de los empleados y funcionarios de la misma, exceptuando de ella a los ministros.

Ante la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados -presentada por el «aspiracionista» a la candidatura morenista en Puebla, Ignacio Mier-, que es, en realidad, del presidente, los dos sindicatos de trabajadores del PJF decretaron un paro nacional que terminará el martes, fecha en la que supuestamente el Senado revisará y aprobará lo aprobado en la de Diputados, es altamente previsible que así suceda pues el presidente, fiel a «estilo personal de gobernar» ha lanzado al aire que «no le cambien ni una coma».

Las afectaciones a la vida social de tal confrontación, obviamente, son múltiples, baste ubicar el dato de que, al año, en Chihuahua, el PJF emite más de 45 mil 600 amparos, es decir, un promedio de 11 al día en cada uno de los doce distritos asentados en la entidad, la mayoría de ellos originados por la actividad económica, muy elevada, de acuerdo con la información proporcionada por el Lic. Gabriel Galván Morales, Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa (Entrevista radiofónica, Aserto-Antena 102.5 FM, 20/10/23). 

Por supuesto que el segundo rubro, en el estado, lo ocupa el penal, y como se ha asentado regularmente en esta columna, desde hace, ya, más de tres lustros.

No son poquitos, ni tan menor su actividad: «En Chihuahua, hay 12 juzgados de distrito, 7 Tribunales colegiados, 2 Centros de Justicia Penal Federal y 3 Juzgados Laborales Federales y 2 administraciones (Chihuahua y Cd. Juárez) que emplean a más de 2 mil personas directamente y generan ingresos indirectos». (Comunicado de los trabajadores del PJF ubicados en Chihuahua, 19/10/23).

Además, argumentan que «Los funcionarios públicos del PJF ingresan a la carrera judicial por exámenes de oposición y son personas de toda la república, es el servicio público de carrera más profesionalizado». (Ibídem).

Podrán decir una y mil cosas el presidente y sus seguidores acríticos, acerca de los excesos de la élite política del país (a la que él mismo pertenece), en este caso la judicial, en la que le asiste la razón parcialmente, pero una cosa es que critique esos excesos, y otra que, tal como lo ha hecho en prácticamente todos los temas que ha criticado acremente a lo largo de su gobierno, en lugar de efectuar una «limpieza» para erradicar la corrupción, dejando a salvo los aspectos y funciones, no sólo rescatables, sino verdaderamente útiles a la sociedad.

Y eso ocurre, también, con los fideicomisos que pretende desaparecer, ni todos contienen recursos dirigidos a los excesos de los funcionarios judiciales, ni todos son originados de los recursos de la federación.

Son los trabajadores, movilizados reactivamente ante la pretensión presidencial, los que han respondido exhaustivamente a los ataques de Palacio Nacional, «… por el grado de responsabilidad que significa resolver sobre la libertad de las personas, sus propiedades, sus bienes y sus familias (es) que requerimos un salario digno, el cual, contrario a lo que afirma el presidente no es un ingreso millonario ni un privilegio, sino que corresponde al grado de responsabilidad que se nos exige. Nuestros sueldos son públicos y nuestras prestaciones también. No ocultamos nada, ni son fruto de la corrupción, sino derechos adquiridos gracias al buen manejo del presupuesto del PJF… Los trabajadores también contribuimos para la integración de algunas de estas prestaciones con aportaciones propias, que se nos descuentan vía nómina, como es el seguro de retiro y el de gastos médicos mayores, una prestación que, por otra parte, también tienen los diputados federales… (esas prestaciones) son exclusivas de los trabajadores… La prestación para la compra de anteojos es para el personal operativo, no para jueces, magistrados y ministros, y solo cubre una parte del costo de los anteojos, … El apoyo para vestuario es también exclusivo para el personal de menos ingresos… ». (Ibídem).

Y abundan en el recuento pormenorizado de las prestaciones, que abarcan al personal de intendencia.

Además, como sería lógico en cualquier sociedad medianamente democrática, las reformas argüidas por el presidente, deberían ser producto del acuerdo, no exclusivamente de la confrontación, para evitar que, de aprobarse solo por la voluntad presidencial, deban enfrentar los litigios jurídicos, como seguramente ocurrirá en el presente caso y, como es de preverse, serán tachadas de violatorias de las normas constitucionales por la Suprema Corte de Justicia.

No, el verdadero fondo del asunto es el de que el discurso presidencial contra la Corte se explica por dos razones, a cual más de poderosas en el ánimo presidencial: Primero, el rechazo de la SCJN a las principales iniciativas presidenciales, tanto en la presidencia de la Corte con Arturo Zaldívar (aunque en ese período, sí pasaron las más importantes en las pretensiones presidenciales), como ahora con Norma Piña; y, segundo, que este tema será uno de los más importantes en la presente campaña electoral.

Será la «pareja perfecta» del señalamiento de López Obrador sobre la inmensa corrupción con la que gobernaron priistas y panistas. Al presidente le ha funcionado bien tal discurso, tanto en lo electoral, como en el de la calificación a su gestión; por ello insistirá, él y la «presunta» candidata del bloque gubernamental, Claudia Sheinbaum.

Y claro que tienen sustentos tales afirmaciones, el problema es que no fueron acompañadas del frontal, continuo y general combate a la corrupción en el presente gobierno, antes bien, al contrario. Los ejemplos sobran.

Otras razones argumentan los trabajadores del PJF: «La extinción de fideicomisos y recorte presupuestal, venganza política que afecta a más de 55 mil trabajadores y pone en riesgo el acceso a la justicia de los ciudadanos. El verdadero objetivo de los recortes es debilitar la autonomía e independencia judicial: trabajadores del Poder Judicial de la Federación», su aprobación, afirman, «implicaría la desaparición de 63% de los Juzgados de Distrito; 60% de los tribunales colegiados y 35% de la capacidad laboral del PJF». (Ibídem).

No soportó el presidente (y, además, en nuestra opinión, no le asistía la razón, que la Corte rechazara el «Plan B» de la reforma electoral; la invalidación del decreto presidencial de noviembre de 2021 en el que ordenaba a todas las dependencias del Ejecutivo «acelerar la emisión de permisos y autorizaciones para que la construcción de proyectos de infraestructura pudiera dar inicio de manera inmediata y sin dilaciones«, todo ello contenido en el decreto que calificaba como «de interés público y seguridad nacional las obras a cargo del Gobierno», es decir, los megaproyectos de la 4T que, por añadidura, pretendía blindarlas del escrutinio público y abrir la vía a la adjudicación directa de contratos.

Tampoco soportó que la SCJN invalidara el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; ni que se opusiera a la reelección de Zaldívar como presidente.

Ahora, pondrá en el centro de la discusión electoral que para enfrentar la corrupción del Poder Judicial, deberán elegirse por voto universal a los ministros de la Corte, «tal y como fue electo -dice- Benito Juárez».

¡Sorpresa!

Sin menoscabo del trascendental papel jugado por el Benemérito en la historia nacional, resulta que no fue elegido «magistrado» (así se llamaban los ministros entonces) por el voto «popular», sino que fue resultado de una elección indirecta, es decir, que ciudadanos, ellos sí elegidos popularmente, designaban a su vez a los ministros de la Corte. «Art. 92. Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su cargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral». (En Antecedentes históricos y constituciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., nota 8, pp. 437 y 438).

Ya desde aquellos años se discutía la conveniencia de que  los ministros fueran elegidos, pues los impulsores argumentaban que deberían ser elegidos «los representantes de las opiniones mayoritarias de la comunidad», ante lo cual, los opositores a tal reforma  argüían que «un magistrado no puede expresar ni seguir la voluntad mayoritaria sin prostituir la justicia». (Ibídem).

Más aún, Benito Juárez solo se desempeñó ¡dos días! Como Presidente de la Corte, pues se regresó al cargo de Secretario de Gobernación. 

«… Esta circunstancia resultó cuestionable en virtud de que Juárez había aceptado un segundo nombramiento, pues no existía motivo para desdeñar el cargo que le había dado una elección indirecta… la única posibilidad de separarse del encargo de Ministro en aquella época, era a través de la renuncia por causa grave y calificada por el Congreso. En consecuencia, Juárez ocupó de facto dos cargos públicos dentro de la administración federal: Ministro Presidente de la Suprema Corte (con licencia) y Secretario de Gobernación… (esto) puso en tela de juicio el ascenso de Juárez a la Presidencia, ya que contravenía el Decreto de 11 de septiembre de 1857, cuyo contenido se refería a que ninguna persona podría reunir el ejercicio de dos cargos o empleos en el servicio público». («Juárez: de Ministro de la Suprema Corte de Justicia a Presidente de la República», Reynaldo Amadeo Vázquez Ramírez, Revista Alegatos, núm. 91, México, septiembre/diciembre de 2015).

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Vaya que se debe leer la historia bien y no usarla sólo para medrar electoralmente.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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