Por lo menos tres cosas debía hacer el gobierno de Javier Corral en materia financiera -entre muchas otras, seguramente- pero que estaba obligado pues son de las que se encuentran en sus manos -sin que por ello no requiera de la aprobación de instancias federales y/o instituciones financieras y bancarias-, esto es, la reestructuración de la deuda directa, por un lado, aminorar el peso de la deuda del fideicomiso carretero y recuperar las concesiones y carreteras de la entidad.

La primera asciende a poco más de 20 mil millones de pesos (mmdp) y la segunda a alrededor de los 25 mmdp. La primera es imposible que ascienda, no puede pedir más créditos pues la deuda directa, avalada por sus ingresos propios, es igual a éstos y la regulación existente lo prohíbe, a menos que el Congreso de la Unión diera su aprobación para hacerlo. De ese tamaño son los candados generados por la orgía financiera, gastos excesivos e innecesarios, además de las enormes corruptelas de los gobernadores, integrantes de “la nueva generación de priistas”, que tanto elogiara Peña Nieto al inicio de sus respectivos mandatos.

De ahí que al discutirse si la reestructuración es una nueva deuda, que comprometerá las participaciones federales del estado, los detractores incurren en falsedades, las participaciones están comprometidas hasta el tope desde el sexenio anterior, en el que los críticos de hoy callaban ante lo que fue un verdadero atropello a las finanzas, entre ellos las que hoy integran la bancada del PRI en el Congreso del Estado, que eran, en esos momentos, o diputadas federales, dirigentes del PRI estatal, funcionarias del gobierno estatal o del municipal y que ante cada nuevo empréstito del gobierno de Duarte lo menos que hicieron fue callar.

Y si lo anterior era gravísimo, es peor el asunto de la creación de la empresa -FIBRA (Fideicomisos de Bienes Raíces) Estatal Chihuahua, S.A. de C. V.- a la que el gobierno de Duarte le entregó las concesiones carreteras y que contemplaba la posibilidad que las concesiones carreteras terminaran en manos privadas, y eso en lo referente a las carreteras federales, porque en las de propiedad estatal, efectivamente el riesgo estaba latente, perderlas.

“… Mediante una reforma, aprovechando la creación de un nuevo instrumento financiero, denominados FIBRA (Fideicomisos de Bienes Raíces) el fideicomiso carretero existente fue sustituido en la presente operación por la empresa estatal denominada Fibra Estatal Chihuahua, S. A. de C. V. que además de colocar bonos en el mercado de valores, también puede vender acciones -en este caso de las concesiones carreteras-, razón por la que estará sujeta a los vaivenes del mercado, es decir, que puede llegar el momento en que el gobierno estatal ya no tenga el control de la empresa”. (“La agonía de un régimen”, LJVF, Aserto 156, julio de 2016).

Ahora sabemos que el proceso no concluyó, Patricia Terrazas, Directora de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, informó que a partir de la elección de junio de 2016, la Comisión Nacional Bancaria detuvo el proceso de acreditación de FIBRA hasta en tanto no tuvieran la opinión del gobierno de Corral. (Entrevista en Aserto Radio, de GRD Multimedia, 27/VII/17).

A su vez, Arturo Fuentes, Secretario de Hacienda, “informó, que por haber entregado las cuotas carreteras a la empresa FIBRA (Fideicomisos de Bienes Raíces) Estatal Chihuahua, S.A. de C. V., el gobierno estatal dejó de registrar” 360 millones de pesos en el rubro de Ingresos Propios. (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 27/VI/17).

Además, sostienen que al no reportar como propios los ingresos del peaje carretero, disminuyen las participaciones federales que toman en cuenta los porcentajes de ingresos propios de las entidades para calcularlos a la alta, proporcionalmente.

Con estas informaciones, y las generadas el año anterior, se confirma la pretensión de la administración anterior de enajenar el principal activo del gobierno de Chihuahua.

No sólo eso, la entrega de las concesiones a FIBRA se hizo para “monetizar” el peaje carretero y obtener los 6 mmdp de la parte final del gobierno de Duarte, que fueron gastados hasta el último centavo.

Ahora sabemos que -supuestamente- una parte fue usada para pagar los favores de la aprobación de la monetización.

¿Qué nos hubiera ocurrido si el duartismo hubiese continuado en el estado, como ahora lo pretende hacer en el PRI?

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