La nota informativa es tajante, no deja margen a la duda: “La ola feminicida que se ha registrado en el estado en los últimos meses no se ha reportado ni se ha solicitado una alerta de género por parte del Estado, ni por ninguna organización de la sociedad civil, señaló la Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León”. (Nota de Salud Ochoa, El Diario/Chihuahua, 2/VI/17).

Pareciera que las tragedias no nos abandonan, el del feminicidio, que diera origen, desgraciadamente, a la tragedia conocida como “Las muertas de Juárez”, ha regresado, no con las características de lo ocurrido entre principios de la década de los 90’s y hasta mediados de los primeros 10 años del presente siglo, pero sí acentuadamente, tanto en el número de mujeres asesinadas, como en la violencia ejercida en contra de ellas, y no sólo en los casos que llegaron al extremo de cortarles la vida, sino que tal pareciera que el fenómeno de la violencia doméstica ha crecido.

En la entidad en la que mejor se organizó una parte de la sociedad civil -por la magnitud de la tragedia- para enfrentar fenómeno tan salvaje y que, fruto de ese desarrollo societario, se aprobaran modificaciones legales, impulsadas por las organizaciones de los familiares de las desaparecidas y los deudos de las asesinadas, y que dio pie a que muchas de las principales activistas derechohumanistas, o de las organizaciones feministas, se convirtieran en influyentes actores de la vida política y social de Chihuahua, es sorprendente que ante la presentación de una nueva oleada de feminicidios no hayan aparecido, de manera importante, las manifestaciones públicas de repudio, la presión por tipificar el feminicidio en la legislación local (sólo dos entidades en el país no lo han hecho, Chihuahua entre ellas) y la exigencia por la aplicación de la Alerta por violencia de género.

No se requiere mucha justificación ante el tamaño de lo que hoy vivimos, pues en el presente año se han triplicado los asesinatos de mujeres ya que se presentaron 35 en Juárez en el presente año: “De enero a mayo de este año se triplicaron los homicidios de mujeres (en Juárez) respecto al mismo período de 2016, y prácticamente 7 de cada 10 están sin resolver”. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario/Juárez, 2/VI/17).

En todo el estado, en el mismo período, han ocurrido 69 asesinatos. Los 35 de la frontera representan “un aumento del 437 por ciento comparado con los primeros cinco meses del 2016, en que ocurrieron ocho crímenes contra mujeres”. (Ibídem).

Interrogado al respecto, el alcalde Armando Cabada aseveró que la mayoría de los asesinatos de mujeres ocurridos durante su gobierno no podían catalogarse como feminicidios pues no obedecían a cuestiones de género. (Entrevista telefónica en Aserto Radio, Antena 102.5 FM, 30/V/17).

Declaración coincidente con la de la Fiscalía General del Estado (FGE), la que informó “sólo 12 homicidios dolosos son investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razones de Género, informó Silvia Nájera, quien precisó que son casos relacionados a violencia familiar”. (Ibídem).

Aún más, al paso de los años, aspectos que creíamos superados han regresado, incluso con mayor énfasis. Uno de ellos, el de la falta de atención a las denuncias presentadas por los familiares de mujeres desaparecidas, o el del desinterés hacia estas tragedias, como lo ilustra trágicamente el caso de Lucía Irene Muñiz Ortega, asesinada junto con su pareja sentimental, Jonathan Ricardo Valencia, a principios de febrero.

Sus familiares hicieron la denuncia correspondiente, buscaron por su cuenta y clamaron de las autoridades su auxilio.

Seis días después de la desaparición de ambos, fueron encontrados sus cuerpos, pero “la familia fue notificada del hallazgo del cuerpo hasta el 25 de marzo, más de un mes después”. (Ibídem).

Y la repetición de algo que crece con los años.

El ex agente ministerial, José Ángel Cuéllar González, detenido por atacar sexualmente a su ex pareja sentimental en febrero pasado, tenía en su poder la credencial de elector de Lucía, sin que la (FGE) haya dado a conocer “el nexo entre el ex policía y Lucía”, además de que fueron encontradas tres osamentas en su vivienda, ubicada en la colonia Los Aztecas, del antiguo Paso del Norte, además de los elevados índices de impunidad pues de los 35 crímenes contra mujeres, sólo en el 31.5% de los casos están detenidos los presuntos responsables.

A pesar de todo ello, Chihuahua no ha presentado la solicitud de implantar la alerta de violencia de género, como lo afirmara la Cuarta Visitadora General de la CNDH, Norma Inés Aguilar León, “… Puede presentarla alguna organización no gubernamental, elaborar su escrito y sustentarlo diciendo cuántos feminicidios son y en qué lugares se presentan… El feminicidio nos preocupa. La CNDH forma parte de los grupos de trabajo que se integran cuando se solicita una alerta de género. Es la oportunidad que tiene la comisión para manifestarse y cuestionar qué están haciendo los gobiernos de los estados al respecto, si se están estableciendo políticas públicas o no”. (Nota de Salud Ochoa, El Diario/Chihuahua, 2/VI/17).

Por todo lo anterior, al cuestionársele al gobernador Javier Corral acerca de estos crímenes y la aplicación de la “alerta de violencia de género contra las mujeres” afirmó que no estarían en contra de que se aplicara, lo que abre el interrogante acerca de cuáles serían las condiciones que esperan para empezar su aplicación; está claro que la situación lo requiere pues es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tal medida consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa).

No hay margen a la duda, de acuerdo con la ley, la violencia feminicida es una forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y/o privado y “está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

En la procuración de justicia, y más en este tipo de situaciones, la actuación oportuna de la autoridad es indispensable, precisamente por la dimensión de la tragedia, razón por la que no hay explicación razonable que justifique el hecho de no haber iniciado los procedimientos para enfrentar a la ola feminicida que nos asola.

Aplicar la alerta de violencia de género es un asunto impostergable, urgente, debe aplicarse, ya.

Más aún, el grupo gobernante dejó que transcurrieran dos períodos de sesiones legislativas -el primero fue en los últimos meses del año anterior- sin que presentaran la iniciativa de ley -y eventualmente la aprobaran- que tipificaría los feminicidios.

Sorprende que no lo hicieran. En contraste, las reformas a la estructura del Poder Judicial y de la Fiscalía General prácticamente las efectuaron por la vía fast track, incluso atropellando los trámites legislativos, a pesar de que en el gobierno de Corral participan algunas de las más destacadas activistas derechohumanistas de los últimos años.

Y este es uno de los asuntos en los que mayor responsabilidad tiene el actual grupo gobernante; no se trata, solamente, de procurar y aplicar la justicia en los feminicidios -aunque hacer eso es muy importante-, sino en sentar las bases que permitan cambiar el patrón cultural que origina la violencia doméstica, la intolerancia, el machismo… y los feminicidios.

No es poca cosa, se trata, además, de que las instituciones por ellos conducidas, con su práctica, permitan que la sociedad confíe en que acudir a las instancias gubernamentales es la ruta adecuada para dirimir las controversias y que éstas no se resuelvan por la vía de la violencia.

No se nos olvide nuestra cruel realidad: Del total de homicidios ocurridos entre 2008 y 2013, poco menos de la mitad no tenían conexión con el crimen organizado, es decir, que por esa vía, la violenta, los chihuahuenses finiquitaron -o intentaron hacerlo- sus problemas o diferencias.

Si el gobierno de Corral no incide en tal aspecto podremos afirmar, al término de su gestión, que habrá sido un fracaso pues ningún otro actor político, ascendido al poder, se había comprometido tanto, declarativamente, con la tragedia del Chihuahua de nuestros días.

Lo dijo bien la visitadora Aguilar: “Tenemos que trabajar para evitar la violencia familiar. Se tiene que hablar de masculinidades y entender que el hombre y la mujer no estamos en lucha y debemos trabajar y transitar por la vida juntos… debemos educar en la igualdad, dar capacitación y que los niños, desde pequeños, empiecen a ver a hombre y mujer como entes igualitarios”.

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