Chihuahua, Chih

- La transferencia de la GN trastocará sensiblemente diversos aspectos centrales de la vida pública
- La discusión no es si los militares coadyuvan, o no, en la seguridad pública; es si son los responsables
- Debe ser responsabilidad de las autoridades civiles
- Apretones presidenciales a los gobernadores
- La gobernadora chihuahuense, Maru Campos, se mantiene. No deben transferirse funciones a los militares
- AMLO quiere guardar vino nuevo en odres viejos
- El colmo, llama a la “paz mundial” mientras le da a su gobierno el giro más militarista de los gobiernos postrevolucionarios

Les pedimos disculpas a todos los lectores, debido a la insistencia en el tema abordado recurrentemente a lo largo de las últimas semanas, -la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)- y no reflexionar sobre temas importantísimos de la agenda local, como el del primer año de gobierno de Maru Campos.

A criterio del escribiente esa transferencia será el tema por el cual será recordada, preferentemente, la denominada 4T.

Es de la mayor importancia. Trascenderá más allá de la actual administración y, probablemente, por lo menos, las dos siguientes, independientemente del rumbo que se le dé a este agrupamiento y al papel otorgado a las fuerzas armadas.

Lo será, dicho sin ambages, porque llevará a niveles inimaginables la militarización del país y le otorgará a las fuerzas armadas un protagonismo cuyas consecuencias serán difícil de prever.

No son los únicos temas relacionados con ella, por supuesto que en primer lugar se ubica el de la inseguridad y la creciente violencia que hacen estragos en la sociedad mexicana, ante las cuales las estrategias instrumentadas por los gobiernos de la república, desde fines de la década de los 70 del siglo pasado, han fracasado rotundamente, y que el gobierno de López Obrador ha llevado al extremo de que sean las fuerzas armadas las responsables de la seguridad pública en el país, en una vuelta más a la militarización de la misma.

Ahora, de acuerdo con lo aprobado hasta hoy, el principal responsable, operativamente hablando, es el mismísimo Secretario de la Defensa Nacional.

Por supuesto que esta transferencia influirá decisivamente -lo está haciendo- en la elección presidencial del 2024; pero no solamente, toca también, y demarcará, los límites de las facultades de los gobernadores, y de algún modo, también, el de los alcaldes de los municipios más poblados del país, muchos de los cuales están inmersos en un creciente fortalecimiento de la delincuencia.

Y tiene que ver, obviamente, en la distribución de los recursos presupuestarios, lo que tiene como telón de fondo el de la urgente modificación a la distribución de ellos.

Paradójicamente, quienes hoy están en el gobierno actúan más como los gobernantes conservadores del siglo XIX mexicano, que sus antagonistas, los liberales.

Por ello las aportaciones federales a las partidas municipales y estatales destinadas a la seguridad pública han sufrido, sobre todo en el gobierno de López Obrador, una dramática disminución.

Las consecuencias son catastróficas, y lo serán más en el futuro -ya lo son- pues si no contamos con policías de esos niveles de gobierno capaces, equipadas y suficientes, no habrá fuerzas militares que puedan detener la actual oleada criminal… y la que sobrevendrá.

Más contradictorio resulta que el presidente López Obrador, después de haber prometido hacer, el 16 de septiembre, un discurso defensor de la soberanía nacional, emitió uno promotor de la paz mundial, justamente cuando se iniciaba, bajo su mando, el giro gubernamental más militarista de la época moderna.

A todo ha recurrido el presidente. Ahora a presionar a los gobernadores, ante lo cual, la mayoría se han allanado, en tanto que la chihuahuense, Maru Campos, quien sin desestimar el apoyo federal, planteó, así fuera tenuemente, su oposición a la transferencia de la GN: “… mientras haya miedo y esta situación de inseguridad que nos rebasa a todos, por supuesto que se necesita”, dijo.

Y es que, prácticamente en todas las entidades lideresas en la incidencia delictiva la presencia de las fuerzas militares es muy importante, y no solo eso, sino decisiva, a condición de que se mantenga la preeminencia de la conducción civil.

No hay peor ejemplo del cómo actúan los jefes militares que el escenificado por el jefe de la zona militar, el Gral. Jorge Juárez Loera -quien llegó a ocupar el 3o. lugar de la jerarquía militar- en los primeros días del Operativo Conjunto Chihuahua: En esos días, se efectuó una reunión con la presencia de empresarios, funcionarios del gobierno estatal -dirigido por Reyes Baeza-, funcionarios federales y jefes militares.

En su discurso, el Gral. Juárez se dirigió con estas palabras al gobernador Reyes Baeza: “Aquí traigo un mazo, señor gobernador, esa es la orden de cateo que usaremos”.

Todos guardaron silencio. 

El ejército mexicano debió retirarse de Juárez en medio del más profundo descrédito y del gigantesco fracaso ante la matazón del 2008-2011. 

Luego llegarían los contingentes de la policía federal. Con ellos las extorsiones y secuestros crecieron a niveles inimaginables.

Juárez se convirtió, con su presencia, y sin ellos, en la ciudad más violenta del planeta. Luego, la capital chihuahuense sería la segunda más insegura en el mundo.

La reforma de la transferencia de la GN es bastante explícita. 

A partir de la fecha, el Secretario de la Defensa Nacional asume el manejo del “activo del Ejército y la Fuerza Aérea”, y ejercerá “el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;…”.

Asimismo, establece que la GN “para materializar sus fines, debe… Intervenir en materia de seguridad pública en el ámbito local, en coadyuvancia de las autoridades competentes…”.

Además, tendrá como “niveles de mando” al secretario de la SEDENA y enseguida al titular de la Comandancia de la GN. Y si había dudas acerca del papel del jefe del ejército, a él le corresponde “Formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en lo aplicable a la Guardia Nacional, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional…”.

Al titular de la SEDENA le corresponde Ejercer el control operativo y administrativo de la GN…”. Aún más, le propondrá al presidente al Comandante de la misma.

La oposición aprobó la creación de la Guardia Nacional con la condición de que se mantuviera como un cuerpo de vigilancia de carácter civil.

De la debilidad de las fuerzas civiles habla el hecho de que en 24 entidades hay más soldados, marinos y guardias que policías. (Nota de Rafael López, Milenio, 14/09/22).

Una investigación de MILENIO revela “que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, han desdoblado en conjunto a 192 mil 831 militares a lo largo del país, mientras que en las 32 corporaciones estatales se desempeñan 193 mil 890 agentes.". (Ibídem).

En esas entidades se encuentran las 6 con los más altos índices delictivos, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Baja California, Guerrero y Chihuahua.

Asombran Jalisco y Sinaloa, estados en los que, en el primer caso, las fuerzas federales son el triple de las estatales. 

Peor está Sinaloa, gobernado por Morena, en el que casi sextuplican a los policías del estado!

En cambio, en Guanajuato, con gobierno panista, “catalogado como el estado más violento del país”, las fuerzas federales son una vez y media mayores a las locales.

Y Chihuahua, que ha ocupado, junto con Sinaloa y Baja California, los primeros lugares en homicidios a lo largo de los últimos 17 años, las fuerzas federales son tres veces mayores a las estatales, 6 mil 364 elementos federales frente a los 2 mil 121 agentes locales.

Peor está Baja California, entidad gobernada por Morena y en la que hay 7 militares por cada policía estatal!!

Si se cree que la violencia generada por el crimen organizado solo podrá ser detenida si se mantiene al Ejército en las calles por más años, se incurre en un gravísimo error debido a que la violencia en lugares cooptados por el crimen organizado no ha disminuido gracias a la mera presencia del Ejército.

Debe instrumentarse una estrategia adecuada de seguridad pública, que ponga el énfasis en que, para enfrentar a la delincuencia hace falta, sí, atacar las causas sociales, pero también, y más en el momento actual, a las bandas criminales y eso sólo se podrá lograr si se despliega una ofensiva en la que lo más importante sea el uso de las herramientas de la inteligencia policial, la detección y monitoreo de los grupos criminales y el ataque a sus líneas de suministros de todo tipo.

Como ocurre en el caso de Chihuahua, no basta con asignar crecientes recursos a la seguridad pública que, por otra parte, nunca serán suficientes, para tener éxito en el combate a la delincuencia.

De acuerdo con una investigación publicada de El Diario, el gasto en seguridad pública se elevó en “282%... pero no hay resultados. Pasó de mil 444 millones de pesos (en 2008) a 5 mil 518 millones (2020) en más de una década. Sin embargo dicho presupuesto no se ha reflejado en una disminución de los índices de violencia, que se mantienen al alza”. (Nota de David Piñón/Miguel Silva, El Diario, 22/12/19).

Son un fracaso, todos.

No ha habido, en todo el sexenio, frases que desnudaran tanto a la 4T en materia de seguridad pública, como las lanzadas por el diputado panista, Jorge Triana, quien les dijo a los morenistas que, “a lo mejor, no se hicieron las cosas tan mal en el pasado” pues “pusieron (el gobierno de AMLO) al secretario particular de Vicente Fox, como secretario de Seguridad y hoy es el gobernador de Sonora; al Secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox lo nombraron Fiscal General de la República; al jefe de la zona naval de Guerrero, cuando la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, es ahora Secretario de Marina; el delegado de la Policía Federal en el estado de Guerrero en esas mismas fechas, hoy es el Secretario de Seguridad Pública de la Cd Mx, bajo un gobierno de MORENA”, ambos en el gobierno de Peña Nieto. 

Más. Al “titular del Consejo de Seguridad Pública en ese mismo gobierno, lo hicieron Fiscal General de Campeche”.

“Al presidente del PAN, durante las elecciones presidenciales del 2006, y jefe de la logística de la presidencia de la República con Vicente Fox, lo hicieron Comisionado de Servicios de Protección Federal, su nombre es Manuel Espino”.

“Y la cereza en el pastel: A un jefe de sección militar durante los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto lo hicieron jefe de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio”.

El Ejército lleva dos sexenios en las calles y México sigue devastado por la violencia: 

120 mil muertos en el sexenio de Calderón; 156 mil durante la administración de Peña, hoy casi son 134 mil… En tanto que los chihuahuenses caídos en 15 años rebasan los 35 mil.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)