Chihuahua, Chih.

En medio de la incertidumbre generada por el increíble y desmesurado caos dejado por la administración de Javier Corral, especialmente en el tema de lo financiero, empiezan a aparecer otros aspectos del enorme extravío del ex gobernante que, como inevitables facturas, deberán cobrarse pues son la evidencia de los conflictos y rezagos sociales que al paso del último quinquenio se fueron acumulando.

Aparecerán conforme pasen los días. Uno de ellos, que para la mayoría de los chihuahuenses pudiera no representar mayor problema, es el del pago de las casetas de peaje, al que están obligados a pagar todos los usuarios de las carreteras ubicadas en ese esquema, pero que se ha convertido en una inmenso lastre para los habitantes de las poblaciones aledañas a ellas, que deben viajar frecuentemente, o a diario, entre Delicias, Saucillo y Camargo, por un lado; o para quienes viven a un lado -literalmente- de la caseta “Sacramento”, ubicada en las cercanías de la capital del estado, muchos de los cuales deben viajar diariamente a Chihuahua.

El gobierno del “aldeano”, ante las protestas de los afectados, que exigieron de distintas maneras y en varios momentos de la administración, ser exentados de ese pago, los trató, en la mayoría de los casos, como buscadores de privilegios, y en otros, represivamente, especialmente a  quienes participaron activamente en las protestas en las casetas de Camargo y Sacramento.

La justificación para actuar de ese modo fue la de que el gobierno del estado y “la sociedad chihuahuense en conjunto” (así lo dijeron distintos funcionarios corralista, en muchos momentos) perdían cantidades millonarias, que formaban parte de los recursos que el gobierno estatal estaba obligado a aportar a los tenedores de los bonos carreteros, sin parar mientes en el disminuido número de los usuarios que podrían acceder a esa canonjía -en virtud del número total de los usuarios de las carreteras- y del gran beneficio a generar para algunos cientos o miles de familias de ambas regiones.

Tal asunto fue abordado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, y apoyado por el diputado del PAN, Luis Aguilar, aunque éste intentó atenuar el impacto y propuso se estableciera una tasa preferencial, en el cobro de la caseta de peaje ubicada en Camargo.

Este será uno de los problemas sociales a los que deberá abordar el gobierno de Maru Campos y establecer, en lo inmediato, una diferencia con el de su antecesor.

Ciertamente las finanzas estatales no se encuentran en el mejor momento como para disminuir los ingresos en alguno de los conceptos, pero en el caso concreto y con las tarifas vigentes (que, con toda seguridad, serán aumentadas para el próximo año) es de la más completa justicia no recargar en las ya muy endebles economías familiares cobros a todas luces injustos y que en el regreso a la “normalidad” económica, existente antes de la pandemia (sin por ello asentar que ha desaparecido ésta) requieren apoyos de todos tipos.

Ya no tener que pagar las casetas -para quienes pueden demostrar el uso cotidiano de ellas- será invaluable y los ingresos por el peaje, generados por el crecimiento económico del próximo podrá resarcir con creces la disminución que representaría la exención total o parcial para los mencionados usuarios.

Pero el asunto no fue aprobado como tal, “Al final, como Luis Aguilar solicitó una valoración desde la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública y Morena solicitó la misma medida en todas las demás casetas del estado, se acordó no votar el asunto, regresarlo a comisiones y dejarlo pendiente para una próxima sesión”. (Nota de la redacción, El Diario, 29/IX/21).

Lo paradójico del caso es que, tanto en las movilizaciones de los habitantes de Camargo y Saucillo, por un lado, y por otro, en las de Sacramento, participaron activamente varios destacados militantes del PAN y de Morena (incluso a uno de éstos últimos, en Sacramento, ilegalmente, la Fiscalía del Estado le decomisó un tractor que hasta la fecha no le devuelven) y los legisladores morenista ¡No iniciaron la propuesta, se sumaron a la hecha por los diputados mencionados!

¡Ah, pero eso sí, pusieron una leyenda en cada uno de sus lugares un cartelito en el que asentaron que “Faltan 43”, en alusión a los jóvenes  de Ayotzinapa desaparecidos, en protesta silenciosa -justa, por todo lo demás- a la falta de resultados!

Pero resulta que quien los deben dar ¡es el gobierno de Morena, encabezado por su compañero, el fundador del partido, López Obrador!

¿Les ganarán la agenda social?

Y créannos, hay bastante trabajo en ese sentido, hay muchas facturas pendientes.

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