Chihuahua, Chih.

La conclusión de la caravana dirigida por el gobernador Javier Corral fue la firma de un acuerdo mediante el cual, entre otras cosas, el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el mandatario chihuahuense decidieron trasladar de un penal estatal a uno federal al exsenador coahuilense Alejandro Gutiérrez, detenido por la Fiscalía General del Estado, acusado de haber cometido varios delitos del orden común, y del orden federal, según la PGR.

Pero ese acuerdo es uno más de los episodios en los que la división de poderes desaparece bajo el peso y fuerza de los titulares del Poder Ejecutivo.

Según el marco jurídico existente, Gutiérrez estaba bajo la jurisdicción del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, es decir, del juez de control que había ordenado su vinculación a proceso, por lo que ningún funcionario, incluido el presidente de la república, podía ordenar traslado alguno.

Sin embargo, este es solamente un caso de menor importancia frente a lo que pudiera constituirse como el mayor fracaso del gobierno de Javier Corral: La liberación del ex gobernador César Duarte o, peor aún, la negativa de los tribunales norteamericanos a la extradición solicitada, inicialmente por el gobierno de Chihuahua, y tramitada ante el gobierno de los EU por la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tal eventualidad se puede dar, no porque Duarte sea inocente de los cargos imputados por la FGE, sino por las increíbles violaciones al debido proceso del acusado, cometidas por los gobernantes chihuahuenses, el mandatario Corral en primer lugar, puntualmente denunciadas por los defensores del ex gobernador, y que se aprecia están documentando para, cuando llegue el caso, presentarlas diligentemente ante los jueces que dictaminarán sobre la procedencia de la extradición, en primer lugar, y luego, si fuese aprobada, en los tribunales estatales para terminar, seguramente, en los federales.

Pero los obstáculos para la extradición los ha puesto, paradójicamente, el gobierno del amanecer. Su conducta viola varios derechos que los acusados tienen, incluido el ex gobernador.

Deberá aclararse, porque hay una extendida creencia en nuestra localidad a que basta con que una persona sea acusada para, de inmediato, declararla culpable de los delitos por los que se le acusa, dejando de lado que tales acusaciones deberán comprobarse y que todos los acusados tienen derecho a varias cosas, entre ellas, en primer lugar, a la presunción de la inocencia, es decir, que todos somos inocentes de los delitos imputados, mientras no se demuestre lo contrario y que eso deberá ser el resultado de un juicio en el que ambas partes -acusadora y acusada- tienen, por igual, derecho a la presentación de las necesarias pruebas que confirmen una ú otra cosa.

Bueno, pues a todo eso tiene derecho el ex gobernante.

Más aún, para evitar que Duarte pudiera escabullirse de las acusaciones en su contra, la autoridad estatal tendría que ser extraordinariamente escrupulosa en el respeto a los derechos del acusado, para evitar que por violaciones a esos derechos los jueces federales, o los magistrados federales pudieran dictaminar que, al ser objeto de una persecución del gobierno estatal, se le vulneraron sus derechos, o que, fruto del protagonismo del gobernador, la defensa del ballezano pudiera argüir que los jueces locales no pudieron dictaminar imparcialmente acerca de la inocencia o culpabilidad del ex mandatario, debido a la presión ejercida por el gobierno de Chihuahua.

Y razones no les faltarán. Desde el mismísimo anuncio de la caravana, por ejemplo, el grupo gobernante otorgó invaluables argumentos a la defensa del ballezano, al ordenar y financiar los espectaculares en los que se mostraba la imagen de Duarte y se exigía la extradición, pues, en esos anuncios, ya se le reputaba como culpable de los cargos levantados por el gobierno de Corral.

Error.

El abogado penalista, Héctor Villasana, declaró que los espectaculares colocados por gobierno del estado, evidenciando al ex gobernador César Duarte Jáquez, pusieron en riesgo el debido proceso penal.

Villasana sostuvo que con la publicación de esos espectaculares se está violando el principio de presunción de inocencia, lo que en su momento, podría llegar a anular evidencias presentadas. “Esa estrategia pone en riesgo el proceso penal, porque se está haciendo un juicio previo de una persona, y pone en riesgo que no haya un juicio óptimo, independiente, imparcial, lo que puede incluso traer una posible sentencia absolutoria por estar contaminado el juicio y violadas las garantías de presunción de inocencia y legalidad del procesado”.

En los espectaculares estaba incluida la frase: “exigimos al gobierno de Peña Nieto la extradición inmediata de César Duarte”, que venía acompañada por el hashtag #justiciaparaChihuahua, así como una fotografía del ex gobernador con la palabra: prófugo, lo que viola distintos ordenamientos jurídicos, entre ellos los que prohíben la difusión de las imágenes de los acusados.

Claro, los apologistas acríticos de la actual administración buscarán, a como dé lugar explicaciones, argumentos, acusaciones a quienes, como el escribiente, intentamos ubicar en su justa dimensión los acontecimientos.

No es lo mismo el candidato Javier Corral al gobernador del mismo nombre.

Hay una diferencia sustancial, enorme.

El primero era, solamente, un aspirante al gobierno de Chihuahua y los límites para sus expresiones eran, sí, los del marco legal, pero nada más; podía usar libremente la expresión del “vulgar ladrón” -por supuesto que podía enfrentar cargos por ello; Duarte no los presentó-, pero el gobernador Corral no podía, no puede, pues es el jefe del ministerio público y tiene bajo su mando a las fuerzas policiales, además de una indudable influencia sobre el total de las instituciones en el estado.

Tales razones podían llevar -y así lo ha hecho la defensa de Duarte- a argumentar que se ha ejercido una persecución política en su contra, armada por el gobierno de Chihuahua y ser usada como el elemento central para oponerse a la extradición y obtener de los jueces norteamericanos tal prebenda, en virtud de la falta de imparcialidad -a juicio de los defensores del ex mandatario- de quienes podrían enjuiciar al ballezano.

El ministerio público está obligado, por ley, a guardar secrecía sobre los asuntos judiciales. Tal premisa priva, incuestionablemente, para el titular del Poder Ejecutivo, no puede hablar sobre el asunto, porque, además, le está prohibido acceder a los expedientes pues, se supone, éstos están en manos de los jueces.

Pero sobre el caso César Duarte, un día sí, y otro también, el gobernador Corral ofrece conferencias de prensa en las que informa de cosas que debieran estar reservadas a la Fiscalía, a la defensa de Duarte y a los jueces de las causas, como, por ejemplo, recientemente, sobre la supuesta propiedad de otros ranchos del ballezano, ante lo cual ha recibido puntual respuesta de la defensa del ex gobernador, además de permitirle argüir que se ha violentado el debido proceso por el gobernador Corral.

¿Saben de tales limitaciones los integrantes del actual grupo gobernante?

Obviamente, sí. Eso se presume, pero dan ejemplos, cotidianamente, de ignorancia en tales rubros, o, peor, de una increíble soberbia, para asumir que tales aspectos -los del cuidado en no violentar derechos del acusado- no serán tomados en cuenta por los juzgadores.

Miren, si no, el caso de los espectaculares que dieron inicio a la “Caravana por la Dignidad”.

Ordenaron el diseño y su instalación, y cuando sobrevinieron las críticas y las alertas acerca de la ilegalidad cometida, anunciaron que habría más, para, sigilosamente, ordenar se quitaran.

¿Pues que no había alguien, en el gabinete con los suficientes conocimientos jurídicos para percatarse del riesgo en que pondrían la extradición de Duarte?

¿O, sabiendo tales restricciones, no había alguien que le pusiese límites y/o restricciones a los afanes propagandísticos de quienes pretendían usar políticamente tal tema, incluidas las tentaciones electorales?

Y eso que en el primer círculo del grupo gobernante, con un gran poder, participan -participaban- un ex miembro del Consejo de la Judicatura Federal -César Jáuregui Robles, ex integrante, además, del Comité Nacional del PAN, títulos que permiten inferir un conocimiento profundo y extenso del marco legal vigente- y un expresidente de la dirigencia nacional panista, Gustavo Madero, Coordinador del gabinete de Corral que, por las mismas razones, estaba obligado a contar con un mayor conocimiento de los alcances legales de sus acciones y que a estas alturas debieran ser peritos en materia de extradiciones, dado que ese era el principal objetivo del actual gobierno.

Hoy están a punto de echar por la borda su principal objetivo político.

Luego no digan que se los dijimos a tiempo.

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