Chihuahua, Chih.

Estamos frente a lo que pudiera constituirse como el mayor fracaso del gobierno de Javier Corral: La liberación del ex gobernador César Duarte o, peor aún, la negativa de los tribunales norteamericanos a la extradición.

Tal eventualidad se puede dar, no porque Duarte sea inocente o culpable de los cargos imputados por la FGE, sino por las increíbles violaciones al debido proceso del acusado, cometidas por los gobernantes chihuahuenses, el mandatario Corral en primer lugar, puntualmente denunciadas por los defensores del ex gobernador que las presentarán ante los jueces.

Los obstáculos para la extradición los ha puesto, paradójicamente, el gobierno del amanecer. Su conducta viola varios derechos que los acusados tienen, incluido el ex gobernador, y que podrían ser el motivo para que los jueces de Estados Unidos, o los jueces mexicanos, le otorguen, en cualquiera de las modalidades, la liberación por la violación a esos derechos.

Deberá aclararse, porque hay una extendida creencia consistente en que basta con que una persona sea acusada para, de inmediato, declararla culpable de los delitos por los que se le acusa; olvidan que tales acusaciones deberán comprobarse; que todos los acusados tienen derecho a varias cosas, entre ellas, a sostener que todos somos inocentes de los delitos imputados, mientras no se demuestre lo contrario.

Más aún, para evitar que Duarte pudiera escabullirse de las acusaciones en su contra, la autoridad estatal tendría que ser extraordinariamente escrupulosa en el respeto a los derechos del acusado.

Desde el mismísimo anuncio de la caravana, por ejemplo, el grupo gobernante otorgó invaluables argumentos a la defensa del ballezano, al ordenar y financiar los espectaculares en los que se mostraba la imagen de Duarte y se exigía la extradición, pues, en esos anuncios, ya se le reputaba como culpable de los cargos levantados por el gobierno de Corral con lo que se estaba violando el principio de presunción de inocencia.

En opinión del abogado penalista, Héctor Villasana, “Esa estrategia pone en riesgo el proceso penal, porque se está haciendo un juicio previo de una persona, y pone en riesgo que no haya un juicio óptimo, independiente, imparcial, lo que puede incluso traer una posible sentencia absolutoria por estar contaminado el juicio y violadas las garantías de presunción de inocencia y legalidad del procesado”.

En los espectaculares estaba incluida la frase: “exigimos al gobierno de Peña Nieto la extradición inmediata de César Duarte”, que venía acompañada por el hashtag #justiciaparaChihuahua, así como una fotografía del ex gobernador con la palabra: prófugo, lo que viola distintos ordenamientos jurídicos.

Tales razones podían llevar -y así lo ha hecho la defensa de Duarte- a argumentar que se ha ejercido una persecución política en su contra, armada por el gobierno de Chihuahua y ser usada como el elemento central para oponerse a la extradición y obtener de los jueces norteamericanos tal prebenda, en virtud de la falta de imparcialidad -a juicio de los defensores del ex mandatario- de quienes podrían enjuiciarlo.

Sobre el caso César Duarte, un día sí, y otro también, el gobernador Corral ofrece conferencias de prensa en las que informa de cosas que debieran estar reservadas a la Fiscalía, a la defensa de Duarte y a los jueces de las causas.

¿Saben de tales limitaciones jurídica los integrantes del actual grupo gobernante?

Obviamente, sí. Eso se presume, pero dan ejemplos, cotidianamente, de ignorancia en tales rubros, o, peor, de una increíble soberbia, para asumir que tales aspectos -los del cuidado en no violentar derechos del acusado- no serán tomados en cuenta por los juzgadores.

¿Pues que no había alguien, en el gabinete, con los suficientes conocimientos jurídicos para percatarse del riesgo en que pondrían la extradición de Duarte?

Hoy están a punto de echar por la borda su principal objetivo político.

Luego no digan que no se los dijimos a tiempo.