Jamás había llegado al poder en Chihuahua -en la época moderna- un grupo político con tantas esperanzas tras de sí. Ni siquiera Francisco Barrio despertó esas expectativas populares, se percibía que era posible su ascenso al poder, pero no se esperaba que llegara a cumplir tantos reclamos de la sociedad.

Al de Corral sí, tanto porque éste despertó de tal manera el entusiasmo popular, en relación directa con el elevado encono ciudadano en contra de César Duarte.

Nunca, ningún gobernante chihuahuense había despertado tales niveles de ira popular.

Entre otros problemas, este es uno de los del grupo encabezado por Javier Corral. Sembró tanta esperanza en encarcelar al “vulgar ladrón” que en el imaginario popular se creyó que podría ejercer un gobierno que combatiera, no solo la corrupción, sino también el doble lenguaje, la hipocresía, las sordas y ciegas luchas por el poder, el respeto irrestricto al marco legal y, sobre todo, que guardara en su actuación un estricto apego a la ética de un nuevo grupo en el poder en Chihuahua, que fuera capaz de hacerle olvidar a los chihuahuenses, no sólo el pasado inmediato, sino también el remoto.

La oportunidad es de oro.

Además, enfrentar en desventaja la creciente inseguridad, era un enorme reto; en desventaja por la indudable inexperiencia de los nuevos gobernantes, por el hecho de mantener en buena medida la estructura de los mandos del gobierno duartista y por la sorda lucha sostenida por los cárteles de la droga en Chihuahua, ecos de la degradación que en esta materia sufre el país entero, agravada por la posición geográfica de la entidad, lo que la hace aún más vulnerable, amén de los innumerables y costosos errores cometidos al inicio del gobierno en esta materia, y el diferendo sostenido con el alcalde juarense Armando Cabada acerca de los nombramientos efectuados por éste en la Secretaría de Seguridad Pública, recaídos en dos de los más renombrados mandos en el sexenio de César Duarte.

Si a lo anterior se le suma la debacle financiera que recibieron los integrantes del gobierno del nuevo amanecer, tendremos a una de las administraciones estatales que peor entorno tuvieron en su inicio.

Esto desató una crisis política sin precedentes inmediatos. Casi cualquier acto de gobierno, de los importantes, acertado o no, justificado o no, originó sendas discusiones entre los chihuahuenses que en momentos han polarizado las opiniones, entre quienes apoyan acríticamente al nuevo gobierno y quienes, ya sea por sus filias políticas previas, o por su ánimo crítico, no identificados con partido alguno, pero que sufragaron por Corral, están más prestos a rechazar las acciones gubernamentales.

Todo lo anterior podría englobar los que serían los rasgos centrales del gobierno de Javier Corral: La pretensión de llevar a la cárcel a César Duarte y sus colaboradores; la crítica a los medios; la defenestración de los titulares del Poder Judicial y del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los diferendos con la mayoría parlamentaria, entre ellos el nombramiento del Auditor; el agravamiento de la crisis de la seguridad pública y la crisis financiera del gobierno estatal, cuyos rasgos centrales son el déficit presupuestario y la enorme deuda pública.



Los molinos de viento de Corral

Empeñado en combatir el desmedido gasto en publicidad ejercido por el gobierno de Duarte, Javier Corral emprendió una fortísima ofensiva en contra de todos los medios, sin hacer distinciones entre ellos.

Parte central de su discurso fue el de que no firmaría convenios de publicidad con los medios. Hoy los concreta, casi del mismo modo que sus antecesores.

En el gasto desmedido tenía razón, no en la contratación de servicios mediante el establecimiento de contratos o convenios con los medios pues finalmente debe ceñir, legalmente, sus compras a contrataciones precisas; tampoco en sostener que los medios de comunicación habían tenido la misma conducta, sin independencia, a pesar de que unos cuantos mantuvieron, a pesar de todo, una línea editorial profesional, Aserto entre ellos.

La nueva administración debió enfrentar una potente reacción de la absoluta mayoría de los medios, alimentada, además, por los increíbles yerros de los gobernantes, que los hizo aparecer, a las pocas semanas de la toma de posesión, como incongruentes e inexpertos, aspecto que fortaleció la idea de que no cumpliría su promesa de encarcelar a César Duarte, cosa que amainó ante la expedición de la orden de aprehensión, emitida un día después del salvaje y preocupante asesinato de la periodista Miroslava Breach, en un hecho que cimbró a todo Chihuahua.

Corral pensó que podría enfrentar la ofensiva mediática, que bastaría la difusión de la obra gubernamental en las redes sociales para cumplir con esa parte y que no afectaría la imagen de su gobierno la política editorial de quienes asumió como sus adversarios.

Craso error.

Duró muy poco la credibilidad de su mensaje en este tema, la discrecionalidad es parte esencial de la política de comunicación del gobierno del “nuevo amanecer”; contrata como antes, para favorecer a los propios, o a los cercanos, sin parámetro alguno, a quienes hace beneficiarios de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, como ocurrió con los contratos otorgados a la familia Riggs, que se referían a materiales de publicidad, otorgados sin respetar lo establecido en la ley de adquisiciones, sin la licitación requerida, obligados por los montos, lo que ocurrió del mismo modo con los servicios prestados por el empresario José Luis Muñoz, así como la contratación de una empresa intermediaria para la compra de spots y anuncios en lo general en los tres primeros meses de gobierno, efectuada con la más absoluta discrecionalidad.

El trato otorgado a dos empresas televisivas -Unidad Corporativa de Televisión (concesionaria del Canal 28) y Televisa- es ejemplar en ese sentido. En el caso de la primera no se ha hecho pública la materia de contratación, y ahora, a diferencia del pasado sexenio, ha desaparecido de sus programas el enfoque crítico al accionar gubernamental; y en el caso de la segunda, el contrato no establece con precisión el servicio prestado por la televisora al gobierno; en ningún caso establecen el número, duración y frecuencia de los anuncios contratados, único rubro que pueden contratar de acuerdo con la ley.

Y como antes se hacía, si no se precisa tal, entonces lo que se compra, se deduce, es la cobertura informativa -sin críticas, sin el trabajo periodístico que pueda catalogarse como información total, creíble sobre un asunto- o, peor, la línea editorial.

La discrecionalidad en todo lo alto.

Aspecto aparte es el de la edición del semanario Cambio 16, para cuya elaboración fueron contratados varios de los periodistas más destacados de Juárez y Chihuahua. Se trata de un periódico oficial de la Coordinación de Comunicación Social, es, por tanto, la versión oficial del gobierno de Chihuahua y así deberá tomarse. Por tanto, sus contenidos debieran reflejar las informaciones que pretenden difundir en la población, con el problema que sus contenidos no reflejan lo realmente acontecido, ni los aspectos críticos del accionar gubernamental.

Sus artículos editoriales, se deduce, son las reflexiones que los gobernantes efectúan sobre la problemática chihuahuense.

No se puede intentar en un órgano informativo oficial simular que se publican reflexiones diversas cuando en realidad son las de integrantes del equipo gobernante.



Primeros días, los conflictos arreciaron

En medio de esa expectación, Javier Corral inició su gobierno con la primera minicrisis de su equipo de trabajo al designar a Roberto Benavides como jefe de la policía estatal, hecho que concitó el rechazo de Antonio Pinedo, designado Coordinador de Comunicación Social, quien amenazó con renunciar si Benavides asumía tal puesto ya que éste lo había detenido, años atrás, en respuesta a una nota publicada por Pinedo en la que señalaba sus vínculos con el crimen organizado.

Pinedo no renunció y Benavides fue cambiado de puesto.

Aún no se apagaban los ecos de ese diferendo y todavía no se asimilaba el mensaje de toma de posesión de Corral cuando la primera descalificación a su desempeño -seguramente de manera involuntaria- provino de su Secretario de Educación, Pablo Cuarón, quien desestimó las promesas del gobernador de desaparecer los pagos de inscripción en las escuelas de nivel superior.

Esas son propuestas que nacen del corazón, dijo, en lo que es hasta el momento la frase más recordada del quinquenio y que le restó la atención que debió recibir el discurso inaugural.

Sólo unos cuantos días después, el gobernador Corral, en entrevista exclusiva al Canal 28, anunció que se mantendrían las fotomultas y expuso los argumentos en favor de tal medida. Fue la misma argumentación del ex gobernador Duarte.

Las críticas, sobre todo en las redes sociales, fueron severísimas; el rechazo fue generalizado y el desencanto, mayor. A este contribuyeron, a pesar de la larga descripción de los hallazgos en las dependencias de las anomalías y presuntas corruptelas del gobierno anterior, la noticia de los aumentos en los cobros por el uso y posesión de vehículos, incluido un nuevo cobro, el de las tarjetas de circulación.

Nada contrarrestaba la desilusión ciudadana, ni los anuncios de la falta de apoyo del gobierno federal, ni la defenestración del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Sepúlveda, aceptada acríticamente por la casi totalidad de los organismos colegiados de abogados, medida que se antojaba necesaria hacer, pero bajo el irrestricto respeto al marco jurídico pues de lo contrario podría encontrar objeciones legales, incluida una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No hay motivo a equivocación, fue una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial, sólo que ahora no mereció las descalificaciones de los sectores “democráticos” de Chihuahua.

Se les advirtió en su momento, esa puede ser la puerta de entrada a otras intromisiones.

A la par, Corral lanzaba una extrema crítica al nombramiento de Jorge González como nuevo Secretario de Seguridad Pública de Juárez. El enfriamiento con el alcalde independiente, Armando Cabada, fue en automático, justamente cuando la nueva oleada homicida arreciaba. No había coordinación alguna en el combate al crimen en tanto las cifras de ejecuciones iban en aumento.

Vendrían las manifestaciones en contra del gasolinazo y la inexplicable ausencia del gobernante que había galvanizado el rechazo a Duarte, incluidas sus participaciones en varias de las más emblemáticas manifestaciones. No solo criticó a los manifestantes, sino que dio la orden de desalojarlos, cosa que fue criticada pero y a cuya ejecución no se opusieron los contingentes movilizados, en previsión a actos represivos. Solo en Camargo, en donde los principales líderes fueron de los más connotados impulsores de su candidatura en aquella población, se opusieron acremente al gobernante.

Corral perdió una inmejorable oportunidad para estar al lado de los chihuahuenses en una protesta que recibió el beneplácito de la mayoría de la sociedad. No bastó efectuar una histórica reunión con la participación de representantes de distintos sectores de los chihuahuenses, antes de la reunión de la Conago, de la que, finalmente, no hubo resultados tangibles, el gasolinazo fue impuesto sin mayores protestas finales.

Pero el daño a la credibilidad del mandatario de Chihuahua estaba hecho, crecía la desilusión. Vinieron entonces una serie de acontecimientos, que oscilaron entre lo trágico y las presuntas conductas frívolas del gobernador Corral, que le merecieron hasta la acusación de una ex asesora de la diputada Maribel Hernández, de amenazas, demanda que sigue su curso.

Luego, el lamentable episodio de la ilegal defenestración del Presidente del Ichitaip, Rodolfo Leyva, quien acusó al gobernador de pretender imponer a Ricardo Gándara, esposo de la Secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos, en la Secretaría Técnica del organismo; los enfrentamientos de las huestes de los jefes criminales en los alrededores de Cuauhtémoc, sin respuesta de los organismos estatales de seguridad pública y, finalmente, el asesinato de Miroslava Breach, cuya autoría se achaca al crimen organizado.

Una designación llamó poderosamente la atención y dio confianza, entre quienes conocen su trabajo: El nombramiento de Maclovio Murillo como Consejero Jurídico del gobierno estatal.

Dió confianza en que habría un trabajo escrupuloso en la elaboración de las denuncias en contra de los funcionarios del sexenio anterior, en particular del ex gobernador César Duarte y su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera, acusados de la comisión de varios delitos.

Sobrevendrían las detenciones de los ex funcionarios del gobierno estatal, Javier Garfio, Ricardo Yáñez y Gerardo Villegas, así como la orden de aprehensión en contra de Duarte, aderezados por la más de medio centenar de amparos solicitados por quienes ocuparon cargos en aquella administración, entre ellos algunos empresarios que sospecharon que podían ser demandados por el nuevo gobierno.



La deuda pública

Inmerso en una profunda crisis financiera, el gobierno de Javier Corral contrató mil 800 millones de pesos (mdp), de un crédito de corto plazo en la parte final del 2016 y logró la aprobación del Congreso de una nueva bursatilización por 3 mil mdp, para solventar los gastos del presupuesto del 2017.

Antes, en la parte final del gobierno de Duarte, Corral dio su aval al gasto de la última bursatilización obtenida por ese gobierno, por un monto de 6 mil millones de pesos. El ahora secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, “aseguró que así lo acordaron de manera conjunta ambos gobiernos, el que entonces estaba en funciones y el electo, porque era la mejor alternativa ante las condiciones financieras del estado”. (Nota de Gabriela Minjáres, El Diario, 3/XII/16).

Se usaron para pagar un crédito de 3 mil mdp contratado en noviembre de 2015 y los 2 mil 600 para el pago de proveedores de inversión pública realizada en la pasada administración estatal.

Eco de los tiempos cambiantes, Peña Nieto le entregó al gobierno de Corral solamente 420 mdp, como apoyo directo para que solventara los gastos del fin de año. Seis años atrás, Duarte había recibido 3 mil millones de pesos por el mismo concepto, pero entonces la deuda era de 12 mil mdp. Corral asumió en medio de una deuda -la bancaria y la de los fideicomisos- de poco más de 50 mil mdp ¡Cuatro veces mayor!

Hoy, sumando la deuda con proveedores, la deuda puede rebasar los 62 mil mdp.

De ahí la pertinencia de la pregunta ¿Es aceptable que el gobierno de Corral, legítimamente elegido, acuda a la contratación de más deuda, ya sea la bancaria de corto plazo, o la de los financiamientos derivados de la bursatilización, o de la monetización de los remanentes de los peajes carreteros?

¿Hay otras opciones, además de la de recurrir al gobierno federal, el que no ha tratado a Chihuahua con la benevolencia que le ha prodigado a otras entidades, entre ellas Guerrero, antes de las últimas elecciones locales, y que, ante una catástrofe económica, derivada de la crisis de inseguridad, no trató a nuestra entidad como la entidad urgida de un auxilio mayor.

El problema de fondo, el del déficit presupuestal, insiste Corral, que lo resolverán merced a los enormes ahorros que podrán realizar en los gastos de prácticamente toda la administración estatal y no solamente en el gasto corriente de la administración estatal.

Una medida de esa magnitud y característica deberá ser compartida por la sociedad chihuahuense; es de primerísima prioridad conocer la magnitud de los negocios realizados al amparo de la administración estatal.

Abarcan toda la actividad del gobierno de Chihuahua, hasta en los montos del gasto de alimentación de los reos del estado en los que los sobreprecios, de los contratados por la anterior administración, rebasan el 50% por día, por preso de los penales de Chihuahua, de los que ha convenido el gobierno de Corral.

Si el total de los insumos y servicios requeridos por el gobierno fueron adquiridos con sobreprecios -incluidos los famosos “moches”-, entonces la razón le asistiría al nuevo mandatario y tendría explicación el hecho de que la propuesta de presupuesto para este año contenga un déficit del orden de los 3 mil mdp -un gasto de 61 mil 955 millones de pesos y un ingreso de 58 mil 356 millones-, con una disminución del 5.9% respecto del ejercicio anterior, pero que en la realidad debe rondar entre el 9 y el 10%, por el índice inflacionario, respecto del aprobado para este año, lo que sería uno de los recortes presupuestarios más importantes que tengamos memoria y que, de no ahorrarse los recursos a los que Corral alude una y otra vez, podrían convertirse en una auténtica catástrofe financiera para el gobierno de Chihuahua, con las obvias repercusiones para el total de la economía estatal, además de las dolorosas consecuencias para un buen número de chihuahuenses.



Seguridad pública

Pocas cosas pueden agregarse a lo que ahora sufre la entidad en esta materia. La mayoría de los sectores informados y de las informaciones nos podrían llevar a la conclusión que estamos en medio de una crisis de mando.

De los 12 estados en los que se tuvo elecciones electorales durante el 2016, Chihuahua ocupa el segundo lugar en crecimiento del porcentaje de los homicidios, sin embargo en cantidad se coloca en el primer lugar.

De octubre del 2016 a enero de 2017, se registraron un total de 494 homicidios dolosos, frente a los 269 del mismo lapso del año anterior, lo que representa un crecimiento del 83%.

Y justamente cuando eso ocurre, a raíz de los distintos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la región de Cuauhtémoc y otros municipios aledaños, con el más severo de ellos, ocurrido en las cercanías de Rubio, con la participación de centenas de sicarios y una duración de más de tres horas, las explicaciones del Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, causaron más desazón.

Peniche aseveró que esos grupos y esos jefes “aprovecharon el …. domingo y horario en la tarde, cuando había poca presencia de la autoridad estatal para dirimir sus diferencias… es una estrategia que ellos utilizaron buscando el día preciso que pudiera suponer que habría el menor número de elementos estatales, pues era día de asueto y por el festivo del lunes…”.

Interrogado acerca de la ausencia de las fuerzas federales, a pesar de que en Cuauhtémoc -a escasas decenas de kilómetros- se encuentra una guarnición militar, sólo atinó a responder que “ya tuvo comunicación con la federación” y que diseñarían “esquemas de coordinación más efectivas…”. (Nota de la redacción, El Diario de Chihuahua, 22/III/17).

Luego diría que la mayor parte de los homicidios “son del orden federal y ojalá el estado de fuerza federal también se incremente”. (Ibídem).

Y como si el problema fueran, solamente, las policías municipales, achacó a la corrupción de éstas la principal causa de lo que ahora estamos viviendo. Resulta que, de acuerdo con el alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Pérez Holguín, esos agentes “fueron aprobados por la propia fiscalía para desempeñarse como agentes municipales, según los exámenes de confianza en donde, de manera oficial, Cuauhtémoc resultó uno de los mejores municipios derivado de esta evaluación”.

¿Y entonces?

imposible precisar la causa del crecimiento de la inseguridad, pero quienes están a cargo, lo que menos le otorgan a la sociedad chihuahuense es seguridad.



“Ya nos pitufiaron"

Si existiera un rasgo que ejemplificara mejor la indudable influencia de los ánimos electorales en la actual administración estatal -que lo aleja de la composición y propuestas del bloque de fuerzas que lo llevaron al poder- es el cambio de la imagen gubernamental en prácticamente todos los aspectos de la administración pública estatal.

Ahora todo es de color azul, como antes lo fue de color verde o rojo, según fuera el deseo del gobernador Duarte, en acatamiento a las directrices nacionales del PRI, cuya única motivación era, y es, la manipulación electoral.

El analista político Arturo Limón retrató como nadie el hecho de que la pintura de las casetas de peaje, las placas vehiculares, la documentación oficial y hasta la nueva pintura de parques y edificios públicos, sea de color azul, “ya nos pitufiaron”, aseveró festivamente el editorialista de El Diario y Aserto, es decir, la hegemonía de la cultura patrimonialista, la que se practica hasta con el color partidario, lo que, en la práctica desapareció a la alianza de las fuerzas y actores que hicieron posible el triunfo de Javier Corral en las elecciones de junio pasado, aparece nítidamente un gobierno de corte panista, inmerso en la dinámica de la lucha electoral, la presidencial del próximo año.