Chihuahua, Chih.

- Responsabilidades locales, no todas son del ámbito federal

- Ofensiva contra la Corte, tiempo de la canalla desde Palacio Nacional

- Opacidad y militarización creciente en la 4T

Las cifras son contundentes.

Ante la notoria opacidad y contradicciones en las estadísticas manejadas por el gobierno federal, durante la pandemia por COVID 19, pues la disparidad entre las cifras publicadas por la Secretaría de Salud -bajo la responsabilidad directa del Subsecretario Hugo López Gatell- y las proporcionadas por los gobiernos estatales, finalmente fue el INEGI, la dependencia encargada de todas las estadísticas nacionales, quien dio a conocer el exceso de defunciones, en relación a las que debieron presentarse -proporcionalmente al crecimiento de la población, incremento de la ola homicida, etc.- si la epidemia no hubiese estado presente.

La divulgación de esa información fue precedida de la aparición de los libros de la Dra. Laurie Ann Ximénez Fyvie (“Un daño irreparable” y “Las muertes que no contaron”) que desnudaron la salvaje e irresponsable conducta del gobierno federal en el manejo de la pandemia.

De esa situación por supuesto que hay responsables. Algunos de ellos podrán terminar, eventualmente, en la Corte Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Por esos hechos, el Dr. López Gatell enfrenta la primera denuncia en su contra, -la que había desestimado la FGR en un primer intento y que un juez le ha ordenado efectuar la investigación- interpuesta por dos familiares de una víctima fatal de la pandemia: “… por su falta de cuidado, negligencia y el debido ejercicio de la función pública, por sus declaraciones que minimizaban la pandemia, el uso de cubrebocas, la aplicación de pruebas de detección, entre otros hechos”. (Nota de Jorge Monroy, El Economista, 10 mayo de 2023)

Y si a nivel nacional las cifras fueron de escándalo, al revisar las acaecidas en la entidad no lo son menos. Quizá duelan más pues en ellas van muchísimos amigos, parientes, conocidos, etc. que, de otro modo, probablemente, hubiesen emprendido ese camino en otro tiempo y en otras condiciones.

Son para espantarse. 

Al confrontarlas con la desgracia que vivimos durante poco más de 2 años, es fácil llegar a la conclusión que sí se corresponden. Pareciera que fue una pesadilla que no ocurrió ahora que las autoridades sanitarias la han decretado como terminada, sin que se haya aplicado de manera generalizada la necesaria dosis de refuerzo a todas las personas, algo que los países más desarrollados han emprendido hace muchos meses.

En Chihuahua, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud de Chihuahua hasta el 19 de mayo de 2023, el número de fallecimientos por COVID era de 10 mil 290.

Al confrontar tal cifra con la proporcionada por INEGI aparecen las disparidades:

En el año 2019, sin pandemia, fallecieron, por todas las causas, incluido el homicidio, 14 mil 842 hombres y 10 mil 118 mujeres, para un total de 24 mil 960 personas.

Un año después, en 2020, a pesar de que el COVID empezó a causar estragos mortales en la entidad hasta el 5 de abril, fallecieron 23 mil 657 hombres y 15 mil 579 mujeres. 

Si se descontara el crecimiento poblacional y el correspondiente incremento al número de fallecimientos de los años anteriores, el “exceso” de muertes fue de 13 mil 777.

En 2021, cuando la pandemia decrecía, murieron 18 mil 592 hombres (cinco mil menos que el año precedente) y 13 mil 110 mujeres (poco más de 2 mil 400 menos fallecimientos que el año anterior), en total, 31 mil 702 personas.

Escribámoslo mejor: En 2020, sin COVID, si tomáramos como tasa de crecimiento poblacional el 2%, debieron morir 25 mil 459 personas. Con la pandemia murieron 39 mil 236.

Del mismo modo, en 2021 debieron morir 25 mil 968, y no las 31 mil 702 en presencia de la pandemia.

En la primera mitad de 2022 debieron morir, sin COVID, haciendo la proyección relatada líneas arriba, 13 mil 243 chihuahuenses. Sin embargo, de acuerdo con las defunciones reportadas por el INEGI, fueron 15 mil 103, es decir, casi dos mil más que si a Chihuahua no hubiese llegado la pandemia.

En total, en dos años y medio del 2020, 2021 y hasta junio de 2022, el exceso de mortalidad en el estado es de 21 mil 370.

Hay que decirlo claramente para no dar pie a las confusiones. Ese número de defunciones es el total de las presentadas por encima de las que se hubiesen presentado sin pandemia.

Frente a esa cifra, del mismo modo que ocurre a nivel federal, palidecen las informadas por la Secretaría de Salud de Chihuahua, la que, dice, llegaron a las 10 mil 290; es decir, que hay más de 11 mil chihuahuenses (11 mil 80) que fallecieron por otras causas y/o por COVID debido al tremendo desaseo en el manejo de las cifras, pero también al deficiente servicio médico otorgado durante aquel período.

¿Cuántos chihuahuenses, enfermos de otras causas, no fueron atendidos debido al abarrotamiento de las instalaciones médicas, a la escasez del personal médico, de medicamentos?

¿Cuántos pacientes de cáncer no fueron atendidos debido a que no existían los medicamentos necesarios para combatir tan terrible mal, que ha hecho de Chihuahua una de las víctimas preferidas?

¿Cuántos de nuestros amigos, conocidos, o simplemente conciudadanos fallecieron debido a que no contaron con los medicamentos o vacunas (cuando éstas ya estaban en el mundo) que trataran o evitaran el contagio por COVID?

Sin que se afirme que la situación por la que hoy pasa el ex secretario de Salud del gobierno corralista, Eduardo Fernández, tenga relación directa, sí deberá tomarse en cuenta que asumió esa dependencia en plena pandemia (julio de 2020) por lo que se convirtió en uno de los principales responsables del manejo de la pandemia en el estado, cuyos resultados hoy resumimos.

Esa responsabilidad fue compartida con los funcionarios federales, tanto los del ámbito local, como los del federal, pero de las medidas que podían y debieron tomar las autoridades estatales, la comparte con el ex gobernador Corral.

Uno y otro podrán argüir muchas cosas en su defensa, pero los números hablan por sí solos. 

Cometieron los mismos errores que los López en el ámbito federal, incluso lo de los medicamentos caducos y el descuidado manejo financiero, que en el caso de Fernández Herrera existen las suficientes evidencias que lo demuestran, ya que ha declarado que el crédito solicitado en marzo del 2021 era pagar adeudos de Salud del 2020, sin que se acredite haberlo hecho de ese modo.

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OPACIDAD Y MILITARIZACION.- Terrible coctel el que el presidente López Obrador pretende heredarle al país, en una postura por demás criticable.

Al intentar por todos los medios impedir que el Consejo General del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) pueda sesionar por la falta de uno de sus integrantes, el que debe nombrar el senado, al que le ha ordenado no hacerlo y luego, ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar inconstitucional el decreto emitido por él para declarar de seguridad nacional las compras y obras del gobierno federal (que tiene dos efectos inmediatos: la reserva de información y la adjudicación directa de contratos), ha reaccionado con virulencia para impedir, y ese es el verdadero objetivo, acceder a la información de las obras insignia de su gobierno.

¿Por qué? 

¿Porque accederíamos a verdaderos monumentos a la corrupción, prohijados al amparo de su gobierno y de la cual muchos de los beneficiarios son, no solamente los empresarios amigos del presidente, sino también una buena parte de la élite militar del país?

La misma que ahora está bajo el ojo del huracán, en medio del escándalo de los viajes, vacaciones y departamentos del Secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval.

Pobre país…

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022

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