Chihuahua, Chih.
La semana pasada el aún presidente del Congreso, el diputado René Frías, presentó una iniciativa de ley para crear el Reglamento de Ética y Disciplina Parlamentaria del Poder Legislativo (Reglamento) “con el objetivo de incentivar un ambiente de cordialidad” en la actividad legislativa.
Para René, “este proyecto de Reglamento sistematiza y clarifica la forma en que deben conducirse los legisladores que integran el Poder Legislativo… proveyendo un marco jurídico que abone a la eficacia de las prácticas parlamentarias desde la ética…”. Entendida ésta, como los “valores deseables” (¿?) en el ejercicio del encargo de los integrantes del Congreso Local.
Para tal efecto, se pretende crear un Comité de Ética Legislativa (Comité), cuyas atribuciones serán, entre otras, el de “fomentar los principios rectores y deberes contenidos en el Reglamento, así como los valores de ética legislativa entre los integrantes de cada Legislatura”.
Por desgracia, esta iniciativa acredita que René desconoce la existencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley). Al extremo de reiterar lo dispuesto en el Art. 7 de la Ley, en los términos siguientes:
“ART. 2. Este ordenamiento tiene por objeto reglamentar la conducta de los legisladores que se encuentren en el ejercicio de sus funciones y que deberán desempeñarse respetando los principios éticos de: legalidad, responsabilidad, imparcialidad, honradez, lealtad, transparencia y eficiencia”.
A mi parecer, el contenido del reglamento es un catálogo de ‘chistes legislativos’. Citemos los más divertidos: Los diputados en el ejercicio de su encargo, deberán:
“Observar los siguientes principios rectores... mantener un comportamiento honorable, protegiendo el interés público por encima de sus intereses individuales, de terceros, personales y/o familiares dando solución a las demandas ciudadanas”.
“Actuar con orden y decoro en el desarrollo de las sesiones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con las personas sea respetuoso, independientemente de su condición”.
“Honrar la investidura legislativa, observando respeto hacia la institución de la que forman parte, privilegiando el diálogo y la construcción de los acuerdos que atiendan al interés colectivo”.
El Comité será el encargado de conocer de las quejas que se presenten en contra de los diputados por violación al Reglamento, emitir recomendaciones; así como para “recomendar” a la Mesa Directiva las sanciones que resulten procedentes.
Para ello, se establece un procedimiento sancionatorio para conocer de “la omisión de la observación y cumplimiento de los principios rectores y de los deberes contenidos en este reglamento; (las cuales) constituyen conductas que atentan contra la ética legislativa, imputables a los diputados, sin menoscabo de las que correspondieren por disposición de otra normatividad aplicable”.
Tales omisiones podrán ser sancionadas a través de recomendaciones, mismas que deberán ser aprobadas por el Pleno del Congreso. Y en consecuencia, a los legisladores locales les serían aplicables las siguientes sanciones:
“I. Recibir amonestación pública o privada; II. Ser removido del Comité o Comisión Legislativa a la que pertenezca a propuesta de la Junta de Coordinación Política; y III. Recibir suspensión de la dieta, en los términos que marca la Constitución”.
Amable lector: ¿a poco no está para morirse de risa…? Todo un procedimiento sancionatorio para que los diputados tan solo sean removidos de una Comisión legislativa o de un Comité administrativo o, en el peor de los casos, para que se le suspenda la dieta. ¿Por cuánto tiempo?
Lo invito a carcajearnos juntos con esta ocurrencia legislativa de René: “Será un elemento plausible (¿?) para establecer buena fe de parte del diputado acusado que provea cualquier prueba idónea que le exonere o le condene”. Jajajaja…
