Chihuahua, Chih.

La violencia relacionada con el crimen organizado se convirtió en un factor determinante en el aumento de homicidios en varias regiones del país. Los enfrentamientos entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad, así como las disputas territoriales entre cárteles, contribuyeron significativamente a este panorama violento. 

Entre 2000 y 2015, México experimentó cambios significativos en su situación de seguridad, con variaciones notables en las tasas de homicidio.

Inicialmente, a principios de los años 2000, el país mantenía un nivel de homicidios relativamente estable. Sin embargo, a partir de mediados de la década, se observó un aumento progresivo en estos índices. 

Este incremento se atribuyó a diversos factores, entre ellos, el surgimiento, la intensificación de la guerra contra el narcotráfico y la diversificación de las actividades criminales de los grupos del crimen organizado. Lo que los ha llevado a mantener el control, así sea de manera esporádica, sobre la producción, distribución y comercialización de diversos productos.

Además, la corrupción y la infiltración de organizaciones criminales en las instituciones gubernamentales se consideraron elementos que exacerbaban la situación. Estos factores, combinados con la debilidad en el sistema de justicia y la impunidad generalizada, generaron un ciclo de violencia difícil de contener.

El periodo entre 2000 y 2015, tanto en el ámbito nacional, como en el estado de Chihuahua, mostró fluctuaciones en los índices de homicidios, con años de aumentos alarmantes seguidos por intentos de políticas de seguridad que, en ocasiones, lograron estabilizar momentáneamente la situación. 

Sin embargo, el problema persistió y se convirtió en uno de los desafíos más apremiantes para las autoridades y la sociedad en general, a grado tal que a partir de la segunda parte del 2015, justamente cuando la fuerza del entonces gobernador César Duarte decrecía, los índices de homicidios en el estado de Chihuahua.

Así, a mitad del 2016 la ola homicida, atenuada en el período 2012-2015, mostró, poco a poco, un incremento cuya tendencia no ha decrecido y que ha mostrado una mayor aceleración a partir de la toma de posesión del actual grupo gobernante.

Tal reflujo ha coincidido con el incremento del tráfico de fentanilo, que ha cobrado, hasta la fecha, en 2023, seis víctimas fatales y un total de 40 personas que han requerido hospitalización en Juárez.

Es fundamental comprender que múltiples factores influyeron en esta situación compleja y multifacética, y que un análisis más detallado podría requerir considerar aspectos socioeconómicos, políticos y culturales para obtener una visión integral.

En los últimos años del período mencionado, se vieron intentos de implementar estrategias más integrales, por desgracia focalizados y en distintos momentos, como enfoques de prevención del delito, reformas institucionales y programas sociales, buscando abordar las causas profundas de la violencia. 

Estas iniciativas mostraron resultados mixtos, subrayando la complejidad del problema y la necesidad de enfoques multidisciplinarios y sostenidos en el tiempo, como lo intentado temporalmente con los programas puestos en vigor en Juárez, luego de la masacre de Villas de Salvárcar.

En conclusión, el comportamiento de los índices de homicidios en México entre 2000 y 2023 evidencia el desafío multifacético y complejo que involucra no solo cuestiones de seguridad, sino también aspectos políticos, sociales y económicos que deberán abordar los nuevos gobernantes federales, pero que debiera ser, también, el momento oportuno para que las autoridades estatales, así sean de diferente signo político al de la presidenta que arribe a Palacio Nacional, reencaucen las políticas de seguridad pública.

*Artículo elaborado con el auxilio de la IA

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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