Chihuahua, Chih.
En esa circunstancia se encuentra el gobierno de la 4T en relación al espinoso tema de los migrantes centroamericanos.
Por un lado, el de la necesaria congruencia entre los principios humanitarios a los que está obligado y por otra parte a las presiones del gobierno norteamericano de Donald Trump, que se opone tajantemente, no sólo al ingreso de mexicanos a los Estados Unidos, sino a cualquier migrante y que, conforme crece el número de participantes de las caravanas procedentes del sur, arrecia las acciones, encubiertas, o abiertamente hostiles al gobierno mexicano.
Esas son las razones que explican la sorpresiva decisión del gobierno estadounidense de remover a su personal de migración y con ello obligar al aumento de la espera que las personas y mercancías hacen para acceder al vecino país.
Sin duda que el presidente norteamericano sabe de las graves repercusiones de su medida, por eso la toma, porque está presionando al gobierno de López Obrador a que se convierta, como lo fueron sus antecesores, en el guardián de la migración hacia los Estados Unidos.
Y si no lo hace, entonces el tortuguismo en las aduanas, con la amenaza que esta medida se puede agravar, hasta el cierre total de la frontera, cosa imposible de creerle, no tanto porque fuera a sensibilizarse al recibir las quejas de los mexicanos, sino porque las quejas más importantes provendrían del lado norteamericano, especialmente de la industria de aquel país.
¿Qué hacer?
¿Ceder al chantaje de Trump?
Quizá lo mejor sería plantear una ruta consensuada con los gobiernos de los países de la zona, junto al de Estados Unidos y echar a andar una serie de medidas de todo tipo, económicas, financieras, sociales, educativas, etc., que permitan la detonación del crecimiento social de la zona, vista como una sola región, que abarque a los estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Guerrero, junto a Guatemala, El Salvador y Honduras, a fin de detener, por medio del desarrollo económico, (es decir, el crecimiento económico y el de todo tipo) la migración.
Lo anterior requiere de ingentes vastos recursos económicos, cuyo principal suministrador debieran ser los norteamericanos, que pudieran invertir en esas tareas los recursos que ahora destinan al uso de la fuerza -incluida la construcción del muro de Trump- a fin de detener la oleada migratoria.
Y, además, poner en marcha un plan de contratación de mano de obra, -que necesitan los Estados Unidos- regulada sistemáticamente.
Es decir, no se trata, tan sólo, de poner en marcha operativos policiales, sino el de poner en marcha un ambicioso plan que tenga como eje el de potenciar el desarrollo de la región, y así, dejaría de ser el operativo que quisiera Trump para impedir la llegada de migrantes a su país.
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