Chihuahua, Chih.

Corral desató la polémica, luego del envío de la propuesta -entre otros temas- para decretar la obligatoriedad del gobierno estatal de suministrar la protección -escoltas, vehículos, combustibles, seguros de gastos médicos mayores para los escoltas, mantenimiento de vehículos, etc.-. 

Lo que ha recibido ha sido un rechazo generalizado.

Dos son los argumentos centrales de los opositores a la propuesta: Primero, la ineficiencia de los gobernantes actuales para combatir la inseguridad prevaleciente -in crescendo en su gobierno-; y, segundo, el desmedido tiempo solicitado para que sean protegidos los funcionarios, lo que trae aparejado un desmedido gasto público en ese rubro.

Los más informados critican la enorme incongruencia del gobernador Corral. 

Los argumentos usados por los opositores a la medida son los mismos, o muy parecidos, a los usados por quien ahora implora le sea concedida una guardia a cargo de Chihuahua por los siguientes cinco años. 

Son las consecuencias de gobernar mal y, además, de hacerlo con la soberbia que caracterizó a quien prometió que enjuiciaría al “vulgar” ladrón, que traería a Chihuahua “Un nuevo amanecer” y que conduciría a los chihuahuenses a dejar para siempre el espíritu “aldeano”.

Ahora enfrenta el rechazo de la abrumadora mayoría de la población a cualquier propuesta y/o a cualquier cosa o diga el auténtico “solitario de Palacio”.

Es de tal dimensión el generalizado rechazo a Corral que su propuesta, de inmediato, obnubila la razón y conduce a abandonar la debida discusión que debiera darse sobre este tema que, de ninguna manera, tiene el carácter de trivial y al cual no se le puede abordar bajo la tónica revanchista que reviste a muchas de las opiniones opuestas a la propuesta corralista.

A ese debate se ha sumado el presidente López Obrador, quien ha dicho que “no debe usarse dinero público del Estado para eso” y propuso, a cambio, que si sintiera Corral en riesgo “hay un mecanismo de protección, que se apoye con la Secretaría de Gobernación como todas las personas que consideran pueden ser víctimas de un atentado”.

A esas declaraciones del presidente, se sumó el diputado morenista,  Miguel Colunga, quien afirmó que “esto es mejor que gastar decenas de millones de pesos en escoltas y camionetas”.

Independientemente de la opinión del presidente, prevalece la discusión ¿Se les debe otorgar, o no, protección con cargo al Estado a quienes ejercieron funciones públicas que los ponen en riesgo?

La propuesta de Corral expresa que deben ser las finanzas estatales las que la provean y la del presidente López Obrador es de que corran a cargo del erario federal. En cualquiera de los dos casos se tienen que emplear recursos públicos para ello.

Existe, además, un factor suplementario: La entidad ha estado, a lo largo de los últimos 12-13 años, en los primeros lugares de homicidios cometidos anualmente.

Eso, y los varios incidentes en los que han estado involucrados -como víctimas- algunos de los escoltas del actual gobernador, sin dejar de lado los atentados sufridos por los, en esos momentos, gobernadores Patricio Martínez y Reyes Baeza, además del relato de César Duarte, quien sostuvo que en un acto en Nuevo Casas Grandes, cuando aún era candidato, fue sacado por su guardia personal anticipada y abruptamente del mitin que encabezaba por la presencia de personas que advirtieron como extremadamente peligrosas, debieran llevarnos a reflexionar más allá de las circunstancias particulares que envuelven a la gestión de Javier Corral y su propuesta.

Seguramente que para Chihuahua, en términos económicos, la mejor solución sería la propuesta por el presidente López Obrador, que deberá sopesarse muy bien y evaluar su real concreción.

Seguramente lo procedente sería que se otorgara a quienes ejercieron los cargos de la seguridad pública, la procuración de justicia y el gobernante saliente, pero durante un lapso no mayor a los 6 meses, sin que la administración estatal se hiciera cargo de la movilidad del ex funcionario custodiado y que el gobierno de Chihuahua le otorgara a los escoltas lo necesario para ejercer su función, además de lo relativo a la seguridad social, incluido el vehículo indispensable para ellos.

Se plantea de ese modo porque se parte de la idea que el ex funcionario ha regresado a sus actividades personales -cualesquiera que sean, en el ámbito público o particular- y que los ingresos públicos recibidos le permitirán, como lo hacen todos los ciudadanos, costear la movilidad generada por sus actividades y que la protección otorgada por el gobierno tendría una temporalidad suficiente como para acceder al retorno a la vida económica.

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