Chihuahua, Chih.
Con la aparición del video, en Youtube, en el que un grupo criminal señala al gobernador Javier Corral como protector de otro, la violencia dio un paso más en el escalamiento en la entidad, al tiempo que lanzó una gravísima señal de alerta pues, por lo menos en Chihuahua, episodios como el ahora comentado fueron parte de la cima de la ola de violencia que azotó al “Estado Grande” de 2008 a 2011 con cifras a la baja -pero nunca a los niveles de 2006 y 2007- en el período 2012 a 2015.
La actual espiral violenta inició a principios del 2016, con un ligero y paulatino incremento a lo largo de ese año, el último de César Duarte, y cuyos picos altos se registraron alrededor de los meses de la transición de ese gobierno al actual, que catapultaron los índices de homicidios al nivel actual de 50 por cada 100 mil habitantes.
Aquella ola violenta tuvo dos episodios emblemáticos en su inicio: Sendos enfrentamientos con duración de al menos 5 horas, uno en la capital del estado y el otro en Parral-Matamoros y que abarcó prácticamente toda la carretera entre esas poblaciones.
Días después de este último, en la “capital del mundo” -de la plata, Parral- ocurrió un enfrentamiento entre fuerzas militares y criminales.
Los saldos de los choques pudieron llegar a más de tres decenas de muertos y un número indeterminado de heridos.
Como ahora en los casos de los acaecidos en Cuauhtémoc, Madera y Rubio, se presentaron en lugares en los cuales las tropas militares tienen sendos cuarteles, los propios de la ciudad de Chihuahua y los ubicados en las cercanías de Parral y en esta ciudad
En ambos casos, a pesar de la magnitud de los enfrentamientos -por la cantidad de protagonistas y la artillería usada- no fueron atendidos por alguna fuerza policíaca o militar y solo hasta el paso de las horas, cuando ya habían cesado las acciones bélicas, irrumpieron las fuerzas de seguridad pública.
Hoy, casi 10 años después, enfrentamos una nueva escalada de violencia, quizá peor -por sus características- por la extensión del territorio involucrado y el número de habitantes, víctimas de ella.
También, por el hecho de que los enfrentamientos grupales abarcan a más municipios y, probablemente, a la mayor capacidad de fuego de las bandas criminales, además de que, ahora, los enfrentamientos se dan entre grupos que han llegado a ser de más 200 individuos y cuyas refriegas duran horas.
Pero, fundamentalmente, y esa es la peor característica, al que ahora existen zonas de la entidad en la que los grupos criminales son quienes las dominan y que, ante la llegada de fuerzas policiales y/o militares, desaparecen momentáneamente, para reaparecer no bien se van de los lugares las fuerzas del Estado Mexicano, las que son “dueñas”, sólo, del territorio que pisan.
Las fuerzas criminales son quienes dominan el territorio.
Eso significa, ni más ni menos que la desaparición, o sustitución, del Estado como monopolio de la fuerza.
Las consecuencias se han abatido sobre la población como avalancha: Bancomer anunció el cierre de su sucursal en Madera, los médicos pasantes en servicio social, y los titulados se niegan a ejercer en esas zonas; poblados enteros pasan a ser pueblos fantasmas en la sierra; los escenarios de la guerra abarcan a una extensa zona que va desde Uruachi, en la sierra, hasta Rubio y Cuauhtémoc -la zona de los territorios planos-, Gómez Farías, Zaragoza y los poblados cercanos, luego de tener a Bachíniva como uno de los municipios de paso a la sierra y a la frontera.
En ese contexto se ubica la difusión del video en el que burdamente señalan a Javier Corral como protector de un grupo criminal.
El problema no es la difusión o no del mismo por los medios de comunicación “tradicionales”, asunto al que le han dedicado la principal de sus atenciones, tanto el gobernante, como su vocero -Antonio Pinedo-, sino al fondo de la dramática situación de inseguridad prevaleciente.
Si El Diario, o el columnista Julio Hernández (De La Jornada) lo difundieron es el menor de los problemas, asunto que en todo caso podría enmarcarse como el total de las informaciones, difundidas por los medios de comunicación, sin que por ello, a menos que el medio así lo especificara, en que al difundirlo, implique darle credibilidad a lo sostenido por quienes aparecen en el video y sus autores.
Reacio a aceptar la existencia de hechos que pudieran generarle críticas, el gobernador Corral insiste en desacreditar todo, ahora hasta el hecho de que el periodista de La Jornada twitteara, al difundir el video de marras, “Con todas las reservas del caso: video donde una mujer, vendada de los ojos, dice que el gob @javier_corral y alcalde de #Madera apoyan a grupo narco”.
Lo que motivó una desmesurada respuesta del gobernante chihuahuense: “Julio: Del @diariodejuarez no me extraña, conmigo se les acabaron las carretadas de dinero; pero que tú te prestes a reproducir esta farsa, marca también la otra impunidad del colapso nacional: la difamación ‘con todas las reservas del caso”.
El episodio muestra, además, la superficialidad adoptada por los gobernantes en un asunto que reviste extrema gravedad.
Ante la difusión del video por El Diario -amén de que infinidad de medios lo hicieron, y no en seguimiento al matutino chihuahuense- el vocero del gobierno, replicó lo que había sostenido en ocasiones anteriores el gobernador Corral, al informar que “Él (Javier Corral) ha rechazado las negociaciones (con el crimen organizado)”.
¡Gravísimo! ¿Quién le hizo semejantes proposiciones? ¿Quiere decir que si existieron?
Y en otra vertiente, sin pensar en las consecuencias de su dicho, Pinedo aseveró que al publicar el video, lamentaba que “… el medio se convierta en portavoz del crimen organizado, al reproducir contenido audiovisual difamatorio, alejándose del rigor periodístico”.
¿Y qué tal si los grupos criminales, contrarios a los protagonistas del video, asumen como cierta la afirmación del encargado de la comunicación social del gobierno del amanecer?
¡Híjole!
El verdadero tema es la aparición de grupos criminales con tal poder de fuego e infraestructura que pueden efectuar lo ahora reseñado.
Y por supuesto la severidad de la crisis de seguridad pública, ante la cual se advierte la debilidad del Estado Mexicano, y no sólo del gobierno de Javier Corral para enfrentarla, amén de los problemas derivados de la aparente desatención gubernamental a los generados por la misma.
Ejemplos sobran, baste uno: Bancomer anuncia el cierre de la sucursal en Madera, lo que acarreará serios problemas a la economía del municipio, y ninguna autoridad aparece, con iniciativa y con el afán de resolver lo que será sin duda un verdadero dolor de cabeza para los habitantes de ese municipio, además de informarle a la comunidad del establecimiento de conversaciones con los directivos nacionales de la institución bancaria, o de otra, a fin de obtener la instalación de una sucursal bancaria en la población.
Ante la gravedad de la situación, hasta cuadros importantes del panismo han encendido las luces de alerta, como la diputada Patricia Jurado, de Nuevo Casas Grandes, quien sostiene que el “Estado está rebasado”, lo que, ante lo sucedido en la entidad es, solamente, una tibia descripción de lo vivido por cientos de miles de chihuahuenses, porque, a diferencia de las zonas rurales, o semi rurales, en los grandes centros de población las ejecuciones continúan sin pausa y más frecuentemente, con picos a la alza verdaderamente preocupantes.
De ahí que cueste trabajo aceptar la versión oficial -por lo menos la más recurrente- consistente en que la lucha por el mercado local de drogas como el cristal, sea el origen de la oleada.
Son de tal magnitud los grupos criminales en los enfrentamientos, así como el armamento usado, que bien se puede inferir que la disputa es por temas del narcotráfico que involucran cifras millonarias, de ahí la capacidad de fuego de los grupos enfrentados y, también, la evidente desatención del gobierno federal a una situación que hace tiempo, cuando les convenía políticamente, sí dijeron que “Chihuahua se les había descompuesto”.
Como lo aseveran muchos, el país entero se les descompuso a quienes se aprestan a intentar la continuidad de un gobierno y un régimen cuyo fracaso, no sólo es evidente, sino que duele profundamente pues sus consecuencias abarcan a la totalidad de los mexicanos, pero especialmente a los que “menos tienen” y que, ante la gravedad de la crisis, -de todo tipo- la clase política, un día con otro, nos muestra su enorme incapacidad, preocupados -y ocupados- sólo, en la futura elección, la que, por otra parte, puede convertirse en otro episodio en el que el relevo de gobernantes no sirva para iniciar la resolución del que ahora es el segundo de los problemas para la mayoría de la población, la inseguridad.
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