Chihuahua, Chih.

Parece que llegamos tarde a la discusión de las elecciones del Poder Judicial, nunca fue por falta de interés, nuestra intención fue dejar pasar la ola que venía cargada con un cúmulo de noticias, datos, especulaciones y sensaciones que produjo este acontecimiento y filtrarlas por el cedazo de las horas y de los días.

A un mes y medio del cambio de paradigma legal, político y social, planeado a contra reloj y sobre la frustración mal disimulada del Jefe del Poder Ejecutivo en el sexenio anterior, pasado todos los eventos de coyuntura en los que se vio rodeado: desde acordeones amañados, acarreo de votantes, intromisión del gobierno federal en el proceso y al final una escasísima participación ciudadana a través del sufragio directo, estamos en condiciones de dilucidar las primeras conclusiones de una forma razonada y serena.

El Poder Judicial, objeto de análisis de este colaboración,  tiene la función primordial de interpretar las leyes y resolver conflictos entre particulares y entre particulares y  el Estado, y entre diferentes niveles de gobierno, todo lo anterior a través de diversos órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito entre otros, además de contar con diversas competencias entre ellas: interpretar la Constitución y sus leyes, conocer de recursos de apelación y revisiones en materia civil, penal, laboral y administrativa entre otras ramas del derecho.

Tratamos de entender una reforma al Poder Judicial y que no solo modificara la estructura de este como la conocemos prácticamente desde la Constitución del 57, sin lugar a dudas modificará también nuestra concepción de lo que significa la impartición de justicia y la estructura misma de la forma y de cómo entendemos al Estado Mexicano.

Partiendo de lo anterior, no teníamos claro desde que punto de vista abordar el tema, hasta que en la clase de Gestión Pública discutíamos el tema de la legalidad y la legitimidad y como estos conceptos eran abordados por teóricos como Weber que, en su época, entre el auge del positivismo y la racionalidad, resultaban el elemento esencial y que le otorgaba credibilidad, ahora –más de cien años después- es necesario agregar otros aspectos que se han vuelto también importantes.

Empecemos por hablar de lo que significa la legalidad que es el principio según el cual las acciones de las autoridades públicas, así como las normas y leyes que rigen a una sociedad, deben estar conforme al marco jurídico vigente. Es decir, todo acto del poder público debe estar respaldado por una ley.

Ahora bien, una norma, una autoridad o un sistema político se consideran legítimos cuando son aceptados por la sociedad como válidos, justos y dignos de obediencia. Esto supone que la norma o autoridad deben de cumplir condiciones básicas, tales como validez y que sea emitida por órganos competentes, sea justicias ya que se percibe como razonable y equitativa y que sea eficaz, acatada y respetada por los ciudadanos.

Cuando una autoridad, en cualquier nivel de gobierno, goza de legitimidad, está habilitada para ejercer funciones públicas y/o emitir normas, se convierte entonces en el conducto del comportamiento racional de otros grupos sociales, ya que, teniendo mayor disponibilidad de recursos, la resolución de los problemas que aquejan con más urgencia a la sociedad está en función precisamente de su actuación

La legitimidad implica reconocimiento y aceptación social.

Aplicamos el calificativo de legítimo a una autoridad pública y adquiere por ese sólo hecho una predisposición popular favorable, pues se presume que un gobierno o una autoridad legítima normalmente desempeña las funciones que tiene encomendadas de manera correcta, y que lo hace sin abusar de los medios que tiene a su disposición para tal efecto

La legitimidad describe el tipo de relación que existe entre gobernantes y gobernados; la validez y vigor de los vínculos que unen a uno y otro extremo del cuerpo político

Al nuevo Poder Judicial, el Federal y el Estatal, con una elección revestida de legalidad en toda forma, pero con una legitimidad mínima y apenas perceptible, corresponde a nosotros los ciudadanos, otorgarles ese margen de legitimidad que irán ganando conforme su actuación se soporte en procedimientos y sentencias apegadas a la normatividad y a los derechos humanos y sobre todo resoluciones y sentencias exentas de cualquier elemento que pueda considerarse cercano a un interés de tipo político 

Eliminando todo el contexto político y social que dio como resultado esta reforma, les tocará a ellos: Jueces, Magistrados y Ministros demostrar no solo una capacidad técnica para la buena marcha de los asuntos en trámite, tienen en sus manos la responsabilidad de dotar de legitimidad a este nuevo Poder Judicial y con todos los estos elementos y solo entonces, la historia los juzgará a ellos y ellas.

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