Chihuahua, Chih.

A pesar de que por dos días consecutivos, el crecimiento diario de la epidemia en el país se mantuvo en los niveles del 10%, -cifra que en otras circunstancias debería llevarnos a un relativo optimismo- el número de enfermos por el COVID 19 en el país es de una dimensión tal que incluso cifras tan conservadoras deben llevar, sin duda, a la preocupación generalizada.

Porque, obviamente, no es lo mismo que cuando el número de enfermos se mantenía en números inferiores, a cuando rebasan el millar. El optimismo que despertaban las cifras anteriores, incluso con crecimientos diarios del orden del 25 y hasta del 50% (en los primeros días) puede ser sepultado si crecen por encima de los niveles de los días anteriores más próximos.

De ahí la decisión del gobierno mexicano, (así el anuncio no lo haya realizado el presidente López Obrador, algo que hubiese despertado un mayor apoyo a las medidas anunciadas) de declarar la “emergencia sanitaria”, que ordena la paralización del total de las actividades, salvo las esenciales.

Llama la atención que el decreto emitido por la Presidencia de la República considerara a las actividades presidenciales -incluidas las giras- fuesen consideradas como parte de las “esenciales”.

Llevar al nivel de la cuasi paralización de las actividades, de todo tipo, implica, pero cómo no, a una drástica disminución de las actividades económicas del país, que nos llevará a una profunda crisis de la que nos empezaremos a reponer hasta, quizá, el inicio del siguiente sexenio.

Si bien el manejo de la epidemia en el país ha logrado mantener en muy bajo perfil la incidencia del número de enfermos y de víctimas fatales, lo peor puede desatarse en los próximos días, que podría llevar al verdadero colapso al sistema de salud del país, lo que tendría repercursiones mayores en la estructura económica nacional.

No es solamente que los hospitales se atasquen por los enfermos, que el número de médicos y personal de enfermería sea insuficiente y que los equipos necesarios para mantener con vida a los enfermos graves de la enfermedad se agoten en las primeras horas del recrudecimiento de la enfermedad, tal agotamiento de recursos humanos y económicos puede ser brutal.

Evitar tal desastre es prioritario.

Nadie podrá garantizar que no será afectado, en la posibilidad del contagio van nuestros seres queridos, los maestros de nuestros hijos, los parientes lejanos y cercanos, los amigos, los médicos y enfermeras, los que hacen posible la marcha de la economía en todos sus niveles y aspectos y de los niveles de riesgo para todos los grupos poblacionales lo establece el hecho de que un buen número de los contagiados y fallecidos son edades menores a las del promedio de países como China e Italia.

Para nadie es una novedad asentar la endeblez del sistema de salud, cuya debilidad aparece todas las noches en los noticieros, de todo el país, en los que médicos y enfermeras reclaman en todos los tonos la necesidad de contar con el mínimo necesario para atender a los enfermos y que en una buena parte se trate de personal del IMSS, sin que hasta la fecha las autoridades de la institución ofreciesen explicación alguna.

Más aún, corren insistentemente los rumores acerca del ocultamiento del número de enfermos reales del COVID 19 y de la decisión de las autoridades de no efectuar la aplicación de pruebas para descartar la enfermedad.

Informar con realismo acerca de problemas como estos es indispensable, no puede dejarse al aire, ni de achacárselo a los adversarios políticos; informar con veracidad y puntualidad debe ser premisa indispensable de los gobernantes, especialmente los federales, no por otra razón que la de que la responsabilidad de la conducción del manejo de la pandemia está en sus manos, casi exclusivamente, sin que por ello no tengan las autoridades de los otros niveles, especialmente las estatales.

Hay otro aspecto que debe resolverse a la brevedad, independientemente de los trámites burocráticos. La existencia de personal médico y de enfermería que no cuentan, ni con la base en su empleo, ni con la seguridad social a la que debieran estar inscritos, si se enferman ¿Quién los atenderá? ¿La medicina privada?

El gobierno federal, y el estatal, debiesen aprovechar el momento para, de inmediato, resolver tan grave situación. No puede ser que, por un lado, se llama a la contratación de médicos y personal de enfermería y, por otro, existan cientos de trabajadores de la salud sin tales categorías laborales.

Saltan a la cara las necesidades urgentes de la pandemia. Es probable que muchos de estos aspectos ya los estén abordando las autoridades federales y las estatales, pero actuar con plena transparencia forma parte de los requerimientos del momento actual.

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