Chihuahua, Chih.
“Hacerse sacerdote es un buen escondite para los pederastas”
Philip Saviano
Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abusos por el Clero de Massachusetts
La reciente publicación sobre las denuncias y seguimiento de casos de pederastia en Pensilvania, en la que se rebeló que al menos 1000 personas en su mayoría niños y niñas que fueron abusados sexualmente por alrededor de 300 sacerdotes en los últimos 70 años en Estados Unidos y que tuvo como precedente el escándalo por esta misma razón dado a conocer en Boston en 2002, cuando el periódico The Boston Globe, denunció cómo autoridades eclesiásticas encubrieron los acuerdos económicos entre sacerdotes pederastas en serie y las víctimas a cambio de su silencio favoreciendo la secrecía como principal motor del atroz delito, han puesto en evidencia la fina maquinaria que la iglesia opera en contubernio a favor de los agresores.
La Iglesia Católica, que como institución cuenta con 1200 millones de miembros en el mundo, ha permitido y generado las condiciones para que los abusos se perpetúen ofreciendo acuerdos económicos a víctimas y sus familias ante la negativa de ofrecer medidas de reparación y enfrentar a los responsables ante las autoridades civiles, evitando así, asuman costos sociales eludiendo el escándalo que le cuesta cada año un número considerable de feligreses frente las posiciones adoptadas respecto a políticas públicas y su intromisión en actuares gubernamentales. Tal es el caso de Argentina tras el rechazo del Senado al aborto legal, en el que desde diversas organizaciones se promovió la apostasía colectiva.
Desde la vigilia a las afueras del Senado, se recogieron ahí mismo 1200 solicitudes para apostatar denunciando la influencia de la entidad en la discusión y exigiendo al gobierno de aquel país austral deje de sostener al culto católico, de concederle millones en subsidios, que paguen impuestos y sobre todo, deje de perjudicar los procesos de construcción de ciudadanía y su adquisición de derechos.
Según Alberto Athié, ex sacerdote y activista contra la pedofilia, en México se encuentran los peores y más crueles pederastas que existen. “El patrón de conducta de los individuos, de las autoridades civiles y la Santa Sede, es casi homogéneo: el depredador encuentra un espacio de oportunidad en la Iglesia, para abusar, precisamente porque la Iglesia va a actuar no protegiendo a los niños y buscando contener al agresor. La Iglesia va a buscar descalificar a las víctimas y a sus familias y crear un espacio de protección para el agresor. Lo hace regañándolo, mandándolo a retiros espirituales, a terapia en sus centros que tiene la Iglesia. Y una vez que estas personas confiesan que ya se arrepintieron, que ya no lo van a volver hacer, con la confirmación de que recibieron un tratamiento, regresan al ministerio bajo secreto…” (Shaila Rosagel. Sin Embargo, 11/II/2016), dice desde el exilio obligado por las constantes amenazas que recibe a razón de su labor a favor de las víctimas y de visibilizar esta práctica como grave.
Tales mecanismos no son casuales ni la decisión de un solo obispo, son definidos por la santa Sede e implementados por normatividad. Otra de las aristas controversiales es que al alejar a algunos perpetradores u omitir denuncias, se les retira del ministerio de la parroquia pero se dedican a la educación. Las universidades y colegios católicos de diversas órdenes abundan y la institución eclesial insiste en ampliar su espectro en este rubro.
Como muestra un botón. El sacerdote jesuita Juan José Esquivias tras sospechas de abuso fue colaborador cercano y maestro del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y de la Universidad Iberoamericana y a su paso, dejó al menos 13 víctimas de las que se sabe porque denunciaron (se presume el número sea mayor); el secretario de la Compañía de Jesús en México y directivo de la Ibero, ofrecía a las víctimas solo “pagar la terapia psicológica” a pesar de que se sabe, el pederasta dejó una estela de abusos en Chihuahua, Tijuana, Torreón y la ciudad de México. La vocería de la orden emitió un comunicado de deslinde en el que manifiesta no poder hacer nada por la renuncia del clérigo pero no señala haber enfrentado o brindado elementos para la denuncia del mismo a las autoridades civiles. (San Juana Martínez. La Jornada, 19/VIII/2018).
Frente a la pérdida de credibilidad y autoridad moral de la iglesia, hay enormes interrogantes y críticas pero resaltan: ¿por qué la sociedad esta tan dispuesta en dejar en manos de depredadores sexuales y cómplices la educación de sus hijos e hijas? ¿Por qué siguen siendo una influencia tan poderosa como para ser considerados a pesar de los delitos que cometen y encubren como actores importantes en las tomas de decisión gubernamentales?
Miembros de la Compañía de Jesús han encabezado y son parte activa de campañas de defensa de derechos humanos en el país, ¿por qué no son capaces de autocrítica para resolver los adeudos con las víctimas a las que la propia institución que representan, desprecia e invisibiliza?
Por fortuna, las personas agraviadas y sus familias se están organizando para enfrentar al monstruo que masivamente gobierno y ciertos sectores de quien ejerce el consorcio informativo protegen y así, hacer notar que las violaciones y supuestas “faltas” son delitos y que tienen afectaciones reales.
¿Cómo es qué además, encabezan un discurso de defensa a la familia? Mucho que replantearse y sobre todo, empatía y comprensión a las dimensiones de lo que estas prácticas le significan a las personas que la padecen, se requiere.
De aquí, un abrazo solidario a Ricardo Legarda por su valentía y compromiso.
marielacastroflores.blogspot.com
@MarieLouSalomé
