Chihuahua, Chih.

Del infinidad de imágenes generadas en la batalla de La Boquilla ninguna tan estremecedora como la de los contingentes militares caminar sobre la carretera en plena derrota.

Fueron vencidos por una furia ciudadana que no respetó mandos políticos, ni ciudadanos y que salió al rescate, no solo del agua, sino de su dignidad, dolidos porque el presidente que más esperanzas despertó en la mayoría de los mexicanos, les dio la espalda.

Llevarse el agua en plena sequía, aterrorizado porque se puede molestar el presidente Trump y los acusó de ser ciudadanos manipulables y, además, para respaldar sus decisiones, absolutamente ilegales, mandara al ejército a enfrentar al pueblo del centro-sur de Chihuahua es una cosa inaceptable.

El agua de las presas Las Vírgenes y La Boquilla forma parte sustancial de esa población y, contra la percepción presidencial, se trata de comunidades plenamente informadas de las regulaciones, legislaciones y acuerdos existentes sobre ella.

Por eso sorprende el total desconocimiento del presidente López Obrador sobre aspectos esenciales del Tratado de Aguas, exhibido en las mañaneras.

El asesinato de Jessica Silva y las graves heridas sufridas por su esposo, Jaime Torres, es el aciago colofón a tan graves errores cometidos por los funcionarios federales, del presidente López Obrador hacia abajo en este asunto.

Todos los mandos superiores de la administración federal acreditados en Chihuahua deben renunciar, son responsables del grave desconocimiento del presidente sobre el asunto, y si le informaron, entonces queda subsistente la responsabilidad de López Obrador.

Porque ordenarle a la GN que resguardara las presas, y en el caso de La Boquilla, con cantidades exorbitantes de elementos, como si fueran a protagonizar una guerra, es una desmesura.

Porque no les asiste la razón, están violando la ley y le están robando el agua a los concesionarios de ella en los distritos de riego que son, ojalá lo asimilaran, allá en la Ciudad de México, el eje de la economía de esa región, la de los “Vencedores del Desierto”.

¿Puede el presidente de la república ordenarle a la Guardia Nacional se apodere de las instalaciones de la empresa minera más importante en la producción de oro, a fin de que el metal sea tomado por el gobierno de la república y lo use para entregarlo a los Estados Unidos, porque se le debe?

¿Y que el argumento presidencial fuera el de que, como “es propiedad de la nación”, entonces se puede disponer de esa riqueza discrecionalmente por el mandatario, sólo porque es “propiedad de todos los mexicanos”?

¿Y porqué no lo hace, ahora que falta el dinero para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas?

Por una razón, porque las tierras de la producción minera están concesionadas y, por tanto, mientras no se cancelen, o cambiemos de régimen económico, no se les puede molestar, ni quitar el oro que extraigan del subsuelo.

¿Y entonces porqué razón eso sí lo hace con los concesionarios de los distritos de riego del Río Conchos?

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