Chihuahua, Chih.

Las evidencias estaban en todas las acciones policíacas y militares de aquella época, la que, por todas las vivencias de hoy, parece regresar al antiguo Paso del Norte, nuevamente colocado en una de las ciudades más violentas del país.

Hoy será más nítida la justeza de la apreciación de algunos analistas y de varios de los especialistas en criminalidad, que alertamos acerca de la salvaje estrategia aplicada en Juárez durante el gobierno de Felipe Calderón: Favorecer en todo y por todo al Cártel de Sinaloa.

La detención de Genaro García Luna puede develar en toda su dimensión dicha estrategia, aplicada con el pleno conocimiento de las agencias del gobierno norteamericano. 

Se trataba, decían en aquellos aciagos días, de “ayudar” a que ganara uno de los grupos criminales -el Cártel de Sinaloa- para, una vez destruido su adversario, el Cártel de Juárez, poder dirigir todas sus baterías al grupo prevaleciente.

Pero resulta que tal estrategia la aplicaron en todo el país. El grupo criminal que aparentemente dirigía El Chapo Guzmán se convirtió en el principal adversario del resto de ellos en todo el país. Así, en Tijuana la rivalidad fue con lo que quedaba del Cártel de los Arellano Félix; en Tamaulipas se enfrentó al Cártel del Golfo; en Morelos y Guerrero a los Leyva Beltrán, etc.

La bomba desatada con motivo de su detención puede poner al descubierto que, aprovechándose de tal estrategia -si es que fuera tal-, García Luna se benefició directamente de ello, junto con un indefinido e indeterminado número de funcionarios federales y estatales pues solamente con esa participación es como puede entenderse la creación de las vastas e intrincadas redes del crimen organizado.

Las declaraciones de El Chapo Guzmán, las de varios de los testigos protegidos y las que haga García Luna, pueden desembocar en el señalamiento en contra de los ex presidentes Fox y Calderón y algunos de quienes los acompañaron en la función pública.

De la probable responsabilidad del ex presidente Calderón dan cuenta las declaraciones de Javier Herrera Valles, el ex responsable de la Operación Coordinada Michoacán, puesto en marcha en diciembre de 2006: “Calderón tenía conocimiento de las imputaciones, de todas las arbitrariedades que estaba cometiendo Genaro García Luna y por vergüenza no debería dar declaraciones para defenderlo”. (Entrevista con Carmen Aristegui, 12/XII/19).

Pero, más allá de las implicaciones político-electorales, las que se generen en el ámbito policiaco y jurídico pueden convertirse en -ojalá- el shock que el sistema político mexicano necesitaba para afrontar con éxito la gravísima crisis de inseguridad que padece el país, en la que la degradación social, generada por el crimen, amenaza con llevarnos al abismo.

De ahí que deba precisarse el indudable papel protagónico que por desgracia jugó Chihuahua, y en él, destacadamente, Juárez, durante el período en el que Genaro García Luna fue el hombre más poderoso en materia de seguridad pública en México.

Si bien todos los grupos criminales en el país sufrieron un salvaje y descomunal ataque del Cártel de Sinaloa, la principal rivalidad se dió en Juárez. 

Durante aquel periodo se presentaron en Juárez el mayor número de homicidios en el país (10 mil 672 personas asesinadas en el sexenio de Calderón, (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 12/XII/19) a pesar de la presencia de miles de elementos de las fuerzas armadas y la policía federal. O precisamente por ello.

Las cifras de detenciones -incluso presumidas por el mismísimo García Luna y varios de sus más cercanos colaboradores- ilustran claramente la existencia de tal estrategia, (acabar con uno de los grupos, coincidentemente siempre el opuesto al de Sinaloa) la que, incluso, fue presumida en varios de los informes que daban los jefes de las fuerzas policiacas federales, todos bajo el mando del poderoso Secretario de Seguridad Pública de Calderón, y antes, en el gobierno de Vicente Fox, Director de la Agencia Federal de Investigación, los dos cargos directamente involucrados en el combate al crimen organizado.

En esa época se dio a conocer que “El Diario encontró que en el documento titulado ‘Detenciones relevantes en Ciudad Juárez al 31 de julio de 2011’ se informa ‘que, de los 357 aprehendidos que dijeron pertenecer a alguna de las organizaciones criminales que se disputan Juárez, 288 eran integrantes del Cártel de Juárez o La Línea, mientras que sólo 69 pertenecían al Cártel de Sinaloa”.

Las evidencias de tal favorecimiento aparecían por todas partes: “El comisionado de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas, dio a conocer que del 5 de abril de 2010 al 3 de octubre de 2011, elementos de esa corporación detuvieron en esta frontera a 322 narcotraficantes y sicarios ligados al cártel de Juárez y a 86 del cártel de Sinaloa o Pacífico”. (Nota de Rubén Villalpando, La Jornada,  5/X/2011).

Un reporte de la Policía Federal indica que desde abril de 2010, cuando asumió la seguridad en Ciudad Juárez, fueron detenidos “221 supuestos integrantes del grupo denominado La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez que dirige Vicente Carrillo Fuentes, entre quienes se encuentra José Antonio Acosta Hernández, El Diego… Además han sido arrestados 62 integrantes de la banda Los Aztecas, también al servicio del cártel de Juárez”. (Ignacio Alzaga, Milenio, 8/II/11).

En contra parte, solo habían detenido, en el mismo período, a un total de 44 supuestos integrantes de “la agrupación autodenominada Gente Nueva y de Los Mexicles… A estos se les identifica con el cártel del Pacífico (Sinaloa) y como enemigos de La Línea y Los Aztecas”. (Ibídem).

La percepción de la existencia de tal favorecimiento también la tenía el entonces Cónsul General de Estados Unidos en Juárez, Raymond McGrath, que en un cable de comunicación oficial de 2009, “difundido por WikiLeaks y publicado por El Diario”, (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario de Juárez, 12/XII/19) informó que “La opinión generalizada es que el Ejército se siente cómodo permitiendo a los cárteles de Sinaloa y Juárez minar cada uno la fuerza del otro en su lucha por controlar la ‘plaza’ (con la consecuente teoría de que al Ejército le gustaría ver ganar al Cártel de Sinaloa)”.

La estrategia, sin duda, era dictada por el gobierno norteamericano (“Estrategia antinarco dictada por EU”, LJVF, El Diario, 14/VIII/2011), el que ahora no puede declararse ajeno a lo sucedido en México en más de una década:

En 2011, el influyente periódico norteamericano, The New York Times, informó de la existencia de un centro de inteligencia en una base militar mexicana, ubicada en el norte de México (Nota de Ginger Thompson, 8/VIII/11).

“Los agentes de EU no sólo aportan información e inteligencia, sino que RECOLECTAN INFORMACIÓN y PLANEAN OPERACIONES, y están elaborando la mejor manera de eludir las leyes mexicanas ¡ayudados, en esta tarea también, por las autoridades mexicanas!”

Más. “Estados Unidos ha entrenado a casi 4 mil 500 nuevos agentes de la Policía Federal y ha ayudado a intervenir las líneas telefónicas, a controlar a los informantes y a interrogar a los sospechosos”. Es decir, el cártel de Juárez no mentía cuando amenazó a los “gringos de la DEA”, en las bardas aparecidas en la capital del estado en aquella época.

Por todos lados aparecen las evidencias de la existencia de tal estrategia.

Tales informaciones coinciden con la opinión de Edgardo Buscaglia, quien afirmó que la apuesta del gobierno era consolidar a un grupo criminal. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 6/VIII/11).

“El Gobierno federal mexicano le está apostando a la consolidación de un solo grupo criminal, y no porque los funcionarios necesariamente reciban sobornos, sino porque están convencidos de que la consolidación de un solo grupo, por definición, va a bajar los niveles de violencia visible con alto impacto social. Entonces, ellos, en el caso de Chihuahua, le han dado a Sinaloa una luz verde”. (“Estrategia antinarco dictada por EU”, LJVF, El Diario, 14/VIII/2011).

Esta versión coincide con la que muy altos funcionarios del Gobierno federal de Calderón, en materia de seguridad pública, manejaron como eje central de su actuación.

De los beneficios de tal estrategia intentaron convencer hasta varios de los integrantes de la Mesa de Seguridad, instituida por el gobierno de Calderón a raíz de la masacre de Villas de Salvárcar, a los que pidieron se sumaran a la estrategia elaborada por los jefes de la seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón, que ¡Oh, extraordinaria coincidencia! empata con las acusaciones que ahora le hace el gobierno norteamericano a García Luna, de favorecer al Cártel de Sinaloa.

Pero esa estrategia permite la “institucionalización de una mafia en el poder”, aseveró Buscaglia, pues “te bajan los homicidios, pero la ciudadanía sigue cautiva, en su patrimonio y en su vida, de un grupo criminal que está controlando todos los resortes del poder”. (Ibídem). 

Ante realidades tan apabullantes, las preguntas brotan solas: ¿Por qué la droga fluye normalmente, independientemente de las batallas y masacres ejecutadas por los grupos criminales,  –y hasta mejor y más confiable en las calles de EU, como si nada hubiese pasado? 

¿Quién controla, de veras, el tráfico de drogas?

No son las únicas interrogantes, una de ellas es la de los extremadamente elevados niveles de impunidad: 

“De 5 mil detenidos por homicidio entre 2008 y 2011, sólo 426 resultaron con nexo con el narco y de ellos se desconoce cuántos han recibido condenas impuestas por un juez”. (Rolando Herrera, Reforma, 27/IV/2012).

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