La decisión del gobierno estatal de sustituir a los policías municipales por elementos estatales ha puesto en grave aprietos la vigencia del Estado de Derecho.

Por si fuera poco, la pugna entre el Estado y al menos cuatro de los seis municipios del noroeste en los que se les quitó el control a los agentes municipales, mantiene en jaque la seguridad en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Temósachic y Madera, con los policías de Nuevo Casas Grandes en huelga de hambre, en virtud de que se les pretende trasladar a la capital.

El Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, los ha tratado como si fueran personal de la dependencia estatal, ha amenazado con despedirlos y sustituirlos si no deponen su actitud y acciones.

La vulneración de la autonomía municipal no puede permitirse, la existencia de tal principio es base esencial de la división de poderes.

La situación se vuelve más complicada si se toma en cuenta que en esos municipios, señalados por la FGE como peligrosos, ni siquiera han repuntado los índices delictivos y si prevalecen las condiciones actuales en las cuales, ni los municipales asumen sus funciones, ni los estatales toman el pleno control por no tener a la mano la información y el conocimiento preciso de cada localidad, lo que en el caso de Nuevo Casas Grandes, según ha informado el alcalde, David Martínez Garrido, se ha disparado.

En tanto, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, sostiene que la toma del control por parte del Estado es legal. Dicha postura es insostenible, es la violación de la soberanía municipal, en una de sus facultades supremas como lo es la responsabilidad de la seguridad pública y la dirección de la policía municipal.

Preservar esa facultad es fundamental pues las policías municipales son las agrupaciones preventivas por definición, porque están bajo la responsabilidad del funcionario público más cercano a la población.

Peor aún, Peniche ha convocado a quienes desearan emplearse como policías municipales de esos lugares lo pueden hacer.

Sería la autoridad estatal la que les otorgaría las plazas ¡Válgame! Ahora resulta que hasta en eso pretenden sustituir a las autoridades municipales ¿Y quién pagaría los salarios de los nuevos policías municipales? ¿Tiene autorizado en el presupuesto de egresos tal pretensión, o le exigirían a los alcaldes pagarle a policías no contratados por éstos?

Además, el argumento de que las condiciones de inseguridad han crecido llevaría a que tomaran la misma decisión en Juárez y Chihuahua, municipios que muestran preocupantes incrementos en los homicidios, y sustituyeran a las policías municipales ¿Por qué no lo hacen?

Pues porque no existe el sustento legal para tomar este tipo de determinaciones por encima de la autoridad municipal, aún.

Llevemos las cosas al extremo, para ubicar la gravedad de lo realizado. Es como si presidente de la república simplemente enviara las tropas federales a sustituir a los agrupamientos de seguridad pública de una entidad y la orden de ser enviados, todos los elementos, a la capital del país, sin más argumento que “nos asiste la ley”, porque la situación se ha salido de control y sin notificarle al gobernador del estado.

Pues no. Bueno, hasta la propuesta de la ley de seguridad interna contempla un mecanismo para no dejarle al presidente de la república la facultad omnímoda de efectuar acciones como esa, menos con el marco legal vigente en el está obligado a pedir autorización al Congreso de la Unión, a petición de la autoridad estatal, para el envío de tropas y el establecimiento de un toque de queda, con la suspensión de los derechos constitucionales.

De ese tamaño es el actual conflicto entre un grupo de alcaldes y el gobierno de Chihuahua.

Pueden ser buenas las intenciones del Gobernador Corral pero deberán empedrarse con el irrestricto respeto al marco legal.