Chihuahua, Chih.

“La fosa común: Esa imagen de padres y madres removiendo la tierra a corazón abierto, con sus propias uñas, con la rabia, la impotencia y la tristeza a flor de piel buscando fosas es una síntesis de lo que se ha convertido este país. En una fosa común”: Marcela Turati, (La ira de México,  Debate, octubre 2016).

- Lo mismo en Chihuahua que en el país, la militarización de la seguridad pública amenaza en convertirse en uno de los peores yerros de la actual administración.
- Homicidios, feminicidios, desaparecidos, asesinatos de activistas y  periodistas; bandas criminales, impunidad y trata de personas, todos al alza.
- Nula capacidad para investigar, cero “inteligencia” para combatir al crimen organizado.
- Lo peor, cartuchos fabricados en México son los usados en la mitad de los delitos cometidos.

La profundización de la estrategia en el combate al crimen organizado, en especial el narcotráfico, cuyo eje central es la militarización de la seguridad pública tendrá, necesariamente, que tomar en cuenta el fracaso de la misma en Chihuahua, una de las 5 entidades lideresas en ello desde hace más de 18 años y que ahora, conforme al último balance realizado, ocupa el 4o lugar nacional en el número de homicidios cometidos en el primer trimestre del presente año. 

No obstante las modestas cifras en la reducción de los homicidios ocurridos en el país y en la entidad, éstos continúan, en lo que es un baño cotidiano de sangre, ante el cual la respuesta gubernamental es la misma que la asumida en el último medio siglo: Más militarización. 

Ahora se le suma el total abandono, en el actual gobierno federal, de la pretensión de contar con una fuerza policiaca civil.

La entrega de la seguridad pública a las fuerzas armadas, criticada por propios y extraños, entre ellos la ONU, es más que patente y más ahora en el que los distintos índices y mediciones arrojan un balance aterrador: No hay una estrategia adecuada para combatir la inseguridad en el país, particularmente la provocada por los homicidios y la elevada actividad de las bandas criminales.

Si en los sexenios anteriores teníamos la certeza de que usar a las fuerzas armadas como principal disuasivo -o como la principal arma- en el combate a las bandas criminales, para que sustituyeran a las fuerzas policíacas -civiles, con mandos civiles- era un error, hoy esa certeza se ha trocado en la plena zozobra ante la realidad de lo que en el pasado era una hipótesis: ¿Y si las fuerzas armadas fallan en esa tarea, qué defensa nos queda como sociedad frente a los criminales?

Y más ahora, ante las lúgubres cifras citadas por el Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, quien afirma que en el 20% de los homicidios cometidos en el país se usaron cartuchos ¡Fabricados en México! (Nota de Luciano Campos Garza, Proceso, No. 2372, 17/IV/22).

¿Quién tiene el monopolio de la fabricación de armas y cartuchos en México? Las fuerzas armadas.

Hay más. Según el mismo Fasci, en la mitad de los delitos cometidos en el país, en el que se usaron armas de fuego, éstas fueron disparadas con cartuchos con el mismo origen.

¿Quién investiga esto? ¿Cómo es posible que la institución más confiable para los mexicanos tenga fugas de esa dimensión, que nadie las observe y, mucho menos, las prevenga, las combata y las sancione?

No es cualquier cosa. En el curso del sexenio de López Obrador han ocurrido más de 120 mil homicidios. Quiere decir que a 24 mil personas las asesinaron con cartuchos bajo la custodia -supondríamos- de las ¡Fuerzas Armadas!

¿Qué pasa? ¿Quién las sustrae? ¿Quién las vende? ¿Quiénes son sus compradores?

Es terrible.

Tales datos, junto a los cada vez más frecuentes episodios en los que los elementos de la Guardia Nacional (GN) evidencian su nulo conocimiento y aplicación de las tareas policiacas pues agresiones cometidas por algunos de ellos, en contra de ciudadanos que no los agredieron, o que no estaban armados, como el del asesinato de Jessica Silva, o el del estudiante guanajuatense (cuyo asesino fue liberado por órdenes de un juez), ambos caídos por los proyectiles de soldados, que en lugar de seguir el protocolo de las fuerzas policiacas, actuaron con el de las fuerzas armadas.

Las evidencias de lo equivocado de esta estrategia aparecen por todos lados y, sin embargo, el presidente López Obrador insiste en poner bajo la jurisdicción de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la GN, lo que es una acción inconstitucional; que contraviene, además del mandato de la Constitución, los distintos tratados internacionales firmados por México.

En el país tal reforma transita con el rechazo del total de las organizaciones derechohumanistas, además del de las organizaciones internacionales, incluida la mismísima ONU.

Como el ex presidente Felipe Calderón, López Obrador arguye que no podemos sacar al Ejército de las calles porque no hay quien responda en materia de seguridad pública, por ello intenta legalizar una violación constitucional: Ceder legalmente la Guardia Nacional a la Sedena.

En ese sentido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó que, de mayo de 2019 a marzo de 2021, se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la GN, en los que fallecieron 94 personas. 

Las razones tales siniestros números las ubicó en “la falta de capacitación de los integrantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional –que integran en su mayoría la GN– para ejercer labores de seguridad pública, sumado a que desde 2019 –cuando se creó ese organismo– a la fecha sólo ha recibido capacitación 20% de sus efectivos, afirma la asociación civil Causa en Común”. (Nota de Patricia Dávila, Proceso No. 2375, 8/V/22).

“El 28 de mayo de 2021 venció el plazo que establece la ley para que los integrantes de la Guardia Nacional contaran con el certificado único policial. Sin embargo, hasta noviembre del año pasado sólo 21 mil elementos contaban con esa certificación. El Consejo Nacional de Seguridad amplió el plazo al 31 de mayo de 2024”. (Ibídem). 

¿Cómo podrán obtenerlo los restantes 140 mil -90 mil, más 50 mil que ingresarán al cuerpo- en dos años?

Del mismo modo, la asignación de elementos de la GN a las entidades acusa una gravísima deformación. 

Durante más de 15 años Chihuahua se ha ubicado dentro del grupo de las 10 entidades con el mayor número de homicidios, y de acuerdo a las estadísticas del gobierno federal (hasta marzo de este año, 6 mil 875) se ubica en el 4o. lugar nacional, sin embargo, sólo tiene asignados 2 mil 600 elementos, que contrastan con los 13 mil asignados a la CdMx (con 3 mil 999 homicidios), que se ubica en el lugar 12o. (Nota de la Redacción, El Diario, 13 Mayo 2022).

No es cualquier cosa lo vivido por los chihuahuenses. Ignacio Manjarrez, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, afirmó que “en el estado, de 2010 a marzo del 2022, han muerto como víctimas de la inseguridad 30 mil 106 personas”. (Nota de Ricardo Holguín,  El Heraldo de Chihuahua, 28/IV/22).

Los resultados de la gestión de la GN palidecen ante las sumas millonarias empleadas en ella y en el total de las fuerzas armadas. En particular se debe destacar que el presupuesto de la GN es de 60 mil millones de pesos, equivalente a los presupuestos de la UNAM y del IPN juntos. En tanto que el presupuesto, para el año 2022, del total de las fuerzas armadas, es de más de 230 mil millones de pesos, 9% más de lo aprobado para el año anterior y 80% más que en 2020.

Tanto las acciones legales y cambios legislativos, como las tareas entregadas a las fuerzas armadas contradicen los dichos presidenciales que más critican sus adversarios, aquellos de que en su gobierno se  aplicaría la máxima de que “abrazos y no balazos” en contra de  las bandas criminales, pues nunca, en la historia del país, se había desplegado tal fuerza militar, ni semejante proporción del presupuesto federal, para combatir al crimen organizado.

Quizá dos episodios revelen la magnitud del fracaso de la estrategia lopezobradorista en este tema: El del culiacanazo y el de la reciente huida del convoy militar en Nueva Italia, Michoacán, perseguido por decenas de delincuentes.

Mientras, ante la pretensión de detener -para extraditar- a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, el gobierno tuvo que ceder ante la fuerza social del Cartel de Sinaloa, que fue capaz de “tomar” la capital sinaloense, en Michoacán el ejército debió huir ante la certeza de que se encontraban en territorio “ajeno”, controlado por las bandas criminales.

Esa es la realidad, agravada por el hecho de que el gobierno federal no ha intentado, nuevamente, detener a Ovidio para extraditarlo a EU ¿Por qué, si ahora hasta el gobernador es de Morena?

¿Por temor a que le vuelvan a “tomar” Culiacán?

¿Y entonces?

La respuesta es una sola y es aplastante: El gobierno ha sido derrotado.

El asesinato de Debanhi Escobar lo ilustra mejor: Un feminicidio cometido en una zona controlada por los narcotraficantes y los criminales de la trata de personas (migrantes, mujeres y niños), bajo la complicidad -y la ineficacia- de autoridades estatales y a lo mejor federales.

Hoy, el país está lleno de fosas, sembrado de ejecutados, de mujeres violadas, desaparecidas o asesinadas, y de miles de cuerpos sin identificar; totalmente devastado en regiones cada vez mayores, con un tejido social destrozado.

Las cifras citadas por Juan Pablo Becerra son aplastantes: “De enero a abril de 2022, se han cometido en el país al menos 1 mil 940 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como ‘atrocidades’… Durante los primeros cuatro meses de 2022… se registraron al menos 150 masacres; 534 casos de tortura; 297 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; 246 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; y al menos, 117 asesinatos de niñas, niños y adolescentes”. (El Universal, 14/V/22).

“La impunidad de los delitos de alto impacto es del 90%, o más”. (Ibídem).

Ante esa realidad, las frases del presidente, en el sentido de que está obligado a velar por la vida, tanto de los soldados, como de los delincuentes son ciertas, pero no en el sentido de que las fuerzas bajo su mando no cumplan, ni hagan cumplir la ley.

Está obligado y en Nueva Italia, como en todo el país, su obligación será hacerle cumplir la ley a los grupos criminales; si no lo hace, nos faltará tiempo para arrepentirnos.

En ese sentido, su apelación a las frases bíblicas -“¿Y dónde está el Nuevo Testamento? ¿Dónde está el amor al prójimo? ”- será, solamente, un intento de manipulación religiosa.

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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)