La detención de una parte del selecto grupo de ex funcionarios más allegados al ex gobernador César Duarte (Javier Garfio, Gerardo Villegas y Ricardo Yáñez); la orden de aprehensión en contra de éste y de su último Director de Adquisiciones, el diputado federal suplente, Antonio Tarín, le han regresado al gobernador Javier Corral la confianza de muchos chihuahuenses.

No del todo. En tanto no se tengan avances tangibles del esclarecimiento del asesinato de la periodista Miroslava Breach, pesará sobre la actual administración la duda acerca de la posible concatenación de las detenciones y la orden de aprehensión, para disminuir la presión social y mediática en contra de su gobierno.

Sin duda alguna se trata de uno de los más memorables episodios en Chihuahua (quizá también en el país) en la larga lucha en contra de la corrupción gubernamental y de la clase política. No por ello se afirma que los detenidos sean responsables de los delitos que se les imputan, a lo que estarán obligadas las autoridades a acreditar. Aquellos gozarán de la oportunidad de echar abajo los argumentos de la Fiscalía.

Además, y no es un hecho menor, se pondrá en manos del Poder Judicial, tanto estatal, como federal, el esclarecimiento de una parte importante del ejercicio del presupuesto público de Chihuahua en el sexenio 2010-2016, así como la posibilidad de confirmar el supuesto saqueo al erario realizado por el grupo gobernante de ese período.

El golpe es en todo lo alto.

Se trata de una parte importante del grupo más compacto que gobernó Chihuahua.

Evidentemente tendrán -si se las demuestran- distintas responsabilidades. Javier Garfio fue Secretario de Obras Públicas en la primera mitad del sexenio de César Duarte y en la segunda, presidente municipal de Chihuahua; Gerardo Villegas fue Director de Administración de la Secretaría de Hacienda en la segunda parte (el fallecido diputado federal, Carlos Hermosillo ahí se desempeñó del 2010 al 2013); Ricardo Yáñez, se desempeñó como Director de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi) y Antonio Tarín, Director de Adquisiciones, sin duda, quienes atendían directamente las indicaciones del ex gobernador César Duarte.

Así como hemos ejercido la crítica a diversos hechos cometidos por el gobierno de Javier Corral, en especial su falta de congruencia con lo prometido en campaña y algunos de los rasgos apreciados en su incipiente gestión, es de elogiar que haya iniciado el proceso de poner a disposición de los tribunales a quienes gobernaron Chihuahua en el pasado reciente.

No se trataba de cumplir, sólo, una promesa de campaña, sino de elaborar sólidas acusaciones, capaces de resistir los argumentos de la defensa de los acusados y el análisis de los jueces.

Ahí estriba una parte de los riesgos que hoy llevan al gobierno de Javier Corral a colocarse en el filo de la navaja.

Primero, como lo asentamos arriba, por desgracia, el futuro de esos procesos penales estarán ligados al del asesinato de nuestra compañera Miroslava; segundo, que las acusaciones puedan ser desechadas por los tribunales, probablemente salgan avantes en el ámbito local y siempre estarán empañadas por la duda acerca de la imparcialidad de los jueces de Chihuahua; tercero, al llegar al ámbito del Poder Judicial Federal, estarán, permanentemente, en el mismo nivel de duda pues los yerros y parcialidades de los jueces federales no son pocos en el país.

Otro factor, ya presente, el de la tentación, a la que no se escapa ninguna de las dos fuerzas políticas involucradas en este asunto -PRI y PAN- de convertirlos en un tema estrictamente electoral. De ahí la preocupación a que vayan a actuar en función de lo que ocurra en ese ámbito, y ni siquiera en nuestra entidad.

Para ejemplo, ahí está el señalamiento del Gobernador Corral a propósito de las acusaciones en contra de los familiares de la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Las elecciones presidenciales ya están a la vuelta de la esquina.

Y ahí se ubica el gran problema de los priistas acusados de corruptos, o se apresuran a que sus procesos culminen cuanto antes, que lleguen al ámbito federal prontamente, ahora que están en la presidencia de la república, pues el manto protector no les alcanzará más allá de la noche del primer domingo de julio del 2018.

Ese día se concretará una certidumbre, el PRI no conservará el poder, ganará la oposición, es seguro, por eso el partido de Peña Nieto accedió a no otorgarle el fuero a Tarín.

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