Chihuahua, Chih.

Reavivar el episodio en la Sierra Tarahumara de hace casi seis meses, donde murieron en un accidente dos agentes de la CIA tras un operativo para desmantelar un laboratorio del Cártel de Sinaloa, le da sentido a la declaración del presidente Donald Trump del 15 de octubre en la Casa Blanca: las operaciones terrestres contra los cárteles de las drogas y, eventualmente, políticos que los protegen ya comenzaron.

No llegaron marchando tropas por la frontera, sino agentes de la CIA que salieron de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina, con experiencia en las guerras contra Al Qaeda y el Estado Islámico en Afganistán, Irak, Siria o Libia.

En este espacio publiqué el 21 de abril, dos días después del accidente, que la operación en la que habían participado había sido sin el conocimiento del gobierno federal.

Esto significaba que una parte importante del operativo había sido realizada de manera encubierta. El domingo 19 de abril sólo había trascendido que habían muerto dos estadounidenses, y al día siguiente, Katarina Szulc, una periodista canadiense especializada en la cobertura de los cárteles mexicanos, reveló que los estadounidenses eran agentes de la CIA estacionados en Monterrey.

Tenía una imprecisión relevante. No eran parte de la oficina en la capital de Nuevo León, sino que habían ingresado a México encubiertos, para reforzar esa operación.

Aquel episodio volvió al centro de la atención pública el sábado pasado, cuando el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fue detenido por la Fiscalía General acusado de traición a la patria, por no haber informado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como exige la Ley de Seguridad Nacional, de la cooperación en campo de agentes extranjeros.

En medio del debate público sobre la dureza de la acusación, el martes se filtraron los nombres de los dos agentes fallecidos y su hoja reciente de servicios: Richard Leiter Johnson III, del Ejército y exboina verde, que son fuerzas especiales, y John Dudley Black, capitán del Cuerpo de Marines. Ambos con experiencia en Afganistán.

La revelación de los nombres tiene un alto significado, aunque no se pueden plantear posibles motivaciones por desconocerse si la filtración vino de Washington, Chihuahua o la Ciudad de México.

Sólo trascendieron en México, lo que añade humo a la fuente de origen, lo cual llama la atención. Hasta ahora, la CIA no tuvo una postura oficial ni ha reconocido que Johnson y Black fueran sus agentes.

La CIA ha admitido pública, pero discretamente, a 140 personas de la agencia muertas durante su servicio, de las cuales 32 permanecen todavía sin ser identificadas.

Los nombres de su personal figuran como estrellas de bronce en su Memorial Wall, un muro de mármol en la recepción del cuartel general de la CIA en Langley, Virginia, a 15 kilómetros de Washington. Sólo en casos excepcionales, “la compañía” ha informado rápidamente de la muerte de uno de sus empleados.

La última vez fue el 28 de noviembre de 2001, cuando el entonces director de la CIA, George Tenet, informó de la muerte de un agente, tres días antes, durante un levantamiento de prisioneros talibanes en Afganistán. El primero fue la muerte de Richard Welch, jefe de Estación de la CIA en Grecia, que se volvió paradigmático.

El nombre de Welch y su cargo como jefe de la CIA habían sido publicados en varios medios estadounidenses y europeos, pero en noviembre de 1975, el periódico Athens News, que se editaba (ya no existe) en la capital griega, y Eleftherotypia, un diario griego de izquierda que cerró en 2014, publicaron su dirección en Atenas. El 23 de diciembre de 1975, al regresar de una cena en la casa del embajador, fue asesinado en la puerta de su casa por el grupo terrorista de extrema izquierda Organización Revolucionaria 17 de Noviembre.

Su muerte aceleró la aprobación del Acta de Protección de Identidades de Inteligencia en 1982, que hacía un acto criminal publicar su identidad deliberadamente, a fin de contener la difusión de nombres de los agentes de la CIA, que no pudo frenarse en su totalidad hasta que tras los atentados terroristas en Estados Unidos en 2001, el Congreso unánimamente pasó el Acta Patriota para combatir al terrorismo y crímenes financieros, que abrió la puerta para que quien revelara nombres de agentes en el mundo, pudiera ser juzgado en tribunales estadounidenses y terminar en la cárcel.

La revelación de las identidades de los agentes que murieron en la Sierra Tarahumara tiene una relevancia política-diplomática, sobre todo si la filtración fue de autoridades mexicanas, porque habrían abierto un nuevo frente de tensión diplomática, pero, sobre todo, de desconfianza por la ligereza con que abordan asuntos delicados que deberían mantenerse con confidencialidad.

De haber sido así, no se entendería el proceder mexicano, pese a que, como lo reconocen, fueron mantenidas en la oscuridad sobre la participación de los agentes de la CIA en territorio mexicano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no tenía conocimiento de los agentes, y no había tramitado su acreditación y la circunscripción territorial en la que trabajarían. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tiene registro de alguna autorización para que Johnson y Black pudieran internarse en territorio mexicano para fines de intercambio de información.

El Instituto Nacional de Migración reportó que no tenía información y registros de entrada de los agentes fallecidos, ni de los otros dos que participaron en la operación, cuyas identidades no se han revelado. El Centro Nacional de Inteligencia nunca se enteró de su presencia.

El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, de acuerdo con fuentes de primera mano, tampoco fue informado de su participación en los operativos de Chihuahua, que es un procedimiento para mantenerlo libre de cualquier acusación de haber violado leyes mexicanas, y fue enterado de lo que había sucedido por la muerte de los agentes.

Si no hubieran fallecido, no se sabe si la CIA le habría dicho en algún momento de sus operaciones encubiertas en Chihuahua, y probablemente el gobierno mexicano no lo hubiera sabido de no haberse dado ese accidente.

Cualquiera que haya sido la fuente de la filtración, el mensaje que queda es claro: el gobierno de Trump, como lo ha venido advirtiendo ante la inacción contra los cárteles y el andamiaje de protección e impunidad que crearon para los gobernadores de Morena y políticos en general, inició operaciones terrestres en México que no terminaron con el episodio en Chihuahua, sino que evidenciaron que lo que comenzó no se frenará.

*Publicado por El Financiero el 23 de octubre de 2026