El problema de gobernar, sobre todo para un grupo emergente, o llegado bajo el manto de impulsor de la democracia, es que cada momento, cada etapa de la gobernabilidad, cada decisión institucional y cada designación, se convierten en retos y pasos definitorios.

Estamos en uno de los momentos más críticos de la alternancia partidaria en Chihuahua; el peso de tal hecho recae en los hombros del gobernador Javier Corral. No se trata solamente de administrar bien los recursos bajo su responsabilidad, sino de efectuar la transformación democrática de las instituciones locales y del aparato gubernamental.

Que lo hagan, o no, es su responsabilidad, pero el hecho de que se asumieron como quienes podían hacerlo es incontestable, están obligados moral y políticamente a realizarlo.

La promesa de encarcelar al ex gobernador César Duarte y sus colaboradores llevaba implícita otra, la de intentar sanear la administración pública; erradicar la corrupción, porque por ese motivo, y no por otro, una buena parte de los chihuahuenses deseaba ver bajo proceso al ex mandatario porque, para muchos chihuahuenses, era el emblema de un régimen corrupto.

Pero lo anterior es una parte de los problema que padecemos: La degradación del entramado institucional, la pérdida de la institucionalidad y la severa falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones y los gobernantes.

Todo lo anterior viene a cuento debido a que, probablemente, en la próxima semana el Congreso del Estado designará al Auditor Superior del Estado, pues el actual, Jesús Esparza, ha presentado su renuncia, vigente a partir del 17 de febrero.

Incapaces de llevar las reformas democráticas a buen puerto, los gobiernos locales emanados del PRI han efectuado reformas acotadas, o de plano cuasi contrarreformas, cuando pueden.

Así ocurrió en el caso de la figura de la Auditoría Superior del Estado, no le otorgaron la autonomía necesaria, ni le concedieron más facultades sancionadoras, facultades que le permitirían a los auditores erigirse en una auténtica autoridad fiscalizadora del ejercicio gubernamental.

Peor, no ha habido en la historia moderna de Chihuahua un gobernante que haya escapado a la tentación de nombrar a alguno de sus ex colaboradores como Auditor Superior del Estado (ASE) y anteriormente como el Contador General de Hacienda.

Es una tentación harto explicable, ese funcionario es quien revisa las cuentas públicas de los gobernantes ¿Cómo dejar esa tarea, tan comprometedora, en manos de funcionarios capaces y, peor aún, imparciales?

A ese reto está enfrentado el actual grupo gobernante ¿Podrán, por vez primera, escapar a la tentación de nombrar a un panista distinguido, o a algún funcionario de clara filia blanquiazul, más o menos cercano al gobernador Corral?

Tema recurrente, vale la pena recrear lo asentado por el escribiente en las páginas de El Diario, desde los remotos tiempos del 2004, en los albores del gobierno de Reyes Baeza, para continuar con lo realizado por el gobernador Duarte, en abono de lo expresado por la dirección de El Diario, acerca de que no se negocia el contenido de este periódico.

El día de las elecciones estatales del 2004, el 4 de julio:

“Tema central de la transformación democrática de una sociedad es todo lo relacionado con el gasto público, la manera en que se elabora y se ejerce… ; por ello es moralmente inaceptable que el Contador Mayor de Hacienda del Congreso del Estado pertenezca al mismo partido del Gobernador, peor aún, que sea del mismo grupo político, o del grupo más cercano al titular del Poder Ejecutivo, como ha sido la historia reciente y la lejana, igual con priístas que con panistas”.

El 14 de agosto de 2005:

“¿Cómo esperar que quien encabeza la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, siendo del mismo partido y del mismo grupo del Gobernador del Estado, vaya a fiscalizar imparcialmente el ejercicio presupuestal de quien es no sólo su compañero y amigo, sino también, en alguna época administrativa, su jefe? Y lo mismo sucede para quien ejerza el cargo de Contador General del Congreso.

Ahora mismo ocupan esas posiciones personas respetables y trabajadoras. Minerva Castillo en la Comisión de Vigilancia y Sérbulo Lerma en la Contaduría, y éste último reconocido como un perito en la materia, sólo que tienen -desde la óptica ciudadana- un pequeño problema para ejercer esos cargos: Son denodados y leales militantes del PRI y en algún momento podrán encontrar conflictos de interés entre su militancia, sus quereres partidistas y su función actual.

Vamos, la vena democrática no da para tanto; pero aún y que sí lo diera, lo sano, lo democrático, lo mejor, es entregarle esa revisión a quienes integren un organismo profesional encargado de revisar técnicamente las cuentas públicas, capaz de emitir dictámenes imparciales de esos ejercicios, porque la historia es larga de las frecuentes maniobras de quienes han tenido mayoría en el Congreso para ocultar, minimizar y solapar incontables corruptelas”.

Sérbulo Lerma había sido designado Contador General de Hacienda, en octubre del 2004 con 23 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones. Luego, en junio de 2007, una vez aprobada la reforma que creaba la ASE, fue nombrado Auditor Superior con el voto de 23 diputados, entre los cuales se contó a dos del PAN (Según informara Jaime García Chávez, a la sazón diputado local por el PRD), por 9 votos en contra.

El 10 de julio de 2007, esto escribimos: “El ahora Auditor Superior del Estado, Sérbulo Lerma, es, no hay duda de eso, un hombre experimentado en la revisión de las cuentas públicas, ha trabajado en esa área -con algunas intermitencias- en los últimos 12 años y ha ocupado diversas carteras en la extinta Contaduría General del Congreso…

Sin embargo, cuenta con un antecedente que a juicio del escribiente (con el que guarda una amistad derivada del trato profesional) lo hacían inelegible para ese cargo: Su activísima militancia en el PRI y su más activa participación en la campaña electoral del ahora Gobernador de Chihuahua”.

Destituido Lerma -prácticamente- nos preguntábamos, en noviembre del 2011, si la designación del nuevo auditor sería igual que siempre: “¿Para qué encubrir con mentiras, o verdades a medias, lo que son -debieran ser- actos legítimos y legales de las autoridades respectivas? ¿Será porque no es cierto el argumento esgrimido por el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Sepúlveda Reyes, (hoy magistrado del Tribunal Superior del Estado) acerca de que la renuncia de Sérbulo Lerma a la Auditoría Superior del Estado tiene como razón los problemas de salud de éste, derivados de las secuelas de un accidente automovilístico sufrido a principios del año anterior?

… Como siempre, hay dos opciones, o se pliegan (los diputados de oposición) a los deseos del grupo gobernante, o del mandatario en turno (¿hará César Duarte lo mismo que sus antecesores?) o deciden, en conjunto con los legisladores priístas, nombrar a un profesional que reúna todos los requisitos y goce de la confiabilidad primordialmente, no de los partidos o de uno en especial, sino de la sociedad. Es decir, alguien que sea ajeno a cualquiera de ellos, o que su capacidad y desempeño profesional lo ponga lejos de las filias y fobias de ellos”.

Un mes después tuvimos la respuesta.

“La designación de Jesús Esparza como auditor superior del Estado es una verdadera derrota de la sociedad chihuahuense. Lo es aun más debido a que fue elegido prácticamente por unanimidad por el Congreso del Estado. Más allá de las capacidades profesionales del nuevo funcionario… cuenta en su haber una desventaja mayor, por lo menos desde el punto de vista de quienes deseamos ver un trabajo profesional y alejado de los partidarismos, y esto es la cercanía con el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Y si la designación de uno de los cercanos al gobernador César Duarte, para que revise el ejercicio de los recursos públicos puestos bajo su responsabilidad, es deplorable, más lo es la conducta de los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado, especialmente la del Partido de Acción Nacional, que votó a favor del ahora ungido y cuyo líder, Héctor Ortiz, argumentó como válido para votar a favor el hecho de que ‘sería de las confianzas del gobernador del Estado’, razón por la cual, dijo, adquiría una doble responsabilidad.

De este modo, culmina un nuevo golpe a la débil autonomía del organismo fiscalizador de las cuentas públicas, que se suma a los cometidos en el pasado, sólo por el elevado temor de los gobernantes a sufrir un escrutinio imparcial, profesional, apartidista, del ejercicio del erario estatal, y al no existir esto quien ve vulnerados sus derechos es la sociedad toda”.

Si desechamos las supuestas “filtraciones” periodísticas, que dan cuenta de las especulaciones acerca de quien puede ser el nuevo auditor, lo cierto es que el nuevo grupo gobernante está frente a un nuevo episodio que le permitirá asemejarse a sus antecesores o, por el contrario, diferenciarse.

Si así lo hiciere, sería uno de los hitos más importantes del gobierno de Javier Corral.

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