Chihuahua, Chih.
Lo hemos dicho siempre: publicar -con su correspondiente actualización- una colaboración editorial escrita hace ya varios años (2008), acerca de la inseguridad pública en México, es sinónimo de que esta problemática no solo sigue vigente, sino además, crece exponencialmente día con día.
Más aún, cuando las autoridades policiacas -de los tres niveles de gobierno- afirman que los altos índices de criminalidad no rebasan la capacidad de las instituciones de seguridad pública. Sin aceptar que en ciertos casos, la actividad delictiva tipifica el delito de terrorismo.
Citemos la definición penal del terrorismo: “el uso de armas de fuego o por cualquier otro medio violento en contra de las personas, que produzca temor o terror en la población, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.
Luego, los recientes acontecimientos del ‘culiacanazo’ y la matanza de los LeBaron, constituyen, sin duda alguna, sendos actos de terrorismo y, por lo tanto, su investigación es competencia exclusiva del Ejército o de la Guardia Nacional.
Al respecto, la mayoría de los estudiosos del terrorismo coinciden en que esta actividad constituye una amenaza para la seguridad e integridad de los Estados, porque los grupos terroristas actúan “con la finalidad de desestabilizar a los gobiernos, socavando a la sociedad civil en detrimento del desarrollo socio-económico de los Estados”.
A su vez, varios analistas económicos coinciden en que “la inexistencia de estrategias mundiales para combatir la pobreza y la ausencia de una verdadera cooperación internacional, ha provocado que la humanidad siga acumulando contradicciones que fomenta la llamada ‘implosión social’, es decir, el crecimiento de la marginalidad, de la delincuencia, de la drogadicción, de la violencia, del vandalismo, y de la criminalidad juvenil”.
En México, a diferencia de otros países, a la actividad de los grupos del crimen organizado se le clasifica como un terrorismo de ‘tipo casero’ (porque la lucha entre cárteles no rebasa el territorio nacional); sin embargo, tal circunstancia no resta efectividad alguna a sus actividades, al lograr socavar -durante las dos últimas décadas- la eficiencia de las instituciones policiacas a tal grado, que las narco-ejecuciones son noticias cotidianas; y su reseña ocupa espacios de primera plana en la mayoría de los medios de comunicación.
Incluso, el impacto negativo de la narco-cultura predomina en la sociedad mexicana a través de series televisivas que enaltecen la actividad criminal; en la que, “paradójicamente, la víctima política (el Estado mexicano) nada hace para contrarrestar la promoción de los valores del modus vivendi de los capos”.
Hace unos días, el senador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que “si el delito se está convirtiendo en una delincuencia transnacional, multinacional, (debería existir una) cooperación entre todos los países para contenerla y para que la frontera de estos países no sea motivo de impunidad”.
Cooperación que debe darse solo “a través de colaboración de inteligencia, colaboración de información… (con la) colaboración de este tipo de mecanismos, que existen en todo el mundo, podamos ser más eficaces en el combate a la delincuencia”. Es decir, excluyendo cualquier intervención de fuerzas extranjeras.
Recordemos que hace varios años España suscribió un Acuerdo Nacional con el propósito de acabar con el terrorismo, cuyos puntos más destacados son:
a) El terrorismo es un problema de Estado.
b) La violencia es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática; y
c) No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse legítimamente en una democracia mediante coacciones o asesinatos.
Yo me pregunto: ¿Hasta cuándo el Estado Mexicano reconocerá que ciertos hechos cometidos por grupos de narcotraficantes, tipifican actos de terrorismo? ¿México es, hoy en día, una narco-partidocracia?
