Chihuahua, Chih.

Seguramente a más de uno lo sorprenderá saber que el gobernador Javier Corral rinda el día de hoy -apenas- su tercer informe de gobierno y en poco más de un año culmine su gestión.
Así es por las reformas impulsadas por el ex gobernador César Duarte, de tal modo que el próximo año, el gobernador Corral rendirá su cuarto informe el primero de marzo y el quinto, el primer viernes de agosto, para entregar el cargo el ocho de septiembre.
No tiene el mejor de los escenarios al llegar al último quinto de su gobierno; la inseguridad, los apretones financieros, los recortes presupuestarios federales, las torpezas políticas cometidas, tanto por su equipo, como por él mismo; la extendida percepción ciudadana de que su gobierno es un fracaso; el alejamiento de la gente; también de las principales cosas que prometió que realizaría, entre ellas la detención del “vulgar ladrón”, la de la transparencia y la de austeridad de su gobierno, se le revierten a cada momento.
Se le complicó todo para la que esperaba fuera una etapa festiva de su administración. Justamente a unos días de su informe se inició el juicio oral del presunto autor intelectual de la periodista Miroslava Breach, Juan Carlos Moreno Ochoa (El Larry), que ha develado la existencia de las muy preocupantes relaciones de algunos funcionarios gubernamentales con integrantes del crimen organizado.
En busca de explicaciones a la errática conducta de Javier Corral al frente del gobierno de Chihuahua, contraria en muchos aspectos a la de su vida política previa, el columnista Alberto Nájar aporta su propia versión.
Corral perdió el piso, afirma, basándose en la más reciente reyerta del mandatario chihuahuense con una reportera, Lucy Sosa, de El Diario.
Nájar lo describe y lo cataloga como el político respetable que se extravió en el camino y se convirtió en la causa que detestaba.
A Javier Corral Jurado muchos periodistas lo consideraban un aliado, escribe. “Todo se perdió cuando se convirtió en gobernador de Chihuahua. El panista progre, invocador de tolerancia y respeto a los derechos humanos se convirtió en la causa que despreciaba. Sabía que Miroslava Breach enfrentaba serias amenazas de muerte, pero poco hizo para protegerla”.
“Javier Corral perdió el piso. Con su actitud no sólo incumple el perfil político y personal que se creó, sino que como mandatario pone en riesgo a quienes ejercen el periodismo crítico en una de las regiones más violentas del país”.
Y llama la atención sobre una de las consecuencias del juicio en contra de Juan José Moreno Ochoa (El Larry). “Lo que se difunde en el juicio por el asesinato de Miroslava es muy grave, y se profundiza el peligro a quienes lo difunden con los desplantes del gobernador. Como periodistas lo que cabe es publicar, hacer visible lo que sucede en Chihuahua”.
En tanto, la obra pública no aparece y el manejo de las finanzas públicas es un verdadero desastre.
Para pagar la deuda pública, la más alta del país, ha dejado de lado la inversión y programas sociales. Decidió optar por el pago de pasivos, los que pasaron del “17.6 al 20.6 por ciento en la proporción de los ingresos…”. (Nota de Sandra Rodríguez Nieto, El Diario, 20 Junio 2019).
Las consecuencias de esta política financiera no son difíciles de adivinar. A lo largo de la gestión de los amanecidos, el rasgo predominante ha sido el de la falta de dinero para hacerle frente a los pagos de maestros, médicos, personal de salud, policías, agentes ministeriales, jubilados y pensionados, etc.
Según esto, opuesto a contratar más deuda, recurrió a la contratación, prácticamente sin brújula, de la deuda de corto plazo, que asciende al orden de los 3 mil 600 millones de pesos.
Ilustra el desastre financiero de la actual administración, el hecho de que en el último año de gobierno de Duarte, el 2016, el presupuesto de egresos ascendió a 62 mil millones de pesos.
Cuatro años después, el del presente año, asciende a los 78 mil 376 millones de pesos ¡Un 25% superior al de aquel año!
¿Y entonces?
Tal ineficacia explica la malhadada noticia proporcionada por la empresa calificadora HR Ratings, la que ha pasado la perspectiva del estado de “estable” a “negativa”, debido al “crecimiento de la deuda de corto plazo”. (Nota de Sandra Rodríguez, El Diario de Juárez, 28 febrero 2020).
Son pésimas noticias para el gobierno del amanecer, porque dada la inercia del manejo de sus finanzas deberá recurrir nuevamente, por lo en menos dos, o hasta en tres ocasiones, al endeudamiento de corto plazo y, probablemente, a la renegociación de una parte de la actual, con la desventaja de que lo hará a tasas crediticias más altas que las actuales.
Además, enfrentarán otro problema, casi irresoluble: De acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera las deudas de corto plazo de las entidades en las que se celebren procesos electorales para renovar los gobiernos estatales, deberán liquidarse al menos tres meses antes de que concluya la administración.
Es un verdadero problema, pues la deuda de corto plazo, a diciembre del año pasado, “fue un 35 por ciento mayor que el mismo concepto al finalizar diciembre de 2018, como muestran los respectivos Informes Analíticos difundidos por la Secretaría de Hacienda estatal”. (Ibídem).
Es decir, el gobierno de Javier Corral deberá pagar el total de la deuda de corto plazo a más tardar el 1o de junio del próximo año ¿De dónde obtendrá ese dinero y, además, solventar el déficit presupuestario que en lugar de disminuir ha aumentado?
Pero no hay problema, meses atrás anunció un ambicioso Plan de Inversión, en el que emplearía cerca de 20 mil millones de pesos en una larga lista de obras, muchas de las cuales ya habían aparecido en listas de los años anteriores y que, dadas las condiciones de las finanzas estatales no se ve, por ningún lado, su viabilidad.
A la complicadísima situación financiera, deberá sumársele la de la seguridad pública.
No obstante el paso de tres administraciones estatales, dos emanadas del PRI, (Reyes Baeza y César Duarte) y la actual, Javier Corral, del PAN, y las federales correspondientes, la del panista Felipe Calderón, el priista Enrique Peña Nieto y la actual, de López Obrador, Chihuahua se ha mantenido en los primeros lugares nacionales en el número de homicidios.
Chihuahua, Guerrero y Michoacán aparecen recurrentemente entre las entidades con el mayor número de homicidios.
¿Quién puede explicarnos la razón por la que en Chihuahua, si permanentemente ha permanecido, desde 2008, en esos sitios de criminalidad, no se ha lanzado una operación especial, global, multidisciplinaria, con la consiguiente aplicación de todas las estrategias, derivadas del arsenal proporcionado por la inteligencia, para desarticular las redes criminales?
En cuanto a los feminicidios, la entidad se colocó en el lugar 11 del país, con una tasa de 1.52 por cada 100 mil mujeres al cierre de 2019, que es una disminución frente al período anterior y que puede deberse, sobre todo, al hecho de las resistencias para calificar de feminicidios muchos de los asesinatos de mujeres.
Un año atrás, Chihuahua alcanzó la mayor tasa de violación sexual en el país, de 26.75 casos por cada 100 mil habitantes, la más alta de todo el país, según datos nacionales comparativos, presentados por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC).
Lejos de las triunfales frases del gobernador, en los mensajes que con motivo del 3o. Informe se difunden por radio, televisión y redes sociales, Chihuahua es noveno lugar en el robo de autos. (Nota de Pável Juárez, El Diario, 18 de diciembre 2019).
Hasta esa fecha, se habían presentado en Chihuahua “cuatro mil 161 robos de vehículos en la entidad, cifra que coloca a Chihuahua apenas por encima de Guanajuato y Veracruz”.
Pero si se le catalogara por la tasa de 100 mil habitantes, la entidad ocupa el “sexto lugar con un índice de 110.5 automóviles robados por cada 100 mil habitantes, por encima de la media nacional que es de 109.3”. (Ibídem).
Corral presume una disminución de un conjunto de delitos. Entre éstos se encuentra el del robo de vehículos, que efectivamente disminuyó en 7.1%, pero lejos de la media nacional que bajó un 16.2%.
El mandatario chihuahuense llega a su 3o. Informe como uno de los cinco peor calificados por sus gobernados.
De aquel Javier Corral comprometido -en el discurso- con la vigencia del Estado de Derecho y la división de los poderes republicanos, no queda nada, el más reciente episodio, el del desafuero del magistrado Jorge Ramírez (nombrado por el Congreso duartista, en el proceso que dijo Duarte “oxigenaría” al Poder Legislativo) lo muestra tal cual.
El Fiscal Peniche presenta ante el Congreso la acusación de enriquecimiento ilícito y solicita el desafuero para lograr que lo enjuicien. El Congreso recibe la solicitud, nombra la Comisión Jurisdiccional, ésta abre el expediente, recibe las pruebas y testimonios de las dos partes. Ramírez se defiende ahí y la Comisión no encuentra elementos que hagan presumir la comisión de delito.
Elabora un dictamen en ese sentido. Lo presenta al Pleno del Congreso, son más de 3 mil 500 páginas, los diputados de la Comisión y sus asesores se pasaron semanas estudiándolo. La mayoría de diputados vota contra el dictamen, sin conocer el expediente, se erigen en jueces que no necesitan conocer los hechos, ni ver las evidencias.
¿Y entonces para qué eligieron una comisión? ¿Para qué elaboró ésta un dictamen si al final se trata de cumplirle al gobernador para que pueda llegar al informe presumiendo haber desaforado a uno de los más allegados al “vulgar ladrón”?
Gravísimo. Intentarán justificarlo por la relación con el ex gobernador, pero nada justifica la grosera violación de la legalidad vigente.
Cualquiera que se oponga a los designios de quienes gobiernan puede ser su siguiente víctima.
Por desgracia, quienes podían ser el contrapeso del gobernador Corral, los diputados de Morena, por lo menos en el Congreso del Estado, se han sumado alegremente a las acciones del nuevo amanecer.
Dan pena. Miren la justificación en voz del diputado Miguel Colunga: “Consideramos que el desafuero evitará la persecución política, debido a que el magistrado hará una defensa desde la voz de un ciudadano y no la de un funcionario público”.
¡Que alguien les diga que para eso existe el fuero, para evitar que el titular del Poder Ejecutivo haga trizas la división de poderes!
¿Así que desaforado el magistrado ya no será objeto de “persecución política”? ¿Entonces, el diputado Colunga acepta que sí existe la persecución en contra del magistrado?

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