Chihuahua, Chih.
Desde la ciencia política, la definición de Hurto Famélico (Víctor Manuel Alfaro Jiménez, UNAM. Derecho Penal), es el “Apoderamiento ilícito de alimentos para poder paliar una situación desesperante de hambre y procediendo como consecuencia de la inanición”.
El tratadista Luis Jiménez de Asúa lo califica de “un hurto producido por un estado de necesidad, cuyo fundamento es la propia sobrevivencia del agente.”
Para algunos códigos penales y legislaciones se trata de un delito atenuado, no así para el estado de Chihuahua, donde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se permite gastar miles de pesos en judicializar y llevar a juicios casos de esta naturaleza por montos risibles para demostrar no sé qué cosa, de verdad si usted que me lee me ayuda a entender, le voy a agradecer porque no encuentro justificación al caso que ahora se le denomina “el juicio de la mantequilla”.
Edith es una mujer que fue acusada de robar queso y mantequilla (sin que el MP pudiera acreditar el supuesto ilícito) con un monto equiparable a los ¡57 pesos! Y tras ser presentada ante las autoridades, su caso fue judicializado haciéndole cargar al erario los onerosos costos de un juicio y a ella, el descrédito social de ser acusada de ladrona cuando ser madre jefa de familia, con hijos en edad escolar y pobre no fuera suficiente obstáculo para el pleno desarrollo en la vida de una mujer, que además es estudiante de derecho, estudios que seguro se vieron afectados y el futuro ejercicio de su profesión también por eventualmente contar con antecedentes penales.
Pero el Supremo se nos puso aleccionador y las pobres siempre son sacrificables cuando alguna entidad se pretende lucir.
Porque eso es el robo famélico, criminalización de la pobreza pura y dura.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha planteado que este tipo de incidentes (porque no son delito) deben revisarse de forma similar a la legítima defensa y de que algunos códigos establecen que no es sancionable cuando no hay violencia de por medio o por definir estado de necesidad, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en el país existen aproximadamente 7 mil personas en prisión por este motivo, de las cuales el 90% son mujeres en su mayoría madres solteras sin empleo.
Porque a la criminalización de la pobreza, se suma la feminización de la pobreza.
El motivo de la permanencia de las personas en prisión o que se les sujete a procesos en los que no puedan gozar del principio de igualdad procesal es que precisamente son de escasos recursos y no pueden garantizarse una adecuada defensa ni pagar las onerosas fianzas que implica el delito de robo simple.
Otra, es que la política de muchos establecimientos que denuncian para desalentar el robo hormiga (que no distingue del robo por hambre) es negar el perdón y así, miles de mujeres están presas por llevar una cartera de pollo, fruta o pan a sus familias; política a la que se suma el TSJ al enjuiciar a una mujer que supuestamente “robó” queso y mantequilla (reitero que el MP no pudo acreditar el hecho) a pesar de los altísimos costos que le implican al erario en juicios que son perfectamente impugnables y en los que nuestros tribunales van a perder.
Por otro lado, no se puede dejar de lado el contexto local.
La violencia de género va creciendo y no hay acciones que la contengan, la gran deficiencia que evita que la política de género prevalezca y a su vez genere una transformación social es precisamente la falta de acceso a la justicia; desde la prevención porque en el ámbito municipal (específicamente la alcaldesa Maru Campos) ha sido por demás omiso a garantizarle seguridad a las mujeres y ha esgrimido una suerte de persecución a las jóvenes y grupos que así se lo hacen notar, como cuando de manera reiterada en redes sociales le han cuestionado una y otra vez que no detenga a los violadores seriales a pesar de tenerlos plenamente identificados y al contrario, las mismas herramientas técnicas (cámaras) que usa para pretender amedrentar a activistas, no las ha puesto a disposición de Fiscalía del estado para las investigaciones que bien podrían ahorrarle a las chihuahuenses la penosa necesidad de caminar con miedo en las calles.
Pero es cuestión de voluntad política y ella no la tiene para las que habitan su municipio.
Nota aparte es el Poder Judicial, que al principio pintó para ser uno de los de mayor avanzada en el país está viendo opacadas sus buenas intenciones con el escándalo de la mantequilla y para salir del entuerto eligió la menos decorosa, la peor, la que está en la puerta de atrás, al no solo ridiculizarse judicializando un caso que no debió ser caso, para empezar porque en medio del infierno que implica ser mujer en este estado, en voz (o muro) de una de las miembros del Consejo de la Judicatura fue publicado que se “otorgó el perdón” a una mujer a la que deberían analizar repararle el daño de inmediato por todo el daño que el Estado le provocó al someterla a un proceso sin perspectiva de género, humanidad y tortura, al inculparla de un delito que el mismo ministerio público no tuvo capacidad de demostrar su existencia.
Cuando la aspiración de que la justicia en el estado tuviera al fin posibilidad de ver una perspectiva desde lo femenino para entender nuestra realidad, sacrifica mujeres (como si no fueran suficientes las niñas y mujeres asesinadas en el estado) para escarmiento de todas las demás.
Porque si a ella la procesan por un miserable queso, vean lo que les puede pasar si las estatuas me vienen a rayar.
Mas fascistas que Maru Campos y eso que otrora, eran “de izquierda”.
marielacastroflores.blogspot.com
@MarieLouSalomé
