Chihuahua, Chih.

En el caso de María Eugenia Campos y los demás implicados en la nómina secreta de César Duarte -qué estarían rebasando el número de 100-, el pueblo de Chihuahua espera que el nombre de la “Justicia” se escriba con mayúsculas, que la ética y el derecho aplicables se ejerzan de manera plena. 

Esto significa sustantivar la justicia, es decir, convertirla en un sustantivo que por sí mismo haga prevalecer la ética y el derecho. 

Pero, habrá que preguntarse: ¿Si en la actual coyuntura electoral, atravesada por múltiples intereses de poder, es posible que en el caso de Campos y los demás implicados en la nómina secreta, se ejerza la justicia de manera sustantiva? 

Lamentablemente, lo que tiene lugar es la presencia de una adjetivación de la justicia. 

¿En el caso de María Eugenia Campos y de otros beneficiarios de la nómina duartista, de qué maneras se ha adjetivado la aplicación de la justicia? 

¿Cuáles son los adjetivos que merodean la aplicación de la justicia, que dan lugar a la puesta en marcha de una serie de mecanismos que debilitan y/o impiden la aplicación sustantiva de la justicia?

Queda claro que la aplicación de la justicia va más allá de los márgenes de lo jurídico, y se instala en lo ético, lo político y lo social.  

La justicia tiene componentes jurídicos, éticos, políticos y sociales, que son sumamente problemáticos y que conducen a debates interminables. 

La justicia es un asunto humano, demasiado humano, que a veces resulta luminoso, que otras veces resulta oscurecido y, que puede desplazarse entonces por un territorio claroscuro. 

Lo que se observa en este caso, es una luminosidad oscurecida de la justicia que resulta desconcertante. 

En el caso específico que se comenta, lo que llama la atención son: 

A) las maneras de des-sustantivar la aplicación de la justicia y; 
B) las maneras de construir una serie de adjetivaciones en torno a la aplicación de la justicia, que están atravesadas por un conjunto de intereses de poder que resultan cuestionables: 
- Intereses de poder de los panistas que tratan de olvidarse de la corrupción duartista que recae sobre Campos y que impulsan su candidatura a costa de lo que sea.

-  Intereses de poder de Javier Corral y sus cercanos, que buscan juzgar una parte de la corrupción duartista, no toda la corrupción duartista en su conjunto, y  que buscan a su vez,  impedir la candidatura de Campos para posicionar alguna(s) otra(s) candidatura(s). 

-   Intereses de poder de los militantes de Morena que pretenden juzgar al duartismo para descarrilar la candidatura de Campos y posicionar la candidatura de Juan Carlos Loera al gobierno del estado, pero que se olvidan de la participación de Cruz Pérez Cuéllar y Armando Cabada en la nómina duartista.  

Queda una pregunta por responder: ¿Al final de este caso, cuáles son los intereses que prevalecerán en el ejercicio de una justicia que de una u otra forma terminará siendo cuestionada, que tiene lugar en un contexto en el que la corrupción y la impunidad se han convertido en un viacrucis histórico para el pueblo mexicano -y  chihuahuense-? 

En este caso se hace presente una sentencia lapidaria para todos los implicados en la nómina duartista: 

El que esté libre de piedras que se haga cargo de sus propias responsabilidades y sus propias culpas…