Chihuahua, Chih.

La palabra proselitismo tiene una noción vinculada a las prédicas de diversas religiones. Básicamente consiste en convencer a las personas de convertir sus creencias o puntos de vista a otras ideologías; un prosélito es alguien incorporado a una religión o un partidario político. 

En lo electoral, es la intención de inducir a las personas a modificar sus preferencias políticas. Lo que conduce a considerar al proselitismo como práctica legítima, pertinente y que ha acudido a la norma social como una forma de convivencia en un sentido mas amplio que el de creer y poner en práctica la fe.

Una cosa es el proselitismo religioso y otra, el activismo religioso. 

Desde hace unas décadas, gracias a la crisis de la fe y del monopolio de los dogmas, las iglesias católica y evangélica han venido insistiendo en suscribirse políticamente y tener incidencia en distintos gobiernos a los que les “da la bendición” y le hace la guerra a los que desde el púlpito o el altar dibujan como una amenaza para la vida como la conocemos; términos como “valores” y “virtud” encabezan sus discursos sin cuestionar ni un ápice cuáles son los valores que suscriben y si éstos, tienen pertinencia a los tiempos en que vivimos y los problemas sociales que nos aquejan. 

No es un fenómeno exclusivo de nuestro país, es latinoamericano y cada estado, responde de acuerdo a su realidad y condiciones.

La duplicidad de posiciones de estos grupos -como institución religiosa y como actores políticos- bien ha sabido permear construyendo un antagonismo que les coloca en una posición siempre de confrontación con grupos que se conjuntan en la lucha feminista y de la diversidad sexual, además de extenderse a la sociedad civil a través de grupos que asumen el proselitismo religioso como forma de activismo, por una cuestión esencial: en las personas es un derecho que se suscribe a la conformación de ciudadanía, cuando para los lideres religiosos eso no es una prerrogativa. 

Mientras la iglesia católica, frente al avance del reconocimiento de los derechos humanos, responde con la configuración de una ciudadanía religiosa, precisamente lo que le falta es eso: ciudadanos y ciudadanas para conformarla.

La respuesta de la ciudadanía es apabullante y hay discusiones que ya ni siquiera pertenecen a las generaciones que están desechando hacerse cargo de posiciones políticas anacrónicas que no responden a su realidad. 

Las movilizaciones del pasado #28S2021 por el aborto legal en nuestra ciudad, donde de nuevo las pintas en las paredes se hicieron presentes tuvieron como respuesta airados señalamientos, pero con una característica notable: bajaron de intensidad en la violencia contra las manifestantes, lo que habla de un sentir colectivo de aceptar la manifestación pública como una vía de expresión legítima a posiciones que en otro tiempo eran impensables expresarlas en público por estar cargadas de estigma, pero que gracias al activismo de ciertos grupos cursan hoy un proceso de despenalización social.

No corriendo con igual o mejor suerte la marcha organizada por la curia católica y que bajó su convocatoria a todas las diócesis a través de las misas dominicales, para el mero día, abandonar a su feligresía sin hacerse presente ni cargo de una concentración que se antojaba fuera multitudinaria y que, para sus efectos, estuvo muy lejana a eso. 

Y eso no solo es lo digno de señalar, también la respuesta manifestada por la sociedad (nunca antes presente en esa magnitud) a través de los medios digitales que cuestionaron de manera amplia la falta de legitimidad de la iglesia para hacer este tipo de proselitismo por los múltiples casos de pederastia, por la condena impuesta por la iglesia que obliga a las mujeres a la maternidad mientras no señala la obligación de los papás que abandonan, el afán de la curia por convertirse en actor político preponderante para verse beneficiada con los recursos públicos, por sacar sus agendas a la calle cuando deberían permanecer al interior de sus templos y opiniones más complejas como la crítica a la violación del estado laico.

No es que las de pañuelo verde hayan reunido mas gente, aún hay mucho estigma y sobre todo, costos sociales por asumir una posición política de manera pública y hay que decirlo fuerte, sobre todo en esta administración cuando en ambos niveles de gobierno lo que mas destaca no es su oficio político, sino su carácter oficioso ultraconservador que emulando a la santa inquisición, haría perder el empleo a cualquiera o ganar el escrutinio de entes interesados y el estigma social.

La ultraderecha anda empoderada, desatada y muy confundida; vivimos en un estado laico donde la norma para la convivencia social es la ley que se reconoce a partir de un esquema que se establece desde la diversidad, pluralidad y dignidad en todas las personas a través de los derechos humanos.

Recuérdenles eso, por favor.

@MarieLouSalomé