Chihuahua, Chih.

Cuando la política se convierte en un territorio de conflictividad creciente, lo que se deja ver son las limitaciones, los dobleces y los fracasos de esta actividad humana. Los límites y los vacíos de la política se muestran, cuando surge la incapacidad para resolver los conflictos y cuando tienen lugar hechos violentos que ponen en riesgo las vidas de las personas.  

En días pasados, los integrantes de uno de los módulos de riego en Chihuahua, publicaron un desplegado en medios estatales, en el que responsabilizan a la directora general de la CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros,  de una posible confrontación entre los agricultores de Chihuahua y la Guardia Nacional. El desplegado fue firmado por Andrés Valles Valles, Presidente de Usuarios de la Unidad de Riego Módulo 4. 

Ante esta postura, la respuesta por parte del gobierno federal es la presencia de alrededor de 200 integrantes de la Guardia Nacional, que se apostaron desde el domingo 19 de julio en la presa Las Vírgenes. La presencia de la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, indica que las compuertas de las presas serán abiertas a la brevedad, con o sin el acuerdo de los agricultores de los distintos módulos de riego en Chihuahua. 

Con la presencia de la Guardia Nacional en la presa Las Vírgenes, el problema del agua en el estado se coloca a milímetros de la confrontación violenta. En diversos momentos del conflicto, se han generado confrontaciones violentas entre los agricultores, la Guardia Nacional y otros actores del gobierno federal. Lo que ha sucedido en los meses recientes, deja ver la manera en que la política queda convertida en un territorio que se asoma a la violencia. Sin duda, esto refleja el fracaso de los gobiernos federal y estatal para atender y resolver el problema. 

El conflicto por el agua en Chihuahua está atravesado por un conjunto de variables que se enredan entre sí, y que dificultan la posibilidad de una solución consensada, que pueda satisfacer a las distintas partes. Enseguida se mencionan algunas de estas variables: 

A) La condición vital del agua de las presas para los agricultores de Chihuahua, que dependen enteramente del riego para producir: sandía, melón, chile, tomate, cebolla, alfalfa y otros productos. La actividad agrícola que se sostiene con el riego del agua de las presas, es el pilar de la economía de la región centro del estado y de miles de familias que dependen de ello. 

B) La postura imprecisa y contradictoria de la CONAGUA y de otras autoridades federales a lo largo del problema. Por un lado, las autoridades federales han sostenido argumentos sobre el pago imperativo del agua a los Estados Unidos en base al tratado de 1944. Por otro lado, las mismas autoridades federales han planteado la necesidad de trasladar el agua de las presas de Chihuahua a otros estados del norte del país: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.  La postura oscilante de las autoridades federales ha generado incertidumbre y desconfianza entre los agricultores y la opinión pública. 

C) Las maneras diferidas de entender el pago de agua a los Estados Unidos en base al tratado de 1944, que ha dado lugar a una confrontación mediática entre el gobierno federal y los agricultores de Chihuahua. La CONAGUA sostiene que el pago del adeudo del agua debe apresurarse. Mientras los agricultores del estado argumentan que el adeudo se puede pagar con las aguas que se acumulen en las presas durante la actual temporada de lluvias, hacia los meses finales del año 2020. 

D) La actitud poco clara del gobierno del Estado de Chihuahua en el apoyo a los agricultores y en la defensa del agua. Javier Corral ha tenido una posición distante y fría durante el conflicto. No hay claridad sobre los acuerdos que se han establecido en las negociaciones entre el gobierno del Estado y el gobierno Federal sobre los usos del agua de las presas del estado. Tampoco queda claro, si el gobierno del Estado apoya la postura de defensa del agua que han mantenido los agricultores. 

E) La politización del conflicto que ha sido aprovechado por diversos actores del PAN en Chihuahua. A unos cuantos meses de que inicie el proceso electoral del 2021, los panistas se han montado sobre el conflicto y lo han usado para descalificar al gobierno federal y para posicionarse. Por su parte, los militantes de Morena descalifican los usos políticos del conflicto por parte de los panistas, pero son incapaces de argumentar para defender las decisiones equivocadas que ha tomado el gobierno federal en torno al problema del agua en el estado. 

F) La izquierda chihuahuense que ha tenido una presencia muy significativa en las luchas del campo, ha quedado desplazada mediante dos mecanismos que tienen que ver con el acceso al poder. Una parte de la izquierda social en Chihuahua, que es próxima a Morena, se ha desactivado y actualmente forma parte de los operadores y/o los defensores de la 4T. 

Otra parte de la izquierda social en Chihuahua, pactó con Corral durante el proceso electoral del 2016, y ha jugado un papel de bisagra que resulta poco claro, entre los intereses del grupo de poder corralista y la lucha social.  

G) La encrucijada política y social en la que ha quedado atrapado un gobierno emanado de la izquierda. Por un lado, el gobierno federal tiene el imperativo de resolver institucionalmente un conflicto desde el ejercicio del poder, con la posibilidad creciente de hacer uso de la fuerza pública. 

Por otro lado, el mismo gobierno federal extiende sus raíces hasta las luchas populares que reclaman justicia por el problema del agua, y por otros asuntos que han sido parte de las banderas políticas de la izquierda. Esta encrucijada encierra una de las paradojas de la izquierda al momento de asumir el poder. 

H)  La incapacidad política de las autoridades federales y locales para impulsar acuerdos entre las partes en conflicto. El problema ha caminado entre un conjunto de mesas de negociación que han sido insuficientes y una guerra mediática que ha incentivado la conflictividad. 

Las autoridades gubernamentales muestran su falta de voluntad y de capacidad para resolver el conflicto, mientras los agricultores del estado exigen enfáticamente una solución que no los perjudique, sin obtener hasta el momento una respuesta favorable.  

I)  El surgimiento cada vez más agudo de un conjunto de conflictos por el agua en el norte del país, que darán lugar a la puesta en marcha de medidas punitivas, policiales y militares por parte de los gobiernos. 

Hasta el momento no existen, ni la capacidad tecnológica, ni la capacidad política, para ir tratando los conflictos por el agua, a partir de soluciones pacíficas y satisfactorias para todos los actores. 

Es obvio que hay un ímpetu confrontacional y de violencia en torno al problema del agua en Chihuahua. Este ímpetu, está a milímetros de desbordarse. Bajo estas condiciones, una decisión equivocada puede resultar sumamente costosa para el gobierno de López Obrador y para el gobierno del Corral, que se han mostrado incapaces para resolver el problema. 

La lucha social en Chihuahua tiene una historia de décadas, e incluso siglos. 

Hay momentos en que esa lucha social se han convertido en un detonante que ha puesto en jaque a los poderes que se alojan en los palacios de gobierno y que rebasa la institucionalidad de la política. 

Sin duda, este es uno de esos momentos en la historia de Chihuahua.