Chihuahua, Chih.
“La Democracia es el Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo”: Abraham Lincoln
Los informes de Gobierno sea Federal, Estatal o Municipal, son como los bikinis, son más interesantes por lo que ocultan que por lo que enseñan.
Si no quiere leer el resto del artículo no importa, lo que importa es comprender el primer párrafo.
Se requiere cierto grado de miopía para no ver en el primer informe del Gobernador del Estado, aspectos positivos, son reales, no voy a repetirlos, los doy por hecho, los acepto, los reconozco sin regateos; eso es lo que tenemos positivo, ¿Qué faltó en el informe? El informe nos dijo muchas cosas, pero no nos dijo lo más importante: ¿Por qué Cesar Duarte, exgobernador del Estado, sigue libre?, si cuenta con 10 órdenes de aprehensión giradas por jueces de control en el Estado y una orden de aprehensión de la Interpol – PGR a solicitud de la Fiscalía General del Estado.
A muchos ciudadanos, ya no nos interesa saber si Cesar Duarte tiene 5, 10 o 20 órdenes de aprehensión, sino cuando se le va a aprehender y someter a los Tribunales competentes; entiendo las formalidades burocráticas protocolarias de procedimientos administrativos y judiciales, ese camino aunque tortuoso es inevitable, estos procedimientos son hasta cierto punto, una camisa de fuerza para un gobernador en funciones, que no puede utilizar las mismas formas y lenguaje, como candidato en campaña que como Gobernador del Estado, eso es fácil de entender para quien quiera hacerlo.
Lo que falta, es que el Gobernador se dé cuenta, que para el cumplimiento de su principal promesa de campaña: el encarcelamiento de Cesar Duarte, el camino judicial – tortuoso – burocrático (casi siempre tapadera cómplice de la corrupción), es indispensable, pero no es el único, ni el más importante para la ciudadanía, que votó por una justicia real y efectiva, no solo formal-burocrática, el otro camino, no excluyente, sino complementario del formal–burocrático, es que el Gobernador del Estado, invite a la ciudadanía insurgente, a participar de forma organizada, para que la PGR descongele este expediente. La PGR, hasta la fecha, no archiva el expediente porque sería muy obvia la complicidad, no lo consigna ante un juez federal porque sería obligar a la justicia federal a definirse en este caso. Simplemente lo congela. La PGR y la suprema Corte de Justicia en este expediente ni pichan, ni cachan, ni dejan batear.
La Suprema Corte de Justicia ha sido tapadera en este expediente, porque el amparo que interpuso el Lic. Jaime García Chávez, para obligar a la PGR a definirse, ya sea archivando o consignando el expediente, también está congelado, se difieren audiencias, lo que es una táctica dilatoria, muy conocida entre los abogados litigantes y tribunales tapadera, que se guían por la máxima: no dejes para mañana… lo que puedes hacer pasado mañana, o el año que entra, después de pasadas las elecciones federales y estatales, por supuesto, para administrar el costo político para el PRI en las elecciones presidenciales del 18.
Si el Gobernador del Estado lo incluye en su estrategia político–administrativa de participación ciudadana, ¿sería muy difícil?, establecer en todas las cabeceras municipales del Estado, y en otras localidades, mesas de recepción de firmas de un documento dirigido al Presidente de la República, en donde se denuncie el congelamiento del expediente Duarte por la PGR, y la S.C.J., y la exigencia ciudadana, junto al Gobernador del Estado, de que el expediente se turne de inmediato, a un juzgado federal y/o se acelere el proceso de solicitud formal de extradición de C.D.J. mediante la Secretaria de Relaciones Exteriores ante el Departamento de Estado Norteamericano.
¿Será muy difícil juntar 50, 100 mil o más firmas de chihuahuenses con este objetivo? ¿Será muy difícil o imposible que el Congreso del Estado se sume a esta iniciativa, en caso de que el Gobernador del Estado se decida a hacerlo?
La participación ciudadana en este sentido, puede ser y hacer la diferencia entre un gobierno, que se quede en las formalidades de un procedimiento legal o legaloide, a un gobierno que sí le apuesta al pueblo, a su participación organizada, consciente por vías constitucionales sí, pero inéditas, eficaces.
En caso de darse esta movilización ciudadana, encabezada por el Gobernador del Estado, ¿Qué harían EPN–PRI? ¿Aferrarse a seguir protegiendo a C.D.J. o acelerar, ahora sí, su extradición a México para que sea juzgado y sentenciado como corresponde?
Javier Félix Muñoz
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