Chihuahua, Chih.

“No te encadenes al pasado. La mariposa

no tiene nostalgia por el gusano que la engendra.”



Jodorowsky











Desde que tomó las riendas del Ejecutivo en Chihuahua, el corralismo operó para tomar el control de los demás poderes en el estado, empezando por el Judicial.



Su primera jugada fue colocar en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia al Magistrado Jiménez Castro, juzgador con un gran prestigio en el poder judicial, sometido en las telarañas del Poder Ejecutivo del Estado.



Con el Poder Judicial, y con una Fiscalía General del Estado –con todo y su “autonomía” de papel- por otro incondicional suyo, se lanzó a la cacería de (algunos) duartistas con toda la fuerza del Estado, incluso más allá de la legalidad en algunos casos. A fin de cuentas, para eso quería el control de los órganos de procuración e impartición de justicia. Aclaro, el suscrito espera que pronto Duarte pise la cárcel.



A finales del año pasado, el corralismo dio otro paso en el asalto al Poder Judicial con la integración, a propuesta del titular del Ejecutivo, del nuevo Consejo de la Judicatura del Estado, a modo del gobernador, quien ha sometido al Poder Judicial a modo, dejando completamente en entredicho su imparcialidad y provocando un abierto conflicto de intereses si a esta persona le tocara juzgar algún acto de corrupción del gobierno al que servía hace unos cuantos días.

La justificación de esta trastada legaloide, avalada por un Poder Legislativo que igualmente está al servicio de lo que ordene el Ejecutivo –igual que en los gobiernos priistas- es que se trata de “personas capaces”, sin importar que sean “cercanas”.

El golpe final para “corralizar” por completo el Poder Judicial está por consumarse con el retiro obligatorio de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en consonancia con la última reforma constitucional.

Independientemente de si es o no constitucional la reforma jubilatoria en el Poder Judicial, lo que resulta preocupante en realidad es quiénes los llegarán a sustituir, pues es atribución legal del gobernador del estado presentar las propuestas para ocupar las magistraturas y jueces. Y eso, en la actual coyuntura de relación de fuerzas en el Congreso del Estado, significa una aprobación en automático.

El reconocido jurista veracruzano Juan José Llanes resume la situación de esta manera: “ello, por donde se vea, mina la autonomía que deben tener quienes imparten justicia. Es claro, porque nadie llega a ser magistrado si no es propuesto por un gobernador a quien, indirectamente, se le debe el puesto”.

Pero como señaló en su momento un miembro del el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, “cualquier ..... puede ser magistrado”. Me reservo la fuente por aquello de que no lo vayan a correr.

Nunca como ahora tuvo tanta razón.

Salud y larga vida y luchar par vivir.



@Profesor_F