Al iniciar el presente año, mi reflexión personal respecto a las circunstancias inéditas que envolvieron la toma del poder estatal de Javier Corral, fue en el sentido de que resultaba difícil realizar un análisis objetivo de sus primeros 100 días de gobierno, dada cuenta que la ‘quiebra técnica’ que heredó se había reflejado en un gobierno invisible para la ciudadanía chihuahuense.

Motivo por el cual, los primeros 100 días del gobierno corralista resultaban ser un lapso de tiempo sumamente corto “para encontrar obras y acciones deslumbrantes”; pero que el dicho de Javier Corral resulta ser aplicable, paradójicamente, a su propio gobierno: “Quisiera equivocarme pero, no se atisba para los próximos años en Chihuahua, un gobierno distinto que nos permita acariciar la esperanza de un futuro con porvenir, en armonía y paz; las señales que indicarían ese horizonte no sólo no están presentes, sino que se producen signos contrarios”.

Ahora, a más de 200 días de gobierno panista, conserva actualidad la declaración del dirigente estatal de Morena de que los primeros 100 días del gobierno de Javier Corral es un período “sin resultados satisfactorios con el pretexto de que no hay recursos… los chihuahuenses no hemos encontrado una luz en el camino y este gobierno del nuevo amanecer pues, sigue siendo muy nublado, porque no nos ha demostrado en lo absoluto”.

Asimismo, a casi siete meses de gobierno, conservan actualidad los comentarios de varios analistas políticos en el sentido de “la enorme mayoría de ciudadanos, hasta los mismos de su partido muestran indignación, descontento, desesperanza con el gobierno de Corral, de quien tanto se esperaba y solo queda la decepción… se pensaba que faltaba tiempo para que Corral entendiera que ya era gobernador y actuara como tal, y dejara de llorar con que no le dejaron dinero”.

Por ello, reitero mi postura de que la ‘invisibilidad’ de la actual Administración Estatal es consecuencia lógica de dos factores: uno económico, por el dispendio con que el gobierno anterior malversó recursos estatales; y otro, político, la evidente y notoria incapacidad de quienes integran el gabinete corralista para realizar, a corto plazo, obras -no materiales- que no requieren de recursos financieros, sino tan solo de ajustes presupuestales que sean canalizados a programas prioritarios que beneficien, de manera inmediata, a amplios sectores de la sociedad chihuahuense.

Por desgracia, el carácter visceral de Javier se ha reflejado en un gobierno cuya característica esencial es la venganza política, a través del despido injustificado de cientos de burócratas cuyo único pecado es el ser militantes y/o simpatizantes del PRI; así como también, de un indiscriminado ejercicio de la acción penal en contra de decenas de funcionarios del sexenio pasado.

Lo anterior, sin importarle, pervertir los principios del nuevo sistema de justicia penal y de utilizar al Poder Judicial como un aliado incondicional y sumiso: Tal y como aconteció durante todo el sexenio de César Duarte. La declaración del Fiscal Peniche sintetiza esta aberrante política gubernamental: “al ver que algunos ex funcionarios de la pasada administración gubernamental tramitaban amparos, (nos dimos) a la tarea de revisar las actuaciones que tuvieron en su gestión… se descubrieron solitos”.

En otras palabras, para el Fiscal General (titular del órgano encargado de la persecución del delito), la simple promoción de un amparo en contra de una orden de aprehensión es sinónimo de un reconocimiento ‘tácito’ de culpabilidad penal del quejoso. El cinismo del Fiscal Peniche es mayúsculo y reprochable. No es posible que ignore el principio penal de la presunción de inocencia.

Yo me pregunto: ¿Habrá algún agente del MP que se atreva a recordarle que la Constitución Federal establece que la función de procuración “se realice con base en los principios de imparcialidad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos”?



PARLAMENTO:

He leído la nueva revista ‘Parlamento’ que publica el Congreso del Estado. Aún no me recupero de la sensación de decepción que me provocó su lectura. Por este conducto, reprocho a los diputados integrantes del Comité de Biblioteca (Heber Quezada, Miguel Vallejo, Cristal Tovar y Martha Rea) por no garantizar la imagen y calidad de las publicaciones oficiales del Congreso.

Lo anterior, toda vez que según lo dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los Comités son órganos auxiliares integrados con un máximo de cinco miembros y un mínimo de tres designados por el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, y que deberá reflejar la paridad de género. Su cargo será para todo el período de la Legislatura.

Sin embargo, ninguno de los diputados que integran el Comité de Biblioteca han sido cautos en la designación de los integrantes del Consejo Editorial; mismo que debe estar conformado con personalidades de reconocida capacidad en el ámbito editorial y académico. Tal y como lo exigen los ‘Criterios Editoriales’ aprobados por el Pleno del Congreso.

Solo así se explica, no solo la pésima calidad del diseño de la revista, sino también, la nula calidad de su contenido editorial. A mi parecer, la primera edición de la Revista ‘Parlamento’ debería ser rediseñada; evitando con ello, un descrédito adicional al deficiente desempeño de la actual Legislatura.