Chihuahua, Chih.

En la recta final de su gobierno, López Obrador da tremendos coletazos en busca de concretar lo que fue su principal preocupación a lo largo de su gobierno: Garantizar que uno de los suyos quedara en la presidencia de la república.

Echó mano de todos los recursos a su alcance, violando, incluso, todo el marco legal en materia electoral para enfrentar a sus opositores,  reales o supuestos por él.

 No hizo distingos, a todos los que expresaran opiniones distintas a las de él; o que enhebraran alguna crítica a una acción u obra de su gobierno, o que escribieran o hablaran opiniones críticas a su gobierno; ya no se diga a quienes fueron capaces de movilizarse para protestar contra su gobierno contra alguna acción u omisión gubernamental y, por supuesto, a quienes militan en los partidos de oposición.

No estuvo solo en sus pretensiones: A contrapelo de sus propias convicciones democráticas, miles de antiguos luchadores de las causas democráticas, populares y de izquierda; y también de muchos de quienes llegaron a los organismos autónomos, que los pensamos para que fueran auténticos contrapesos del hiperpresidencialismo, (el de entonces y ahora, el actual) han avalado los más regresivos actos del tabasqueño.

Los recientes ataques a dos protagonistas de la oposición -aunque una de ellas, María Amparo Casar, devino, al fin del gobierno de Vicente Fox, a incursionar en el periodismo y el activismo social- y la otra, un relevante militante del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, muestran palmariamente lo anterior.

Especialmente el caso de Amparo Casar es el más parecido a las agresiones lanzadas en contra de los dirigentes del movimiento en defensa del agua de las presas de Chihuahua en 2020, e ilustran el ejercicio abusivo del poder por López Obrador contra sus opositores, en una desmedida, continuada y cínica violación de la ley.

Congeló las cuentas bancarias de los municipios de Delicias, San Francisco de Conchos; las del exgobernador Reyes Baeza, las de la Unión de Usuarios de Chihuahua, las del líder de ellos, Salvador Arévalo,  (incluso la de su pensión); lanzó a la Guardia Nacional (GN) en contra de los campesinos; solapó el asesinato de Jessica Silva y la agresión a su marido, Jaime Torres, también a manos de la GN; encarceló a tres productores acusándolos de terroristas y finalmente cortó toda la ayuda presupuestal extraordinaria al gobierno de Chihuahua.

Así ahora, López Obrador, planeó con antelación lanzar una feroz, salvaje, ruin e ilegal ofensiva en contra de María Amparo Casar, Presidenta de la organización ‘Mexicanos Contra la Corrupción’ (MCC), para lo cual ha echado mano de cuanta maniobra ilegal se le ha ocurrido.

Lo peor es que, dicen muchos de sus seguidores, haciéndose eco del presidente, Amparo, por ser quien es, se merece todo lo anterior.

En el ataque a Amparo Casar, el presidente llegó a niveles de verdadera infamia.

Es un auténtico linchamiento, el presidencial y el de sus seguidores, en el que los acusados son culpables sólo porque lo dice el presidente; no importa la exposición ilegal de los datos personales de los acusados, no importa si al exponerlos se somete a la familia a una sobrevictimación; no importa violar el derecho a la presunción de inocencia -y al no respetarlo se viola el derecho al debido proceso-; no importa si en el caso no hay delito alguno, no importa si, de existir, ya hubiese prescrito, nada de eso importa, ¡Quémenlos con leña verde!

Muy al principio del sexenio, algunos de mis amigos -que sabían puntualmente a qué me refería- me recriminaron que calificara al gobierno de López Obrador como «polpotiano», en referencia al líder camboyano de los 70’s que quemó las universidades y masacró a los universitarios, que denostó los avances de la cultura universal, para instalar un régimen de terror y de millones de muertos.

«… En 1975 con el apoyo de China, Pol Pot llevó a cabo una drástica política de reubicación de la población de los principales centros urbanos hacia el campo, con el objeto de implantar un ‘comunismo de corte agrario’. Los medios empleados incluyeron el exterminio de los intelectuales y otros ‘enemigos burgueses’. Su resultado fue la desaparición de entre 1,5 a 2 millones de personas»: Wikipedia.

¿La ofensiva lopezobradorista es en búsqueda de la ‘justicia’ y el «combate a la corrupción»?

De ninguna manera, MCC, organización anteriormente dirigida por Claudio X González, hijo, y ahora por Amparo Casar es, quizá, la organización que mejor ha sustentado, y originado, las más sustentadas investigaciones periodísticas sobre casos emblemáticos contra la corrupción y/o ha reforzado las que, por su parte, ha develado Carlos Loret de Mola.

Entre ellas la de la Casa Blanca, la de la Estafa Maestra, con Peña Nieto, y el de Segalmex en el actual sexenio, amén de los de la ‘Casa Gris’, del hijo mayor de López Obrador; de los sobres amarillos recibidos por Pío López Obrador, del carrusel para depositar cientos de miles de pesos, encabezado por el Secretario Particular del presidente.

Más. De los negocios descubiertos a la prima del presidente; del departamento de lujo del secretario de la defensa nacional, Gral. Crescencio Sandoval (https://contralacorrupcion.mx/el-departamento-de-lujo-del-general-luis-cresencio-sandoval/), etc.

Todo lo podría perdonar el presidente -salvo, quizá, las acusaciones al hijo mayor- pero de ninguna manera la ofensiva de MCC para que se devele todo lo relacionado a los costos, contratos, beneficiarios, etc. de las obras emblemáticas del sexenio, cuyos sobrecostos son uno de los mayores escándalos del sexenio, especialmente por la extrema opacidad con la que se ejercieron un poco más de 1 billón de pesos, pues el presidente ordenó que se consideraran de «seguridad nacional».

Nada de eso le perdona López Obrador a Amparo Casar, de ahí la larga incubación del ataque.

La calumnia contra Casar aparece en el libro del presidente ¡Gracias! (página 100), que circula desde marzo de este año, lo que implica que desde fines del año pasado se pergeñaba.

Contra lo asentado ahí, el entonces Procurador de Justicia, Bernardo Bátiz, declaraba el 10 de octubre de 2004, casi exactamente lo contrario a lo que ahora arguye el presidente y ahora no recuerda reunión alguna entre él, Héctor Aguilar Camín y Amparo Casar, como dice el presidente. 

La aseguradora, empresa privada inglesa, pagó el seguro de vida sin presentar litigio alguno.

Esto dijo entonces Bernardo Bátiz: «Lamentablemente no podremos determinar si fue homicidio o suicidio pues no dejó ninguna nota… (la versión del suicidio) no tiene ningún fundamento…vamos a descartar que fue un crimen y va a quedar la posibilidad de un accidente… la barda de la ventana es muy bajita… ahí se sentaba, pudo tener un desvanecimiento, una resbalada y sufrir una caída. Y esa es la conclusión a la que llegamos… No hubo ninguna otra persona en la oficina… ya no tiene sentido entrar a más cuestiones relacionadas con las causas, ya sería ocioso en este momento averiguar si hubo alguna razón de otro carácter, no vamos nosotros a entrar a eso… las únicas huellas que hay en la ventana son las de él…». (Video publicado en el siguiente sitio: https://x.com/goliveros/status/1789176099974369631?s=46).

Ni en el Contrato Colectivo de Trabajo, ni en la ley Federal del Trabajo o en el reglamento general de Pemex aparece la restricción para que, en caso de suicidio -de haberse demostrado-, no se hagan los pagos, ni del seguro de vida, ni de la pensión.

¡Puras mentiras del presidente!

Es igual que el caso de las presas: Hacer gala del poder; inventar, calumniar; usar todos los resortes del aparato del Estado y violar flagrantemente la ley en contra de los opositores.

Y es que, desde su perspectiva -que en nada se acercan a las concepciones democráticas- todo se justifica, hasta las violaciones legales, porque sus acciones “van encaminadas a efectuar la 4a Transformación”.

No hay diversas interpretaciones: Extraer el agua de La Boquilla fue un acto ilegal; esconder a los agresores de la pareja Torres-Silva fue otra  y congelar las cuentas bancarias de personas morales y físicas, sin más antecedentes de denuncias o investigaciones penales fue una gravísima violación a sus derechos constitucionales.

Así ahora, suspender la pensión a Amparo Casar es un acto ilegal.

Ambos casos se perpetraron desde la mañanera, con toda la fuerza del Estado mexicano, ahora usada para agredir a una ciudadana, en el colmo de la ilegalidad.

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

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