Chihuahua, Chih.
Dada la imposibilidad de realizar, a la entrega de esta colaboración editorial, un análisis competitivo entre el ‘Plan Emergente’ (PE) del Gobernador del Estado y el Plan del Presidente López Obrador; en esta ocasión, me limitaré a reseñar las evidentes incongruencias del discurso de Javier ‘El Inútil’ Corral.
Al inicio de su discurso, el Gobernador afirmó: “me dirijo a ustedes para hablarles de frente y como siempre lo he hecho, hablarles con la verdad (¿?). Los planes y prioridades han cambiado, hemos tenido que hacer el mayor ajuste al presupuesto del Estado de toda nuestra administración -y vaya que ya hemos hecho varios-, porque vienen tiempos difíciles…”
Por desgracia, el PE no se sustenta en el principio de racionalidad del gasto público; sino más bien, en cuestiones sanitarias y seudofilosóficas, porque el virus que acecha al mundo “es un llamado a la humanidad a repensarse y cambiar muchas de las cosas que hacemos… Nunca como este momento para asumir la solidaridad como el rostro social del amor, y acudir a salvar vidas, a proteger los empleos de la gente y ayudar a los que más necesitan”.
Otro tópico, que resulta sumamente cuestionable, es la afirmación de que el Gobernador esté “concentrado en este desafío, en cuerpo y alma. No hay un solo día que no revise cada detalle de la estrategia para enfrentar al COVID 19 en Chihuahua… Personalmente, todos los días reviso el plan de reconversión hospitalaria…” (¿Será cierto?)
Corral afirma que el PE tiene como propósito enfrentar la emergencia sanitaria y “contener lo más que podamos el impacto a la economía local, y resarcir la afectación que sufrirán las finanzas estatales, derivado de la baja de sus ingresos propios y de las participaciones federales...”
Asume, y da por hecho, que ha “hecho el mayor esfuerzo de esta administración -y de cualquier otra en la historia de Chihuahua- en apretarnos el cinturón…” A través del PE será posible obtener un ahorro de 3,000 millones de pesos, que habrán de derivar de los siguientes ajustes presupuestales:
a) Una reducción de su presupuesto operativo de 644 mdp; b) La cancelación de Obras no prioritarias del plan de inversión para este año, por 740 mdp; c) La reorientación de programas para atender la contingencia por 1,181 mdp; d) Una reducción del Presupuesto de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos de 375 mdp; y e) de aportaciones extraordinarias de Ficosec y Fechac de 60 mdp.
A simple vista, se puede apreciar que casi el 32% del reajuste presupuestal corresponde a la “reorientación de programas para atender la contingencia”, cuyos rubros no fueron detallados en su discurso. Y un poco más de la décima parte del reajuste corresponde a la reducción de los salarios de los altos funcionarios de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.
Por otra parte, resulta criticable que todo el ‘rollo’ de Javier Corral está redactado en tiempo pretérito y presente. Al extremo de afirmar que “se han recortado” en el presupuesto de 2020 y “se han sumado” a los programas de este plan: el Congreso, el TSJ, la CEDH, el TEJA, el TEE, el IEE, el ICHITAIP, el FICOSEC, y el FECHAC.
El propio Javier Corral afirmó que “una de las fuentes de financiamiento de este Plan es el ajuste del Poder Ejecutivo, en la reducción de sueldos y compensaciones del gabinete legal, empezando por la disminución del sueldo del Gobernador del Estado a la mitad, también del Gabinete ampliado, de organismos desconcentrados, descentralizados y paraestatales y funcionarios de primer nivel”.
Tal decisión se tomó, supuestamente, “para concientizar (¿a quienes?) de la gravedad del problema, y del cuidado que todos (¿quiénes?) debemos hacer de los recursos públicos”. Cuestiones seudomoralistas…
Yo me pregunto: ¿En realidad existió un consenso previo, por parte de los funcionarios públicos, para reducir su salario? ¿Por cuánto tiempo estará vigente esta reducción salarial? ¿Por qué no reducir los salarios de manera permanente?
