Chihuahua, Chih.

En medio del desastre en que dejará al gobierno de Chihuahua, Javier Corral se ha aventado la última de las puntadas (eso esperamos, que sea la última): Está pidiéndole al Congreso del Estado que le asigne custodios, a él y a varios de sus funcionarios, con cargo a la administración estatal, por un lapso semejante al del ejercicio de los cargos en la administración del “amanecer” que nos trajo a Chihuahua.

Su petición la hace en medio del escándalo generado por su negativa a entregar la información del gobierno al equipo nombrado por la gobernadora electa, Maru Campos.

Quien llegó al gobierno ondeando en todo lo alto la bandera de la transparencia, rasgo central que le imprimiría a su administración, se conduce, en los últimos minutos de la misma, con la peor y más obscura de las opacidades.

Y como lo hizo a lo largo de su gestión, mintiendo, y ahora a quienes se harán cargo del gobierno estatal, a quienes (a ellos y a los chihuahuenses) les miente descaradamente al sostener que no se incrementó la deuda del gobierno del estado.

Así lo “cabeceó” El Diario, periódico al que Corral soñará: “Heredará a Maru 59 mil mdp, 10 mil millones más de lo que asegura el gobernador”. (El Diario, 16/VII/21). 

“El Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos de la Secretaría de Hacienda establece que al 31 de diciembre de 2016 la deuda del estado de Chihuahua alcanzaba los 49 mil 685 millones 835 mil 970 pesos, mientras que al primer trimestre de 2021 llegaba a 59 mil 626 millones 35 mil 311 pesos”. (Nota de Javier Olmos, El Diario de Juárez, 16/VII/21).

De acuerdo con los cálculos efectuados por El Diario, César Duarte dejó una deuda de corto plazo del orden de los mil 500 millones de pesos (mdp), de largo plazo de 20 mil 509 mdp; deuda contingente (varios rubros), de 24 mil 462 mdp y deuda de los bonos Cupón Cero, de 3 mil 214 mdp. 

En total, 49 mil 685 mdp.

A su vez, Corral dejará como herencia 563 mdp de deuda de corto plazo; pero habrá aumentado la de largo plazo al orden de los 32 mil 822 mdp; otros pasivos, 11 mil 37 mdp; deuda contingente de 14 mil 828 mdp y la de los Bonos Cupón Cero los habrá disminuido a 377 mdp.

En total, 59 mil 626 mdp, un aumento de casi 10 mil mdp, equivalente al 20% de la deuda que le dejó “el vulgar ladrón”.

Pero aún falta sumarle a esas estratosféricas cantidades, la deuda a proveedores y las que les adeuda a distintas dependencias, en particular a Pensiones Civiles del Estado, a las universidades (Autónoma de Juárez y Autónoma de Chihuahua) y a distintos organismos autónomos, entre los que destaca (por el grado de deshumanismo que refleja) el adeudo a la Cruz Roja y al CRIT, además de los adeudos al Ichisal, a los trabajadores de la salud, etc.

Pueden ascender a cifras de escándalo, del orden de los 10 a los 15  mil mdp.

Además, debemos agregarle una deuda a la federación de mil 140 millones de pesos por concepto de pago de participaciones federales, monto  real que Corral y el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, aducen que se adeuda por ese concepto y no el total de las participaciones federales del año, que los rumores dicen adelantó el presidente López Obrador a Corral.

No podría encontrarse mejor ilustración del enorme fracaso como gobernante del que fuera brillante (por momentos) tribuno parlamentario del PAN y que ahora, en las postrimerías de su gobierno, se atreve a dar consejos a la siguiente administración ¡Sobre el manejo de la deuda! y le dice que “estará obligada a solicitar un crédito de largo plazo pues se tendrán que idear esquemas para hacer frente a la compleja situación”.

¡Válgame la virgencita!

Corral le aconseja solicitar más deuda, y al mismo tiempo le anuncia que deberá “idear” esquemas para afrontar la situación que deja ¿Cómo cuales, por ejemplo, vender los aviones y viajar por tierra, como prometió?

¿Y qué tal ajustar los salarios de los primeros niveles de mando del gobierno, como lo hizo el “aldeano” que ahora hace giras para “inaugurar” obras inconclusas?

Pero resulta que ese, que se autoerigió en consejero de Maru Campos, dejará a la entidad en peores condiciones de como la recibió: Un salvaje incremento de la deuda; la criminalidad in crescendo, superior a la que recibió (que, justo es decirlo, la ola creciente de homicidios se había iniciado en las últimas semanas de 2015 y aumentó en los meses previos a su toma de posesión) pero de ninguna manera en los niveles con los que entregará el gobierno a su odiada compañera, Maru Campos.

No son los únicos rubros en los que la administración del “Nuevo Amanecer” entrega peores cuentas que las de César Duarte. El sistema de salud, previamente a la pandemia, evidenciaba un gravísimo quebranto; fruto de una política errática, la educación no arroja índices de mejoría; los niveles de bienestar son peores que los de fines del 2016; hoy hay más pobres que en aquel momento y la obra pública, además de ínfima, es desastrosa.

No están mejores los aspectos relacionados con la gobernabilidad y la institucionalidad, los escándalos judiciales generados por las graves y burdas intromisiones en el Poder Judicial y el Legislativo; en los organismos autónomos y en su propio partido.

No hay aspecto de la vida pública en el que el “aldeano” gobernante entregue buenas cuentas. Así lo percibe la mayoría de la población, percepción recogida en todas las mediciones efectuadas por las empresas encuestadoras, que lo ubicó, permanentemente, en el último o en el penúltimo de los lugares con los que los ciudadanos calificaron a los gobernadores.

Su competidor más cercano siempre fue el gobernador de Morelos, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.

La opacidad es el signo característico -bueno, uno de ellos- del gobierno del amanecer, pero los plazos son fatales en la política y la administración pública. 

El 29 de julio, de acuerdo con la ley de Entrega-Recepción, deberá entregar al nuevo equipo el total de la información sobre la deuda, so pena de afrontar cargos penales y/o administrativos.

De ese modo, a pesar de la reiterada oposición de Corral, deberá iniciar el proceso de entrega recepción, al que se ha negado reiteradamente, de tal manera que esa oposición y la opacidad con la que se conduce en este tema, ha dado pie a suponer que los hoyos de las cuantiosas deudas dejadas por su administración son mayores a los que ahora se supone.

No deja de sorprender que Maru Campos haya resuelto traer a Ernesto Cordero, el antiguo secretario de Hacienda y Desarrollo Social en el gobierno de Felipe Calderón, para jefaturar al equipo que deberá recibir las finanzas estatales.

La explicación es impactante -o por lo menos, una de las explicaciones-: Es que Cordero fue el secretario en tanto que Fuentes Vélez era el delegado estatal de Desarrollo Social ¡Maru trajo al ex jefe del Secretario de Hacienda  de Corral para que le entregara la información de las finanzas estatales!

¡Híjole!

Las similitudes con su antecesor son inevitables, pero hay grandes diferencias con las dejadas por Duarte. 

Al finalizar aquel sexenio, la operación para esconder la información fue notoria; las denuncias públicas del modo en que se sacaban enormes cantidades de archivos de las oficinas estatales fueron numerosas, la diferencia es que ahora están documentadas muchas de las jugarretas, anomalías e ilegalidades cometidas por quienes se van del gobierno el 7 de septiembre, algunas de ellas demostradas por las Auditorías, la Superior del Estado y la de la Federación.

No es una exageración asentar que en muchos de los actos de gobierno de Corral se cometieron ilegalidades -no necesariamente acciones de robo, pero sí violatorias de las normas del ejercicio del presupuesto público- y que, por tanto, podría verse sujeto a varios procesos judiciales. 

No sería el único funcionarios. Hacer que responda por esas acciones es de elemental justicia para la sociedad chihuahuense.

Incapaz, el gobernador Corral, de reflexionar sobre sus actos, en uno de sus últimos excesos pretende que se le asignen custodios -a él y a otros  de sus funcionarios- a cargo del gobierno estatal, algo que le negó a César Duarte, alegando lo mismo que los opositores a esta medida, que la administración pública no tiene porqué cargar con la protección de ex funcionarios ineficientes.

Quizá sí sea conveniente que funcionarios, cuyo cargo acarree un cierto riesgo, el Estado les otorgue una cierta protección por un máximo de, quizá, seis meses, tiempo suficiente para que personas que desempeñaron esos cargos encuentren un nuevo empleo, o para que sus empresas, en caso de poseerlas, les otorguen los recursos necesarios para proveerse de la seguridad que debieran tener.

No es una concesión a Corral, debiera ser la postura correcta, en general, pues finalmente fue una mayoría de ciudadanos la que les otorgó esas responsabilidades.

Pero sin excesos y por tiempo limitado.

Al cabo que ya se van.

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