Chihuahua, Chih

Los periódicos nacionales han sido prolijos en difundir el evento del III Congreso Nacional de Morena, realizado en el autódromo ‘Hermanos Rodríguez’, al que asistieron casi tres mil consejeros de todo el país; además de cientos de invitados especiales (gobernadores, funcionarios federales, senadores y diputados federales y locales).

En dicho evento partidista, se renovaron los documentos básicos de este partido político nacional (estatutos, declaración de principios y programa); así como también la renovación de sus órganos directivos nacionales. 

Al frente del Consejo Nacional fue nombrado el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. 

Bajo el slogan publicitario de haber logrado constituir el “movimiento más importante” en la historia del país, los consejeros nacionales de Morena ratificaron los cargos del actual Presidente Nacional y Secretaria General, Mario Delgado y Citlalli Hernández; quienes seguirán ocupando su cargo hasta octubre de 2024.

A mi parecer, lo más importante de este evento partidista es la ratificación del método de encuestas para elegir a su candidato a la Presidencia. 

Lo anterior, a pesar de que la designación de candidatos a cargos de elección popular por encuestas de popularidad sea notoriamente inconstitucional. Y que, obviamente, será impugnada por los actores políticos en los comicios presidenciales del 2024. 

Por otra parte, en reiteradas ocasiones, he denunciado que un sinnúmero de preceptos estatuarios de Morena son excesivamente inconstitucionales; sin embargo, “inexplicablemente” el Consejo General del INE consintió su aprobación. 

Así, por ejemplo, en el tópico de las finanzas de Morena se establece que este partido político nacional “se sostendrá fundamentalmente de sus propios integrantes, quienes, salvo situaciones de desempleo o pobreza extrema, los menores de edad y los residentes en el extranjero, contribuirán con el equivalente a un peso diario, de conformidad con el reglamento respectivo”.

Al respecto, resulta reprochable que el INE tolere que los menores de edad se involucren en cuestiones partidarias, cuando la Constitución Federal establece, de manera expresa, que solo los ciudadanos podrán ser afiliados a los partidos políticos.

En varios artículos del Estatuto de Morena se violentan, flagrantemente, los derechos laborales de los ciudadanos que acceden a la función pública. Uno de ellos, es el siguiente: 

“En el caso de legisladores o representantes populares electos, éstos deberán aportar el equivalente entre el cinco y el diez por ciento de sus percepciones totales, (salario, aguinaldo bonos, prestaciones)… el pago podrá ser condonado por éste atendiendo a situaciones excepcionales y plenamente justificadas”.

¿Acaso es exigible que a los candidatos electos se les exija cubrir una cuota partidista, cuando aún no asumen el cargo? ¿Son válidas las aportaciones partidistas tomando en cuenta el salario integral de los candidatos?

Una aberración mayúscula, es la siguiente: “Para obtener el registro como candidato o candidata externo a puestos de elección popular, la persona que acepte dicha representación deberá aportar al partido el equivalente al 50% de sus percepciones totales (salario, aguinaldo, bonos, prestaciones), durante el tiempo que dure su encargo”.

Increíble, pero cierto: el INE ha autorizado que Morena pueda exigirle a los ciudadanos que acceden a cargos de elección popular (candidatos de Morena) una aportación económica del 50% de su sueldo burocrático integral.

Pero esto no es todo, también se niegan los derechos laborales de los dirigentes partidistas para gozar de antigüedad laboral, en los términos siguientes: “No se considerará como salario, ni incluirá prestaciones individuales, la aportación económica que reciba cualquier dirigente de MORENA o equiparado para la realización de sus tareas en nuestro partido”.  

Entonces, ¿los dirigentes partidistas de Morena no son trabajadores? ¿En qué cabeza cabe esta infamia político-laboral?