Chihuahua, Chih.

“Hablaré de la izquierda que aspiro se desenvuelva en nuestro país y cómo, con este sustento ideológico y de práctica política, considero se encuentran los caminos para resolver los principales problemas del país y de los mexicanos”. —C. Cárdenas 

En este texto hablaré de la izquierda que aspiro se desenvuelva en nuestro país y cómo, con este sustento ideológico y de práctica política, considero se encuentran los caminos para resolver los principales problemas del país y de los mexicanos.

Agradezco al Foro Jesús Silva-Herzog Flores y a su presidente Javier Medina la invitación para platicar con ustedes sobre "El futuro de la izquierda", lo que mucho me distingue, y me permite empezar por hacer un reconocimiento a quien da nombre a este Foro, a Jesús Silva-Herzog Flores, amigo estimado y funcionario probo y firme en sus lealtades, a lo largo de su fructífera carrera de servicio en la vida pública de nuestro país.

Conocí a Chucho siendo ambos jóvenes en el servicio público del país, aun cuando en campos profesionales diferentes. La amistad y la afinidad política que cultivaron nuestros padres permitió un fácil entendimiento y coincidir en aspiraciones mutuas respecto a nuestro país. 

Nuestros últimos encuentros y coincidencias tuvieron lugar en nuestra Universidad, en el seno del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, del que ambos fuimos fundadores.

Me han invitado para hablar del futuro de la izquierda, y debo empezar diciendo que existen muchas izquierdas, tal como existen muchas derechas. 

En el lenguaje corriente, ilustrando con un abanico político, se llaman izquierdas a corrientes de pensamiento y/o militancia que se definen o identifican como socialistas, anarquistas, comunistas, socialdemócratas, laboristas y otras más, así como en la derecha se encuentran conservadoras, fascistas, nazis, demócrata cristianas, etc.; a las liberales y a las democráticas se les ubica en todo el abanico, según se autodefinan o se les vea; y van desde internacionalistas hasta cerradamente nacionalistas, las electorales y las no electorales, las que privilegian el terreno económico, la organización y el activismo político, social o laboral, la discusión académica, lo institucional o la ausencia de gobierno, etc.

Viene ahora lo difícil: me han invitado para hablar del futuro de la izquierda. 

No hablaré de izquierda en abstracto, pues sería así difícil encontrar a qué referirme. Hablaré de la izquierda que aspiro se desenvuelva en nuestro país y cómo, con este sustento ideológico y de práctica política, considero se encuentran los caminos para resolver los principales problemas del país y de los mexicanos.

Dentro del abanico de ideologías y fuerzas políticas, me ubico en los amplios espacios de la izquierda, aunque haciendo a un lado la geometría prefiero los contenidos: de qué hablamos, a qué aspiro, qué caminos quisiera se recorrieran en la vida del país y de nuestra sociedad.

En esos amplios espacios de la izquierda, me identifico con el pensamiento avanzado y la práctica constructiva de la Revolución Mexicana: el antirreeleccionismo, los principios reivindicatorios de la soberanía contenidos en la Constitución, con sus derechos agrarios, de los trabajadores, con los diferentes derechos que se le han incorporado de 1917 a la fecha, con su construcción institucional política, económica, cultural y social, con la equidad internacional y la paz. 

Y en recuperar, actualizando -pues absurdo y torpe sería pretender repetir mecánicamente soluciones de otros tiempos a la problemática de hoy-, (actualizando, decía) la senda de la Revolución Mexicana para desarrollar el proyecto aún trunco de construir una democracia integral, con firme espíritu progresista, me parece está el camino para hacer de la nuestra una nación cabalmente igualitaria, equitativa y de progreso. Esa es la izquierda con la que me identifico y trato de impulsar.

Ahora bien, ¿cuál es hoy nuestro punto de partida?

Desafortunadamente seguimos inmersos en cuarenta años o poco más de retrocesos sociales y económicos y de degradación institucional, que no se detienen. 

A lo largo de ellos, se han estrechado los espacios del ejercicio de la soberanía y se ha profundizado y hecho más rígida la dependencia, tanto política como económica; son años de una franca ausencia o un muy disminuido peso relativo de nuestro país en la vida internacional; la economía ha crecido con mayor lentitud que en los cuarenta años anteriores, con promedios en estas últimas cuatro décadas de 2% respecto al PIB, con una caída de -0.1% en el 2019 y un serio desplome hasta un negativo de -8.5% en el 2020, presentándose una débil recuperación para este año; se viene dando una cada vez más fuerte desigualdad social, evidente al concentrar el 10% de los más acomodados entre el 58.4 y el 74.7% del ingreso total del país; la pobreza afecta ya a 62 millones (49%) de la población total, 10 millones más que hace dos años; han sido tiempos de alta desocupación; insuficiencia y deterioro en sectores amplios de los sistemas educativo y de salud, impactados por la aun incontrolada pandemia del covid-19; y, envolviendo y afectando todo esto, inseguridad y violencia que golpean a lo largo y ancho de la sociedad, territorios crecientes bajo control del crimen y delincuencia en incremento.

Está visto que las políticas instrumentadas para abatir la inseguridad y erradicar la delincuencia, centradas en encomendar estas tareas a las Fuerzas Armadas, están muy lejos de haber dado los resultados esperados. 

Dos acciones tendrían que llevarse a cabo para obtener resultados satisfactorios en este campo: retirar a las Fuerzas Armadas, de manera gradual, de esta encomienda, y responsabilizar de ella a un cuerpo policiaco civil, bien preparado y debidamente equipado, que coordine sus acciones con autoridades en las diferentes categorías de gobierno, así como con la sociedad, informada y capacitada para colaborar en estas actividades desde sus centros de trabajo, organizaciones civiles, lugares de residencia, etc. 

Todo ello, a partir de actividades bien definidas, tiempos, responsables, esquemas de coordinación, recursos y rendición de cuentas.

Por otra parte, imagino un muy amplio y bien conducido programa para desplazar a la delincuencia del territorio, porción por porción, municipio por municipio por ejemplo, y ganarlo para el Estado y la sociedad mediante la implantación de proyectos productivos industriales y agrícolas, construcción de infraestructura, mejoramiento y ampliación de los sistemas educativo y de salud, programas culturales, etc. Esto es, ocupar el territorio con la presencia y la acción permanentes del Estado y la sociedad, arrebatando así los territorios a los elementos nocivos.

Desde principios de los años 80s del siglo pasado se han puesto en práctica políticas de austeridad y ajuste, sobre todo en la economía y en la administración, que han disminuido severamente la calidad de ambas y han llevado a la primera de una crisis a otra, unas más graves, otras un poco menos, todo ello con efectos acumulados que ya antes se señalaron y tanto a principios de los 80s como hoy, los distintos gobiernos se han resistido a poner en práctica políticas contra-cíclicas que no repitan los errores de las que se mantienen en curso.

Hacer que la economía crezca, exige contar con recursos de inversión -si no invierte el Estado, si no invierte los particulares, si no llega inversión del exterior, a la pura esperanza la economía crece-. Esos recursos tienen que ser mucho más abundantes que los que hasta ahora han estado disponibles y deberán dirigirse a donde hacen falta e impacten más en el desarrollo y el bienestar generales. 

Urge, dicen los hacendistas y economistas que se supone saben, llevar a cabo una amplia y efectiva reforma fiscal-hacendaria-tributaria, en base a un sistema de impuestos solidario, progresivo y redistributivo, que genere los fondos necesarios. 

La aceptación social de esa reforma requerirá que la gente sepa y esté de acuerdo en qué y cómo se va a gastar la recaudación. Si se cuenta con una planeación y ésta constituye compromiso del Estado con la ciudadanía, seguramente aparecerían no sólo los fondos recaudados por el Estado, sino otros más que bien podrían orientarse a la infraestructura, la industria, la agricultura, recursos de mexicanos e incluso del extranjero que tuvieran confianza en la conducción y rumbo del país, que se complementaran y potenciaran con los del Estado.

Creo firmemente en la necesidad de crear un verdadero sistema de planeación, que formule los planes de desarrollo, con objetivos, tiempos, recursos asignados, responsables institucionales e individuales de la ejecución, etc., con esquemas bien establecidos de seguimiento y rendición de cuentas. 

Planes del Ejecutivo, aprobados y con seguimiento del Congreso a los que aquel rinda cuentas, constituirían compromisos de cumplimiento obligatorio de la autoridad frente a la ciudadanía.

Ningún esquema de desarrollo, con planes o sin planes, tendrá efectos positivos, si no se desenvuelve dentro de un efectivo Estado de derecho, en el que la ley se cumpla y se haga cumplir, y en el que sus violaciones conduzcan a las sanciones que la propia ley establece.

Un primer paso para dar efectividad al Estado de Derecho, debiera ser garantizar que todo mexicano pueda ejercitar a plenitud los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen, así como cumplir con las obligaciones que le imponen.

Así, por ejemplo, se ha avanzado en el respeto y la efectividad del voto, aunque se requieren todavía ajustes en nuestra democracia electoral para impedir la presencia de dineros sucios y las interferencias indebidas de funcionarios en los procesos. 

Pero no sucede lo mismo con otros derechos, respecto a los cuales se carece incluso de las disposiciones de ley para hacer exigible su ejercicio ante el Estado -pensemos en el derecho al trabajo, vigente desde 1978, o el derecho a acceder a la educación superior, según reforma reciente, al igual que sucede con la falta de mecanismos legales para hacer exigibles el acceso a la educación en todos los grados; a la salud; al agua; a la cultura; más un buen etcétera. Garantizar el ejercicio de todos estos derechos -y la responsabilidad del Estado para que puedan ejercitarse- requerirá de programas de acción afirmativa que puntualmente se cumplieran en tiempos determinados (como se hizo en China para erradicar la pobreza extrema, lo que logró este año).

Una propuesta de la izquierda debe considerar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, la reversión de los efectos negativos del cambio climático, los justos reclamos de las mujeres, los cambios en el mundo del trabajo provocados por los avances tecnológicos y los nuevos derechos laborales, los derechos a la ciudad, una política energética centrada en la transición a las energías limpias y tener claros los papeles y responsabilidades del mercado y del Estado en la gestión de la economía.

Democracia significa igualdad, derecho a la igualdad y también derecho a la diferencia. Es así como mayorías y minorías conviven sana y constructivamente. 

Se han dado avances en la superación de discriminaciones, principalmente en la ley, aun cuando se requieran esos mismos avances en las oportunidades que abren la actividad pública, el desarrollo económico y la convivencia social, en particular respecto a todos aquellos grupos de la población que puedan considerarse como minorías -sean éstas de dimensión mayor o menor-. En los casos de desigualdad, corresponde al Estado poner en práctica políticas de acción afirmativa, para gradualmente, en los menores tiempos posibles, superar deficiencias, discriminaciones, prácticas inadecuadas, etc.

El mundo vive en la actualidad una rebelión de las mujeres contra la violencia y las discriminaciones, así como por sus derechos. Esa rebelión está presente en México. Son luchas en las que las mujeres hacen cabeza por los derechos de género, respecto a los cuales habrá de alcanzarse la igualdad en su ejercicio, como condición de democracia efectiva. En el pasado se conquistaron el voto y el divorcio, tiempo después la despenalización del aborto (por la que en muchos sitios aun se pelea, como sucede en varias de las entidades federativas en nuestro país), y se mantiene viva la lucha por el conjunto de derechos de la gente relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.

En diciembre del 2015 se celebró en París la reunión de la COP 21, que produjo el Acuerdo sobre el cambio climático, a partir del cual se estableció la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que marcó 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) para alcanzarse mundialmente en 2030. En octubre de 2019 se reportaba que el cumplimiento de estos objetivos por parte de nuestro país avanzaba, aunque con un ritmo menor al 50% requerido para esa fecha, respecto a 1. fin de la pobreza; 2. salud y bienestar; 3. igualdad de género; 4. ciudades y comunidades sustentables; 5. producción y consumo responsables; 6. acción por el clima; y 7. vida submarina; y moviéndose en dirección incorrecta y desviada en los temas 8. hambre cero; 9. educación de calidad; 10. agua limpia y saneamiento; 11. energía asequible y no contaminante; 12. trabajo digno y crecimiento económico; 13. industria, innovación e infraestructura; 14. reducción de las desigualdades; 15. vida de ecosistemas terrestres; 16. paz, justicia e instituciones sólidas, así como tampoco se va con el ritmo deseado en la construcción de alianzas para alcanzar el conjunto de los objetivos (17).

La política laboral constituye uno de los ejes principales de un proyecto de democracia progresista. Lineamientos centrales de ella son la libertad de los trabajadores para organizarse y negociar colectivamente y, por lo tanto, la vigencia efectiva de democracia sindical, salario suficiente y digno (en el caso de México lo pienso equivalente al que rige en aquellas ramas y en los países con los que principalmente se intercambia y compite), seguridad social integral, reparto equitativo entre el trabajo y el capital de las ganancias que generan los incrementos en la productividad, capacitación para utilizar y beneficiarse de los avances tecnológicos, supervisión de los trabajadores en las contabilidades de las empresas y participación en la determinación del reparto de utilidades, así como en la organización de las labores dentro del centro de trabajo.

Por otra parte, es indispensable poner en práctica políticas con la clara finalidad de generar empleo, lo que significa fortalecer la formación de capital, que no se logra con crecimientos precarios de la economía. Habría que agregar, además, que la flexibilización de los mercados laborales, tal como la ha impulsado e impuesto el neoliberalismo, sólo ha afectado los derechos del trabajador y precarizado los puestos de trabajo, por lo que si bien los avances tecnológicos demandan una mayor movilidad laboral, ésta tendrá que corresponderse con la creación de nuevos instrumentos de protección, inspección y fomento mismo del empleo.

Una política laboral no estará completa si no considera el constante fortalecimiento del salario, así como el reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales esenciales: salud, alimentación, educación, cuidado infantil, vivienda y otros servicios sociales indispensables, en una primera etapa vinculados al trabajo, no así en una segunda, en que debieran desvincularse y depender de los ingresos generales del Estado.

Y con una visión más amplia hacia el futuro, deberá plantearse, como parte de las políticas en materia de trabajo, la creación de un sistema de protección universal del ingreso, que permita a individuos y familias hacer frente a los costos o pérdida de ingresos ocasionados por eventos como la maternidad, la enfermedad, las incapacidades, la edad avanzada, la viudez y la orfandad, en este caso con esquemas de prestaciones no vinculadas al trabajo formal y sustentadas, por lo tanto, en impuestos generales. 

La urgencia de empezar a instrumentar estas medidas se ha hecho cada vez más evidente ante el deterioro de las condiciones de vida de la población en estos tiempos de crisis sanitaria.

Con visión de futuro, habría que plantearse también la creación, como parte de una política laboral progresista, de un sistema de protección universal del ingreso, desvinculado del empleo formal y complementado con planes ocupacionales y programas de ahorro para el retiro para trabajadores de ingresos medios y altos.

Son múltiples los aspectos que integran un proyecto de nación. Imposible en esta sesión pretender abarcar muchos más, aunque considero necesario referirme a nuevas políticas energética y minera.

Empezaré por afirmar que el petróleo no es cuestión del pasado. Es recurso del presente y del futuro. Gradualmente se debe reducir y eventualmente abandonar su transformación en combustibles, pero la petroquímica tiene un campo cada vez más amplio. 

En ella deberá centrarse el grueso de la inversión de aquí en adelante y desarrollar con inteligencia y racionalidad sus cadenas productivas. Eso demandará un manejo responsable de las reservas de hidrocarburos, para que se aprovechen cuidando presente y futuro y tengan la mayor duración posible. Por otra parte, se deben impulsar las energías limpias: hidráulica, solar, eólica, de las mareas y las corrientes marinas, de la biomasa, etc., así como la transformación del transporte a la utilización de la electricidad, el hidrógeno y todos los adelantos que vayan desarrollando la ciencia y la tecnología de punta. 

El desenvolvimiento de las energías limpias deberá significar tanto mejoramiento del ambiente, como ventajas económicas y beneficios sociales, en particular, para comunidades y propietarios que puedan asociarse con, o constituirse en generadores de energía.

Como parte de una nueva política energética, habrán de considerarse cambios de gran alcance en las políticas petrolera, de gas y electricidad. En el caso de los hidrocarburos, los cambios tendrán que realizarse de manera gradual en el manejo de las reservas de petróleo y gas, así como en materia de refinación y en la reestructuración técnico-administrativa de Petróleos Mexicanos.

México actualmente importa el 70% del gas natural que consume, estableciendo una grave dependencia, a pesar de que el país cuenta con yacimientos conocidos, como los contiguos a la frontera con el estado de Texas, que bien puede suponerse corresponden a los mismos mantos que desde hace años explotan los norteamericanos, que aquí no se han explotado y que, con otras fuentes también conocidas, podrían satisfacer las demandas de gas natural del país, prácticamente eliminando las importaciones.

Sostengo, por otro lado, que el servicio público de electricidad debiera ser facultad exclusiva del Estado, pues además de gestionar los derechos de vía de las líneas de transmisión y los gasoductos, es indispensable la responsabilidad pública en el aprovechamiento de los recursos naturales y para mejorar el aprovechamiento de las garantías en relación a los contratos con generadores privados para evitar vaivenes que alteran gravemente los mercados, lo que demanda una adecuación del marco legal para fortalecer al Estado como garante de la prestación del servicio.

Ahora bien, la finalidad que desde hace años se ha asignado a la producción petrolera es la de aportar a los fondos fiscales del Estado. El petróleo debe volver a ser palanca de crecimiento económico y de industrialización, por lo que los criterios de su aprovechamiento no deben ser más los que le fija la Secretaría de Hacienda, sino objetivos enmarcados en la política industrial y de desarrollo regional, en la extensión de las cadenas productivas de la propia industria petrolera y el aprovechamiento de sus impactos en otras ramas industriales.

Condición indispensable para buenas prácticas en la industria energética del Estado, es otorgar a Petróleos Mexicano y a la Comisión Federal de Electricidad efectiva autonomía financiera y de gestión.

En relación a la minería, una cuestión que no debe perderse de vista es que se ha concesionado a empresas mineras una tercera parte del territorio nacional. Se trata de más de 600 000 km2. Este dato es de llamar la atención, pues un buen número y una muy amplia extensión, corresponden a concesiones a empresas extranjeras. 

Existen denuncias y reclamaciones de numerosas comunidades indígenas y campesinas por despojos violentos, otras debido a prácticas depredadoras del medio ambiente, principalmente por explotaciones mineras a cielo abierto, que el Estado debe atender con prioridad, tanto para hacer justicia como para obligar a las reparaciones sociales y ambientales que en cada caso correspondan.

Una política que se ha abandonado y debe recuperarse, es la de evitar hasta donde sea posible, la exportación de minerales tal como se extraen de la mina o como concentrados, que constituyen la mayor proporción de lo exportado, para fomentar su transformación industrial en el país, generando con ello empleo y valor agregado, estimulando las economías regionales, integrando y extendiendo las cadenas productivas.

Un tema que ayuda a entender si una propuesta, un partido o un gobierno se pueden ver más en la izquierda o más en la derecha, es el papel que asignan al mercado y al Estado en la gestión de la economía. 

Más mercado y menos Estado, o más Estado y menos mercado, han sido en lo general las posiciones en debate. Posiciones extremas. Un debate mal planteado de absolutos.

Habrá que empezar por decir algo que parece obvio, pero no siempre se tiene presente: un sistema político-económico necesita y necesitará siempre una economía con mercado, no -y aquí hago énfasis- (no) una economía de mercado. 

Se requiere un mercado regulado en función del interés público, en el que fundamentalmente se protejan los intereses de los trabajadores y del consumidor, chico y grande; se requiere asimismo un Estado que evite la concentración y la monopolización del mercado, garantice la equidad en la competencia para tener precios bajos y calidades óptimas, así como que proceda al desmantelamiento de privilegios injustos. 

Una izquierda democrática y progresista en nuestro país debe generar mercados de competencia en condiciones de equidad, así como un Estado regulador de los propios mercados y responsable de que la economía se desenvuelva en ejercicio de la soberanía nacional, viendo que la empresa cumpla con sus responsabilidades sociales y económicas, garantizando los derechos del trabajador y proveyendo para buenas prácticas que signifiquen la mejora consistente de sus ingresos y condiciones de trabajo, la racionalidad de presente y futuro en el manejo de los recursos naturales, y la integración y expansión productivas en sus distintas ramas, con las que pueda contribuir el Estado para incorporarles innovaciones de la tecnología y de la ciencia.

La puesta en ejecución de un proyecto de nación como el aquí descrito sólo será posible instrumentarlo si se coloca por delante el rescate, hasta lograr su pleno ejercicio, de la soberanía nacional, interferida históricamente por el poder hegemónico, económico y político, de los Estados Unidos. 

Poner fin a esas intromisiones ha sido hasta hoy la larga lucha de nuestro pueblo y, por algún tiempo, seguirá siendo la que demande el mayor esfuerzo.

Este rescate, o sea tornar equitativas las relaciones económicas y políticas de México con el mundo, lo imagino un proceso gradual. Ir recuperando para el interés del país, uno a uno, los eslabones de dependencia en las cadenas productivas, y, por otro lado, desarrollando la institucionalidad necesaria para apoyar los cambios, haciendo valer la legalidad política nacional y la legitimidad de las decisiones soberanas, reconocidas con esa calidad por el derecho internacional. 

Será, en cualquier caso, un proceso de mediano a largo plazo, lleno de presiones, que habrá que sortear con inteligencia, transparencia, respaldo social y cabal apego al derecho.

Finalmente, nos encontramos inmersos en el proceso electoral de la historia del país en el que más cargos se disputan. 

Hasta el día de hoy, veo descalificaciones de los partidos, de todos contra todos, veo autoelogios por doquier, pero no veo propuestas de cómo enfrentar los principales problemas del país: la corrupción, la inseguridad, la desigualdad, el rezago económico, la dependencia, etc.; no veo propuestas de agendas legislativas por parte de las posibles bancadas de los partidos, ya que el eje de esta elección es la de la Cámara de Diputados federal.

Estas elecciones serán las primeras en las que un gran número de candidatos buscan su reelección. 

Vista la selección de las candidaturas, sobre todo las de quienes aspiran a reelegirse, tengo la impresión que el cambio constitucional que permite la reelección, más que por un análisis de ventajas, desventajas y razones políticas, se aprobó por ambiciones e intereses partidario-personalistas de las cúpulas partidarias en favor de sus burocracias, y la asignación de candidaturas refleja en muchos casos más el peso relativo de las facciones internas, parentescos y compadrazgos, y repetidamente, una marcada ausencia de procedimientos democráticos de selección. 

Al ver estas primeras manifestaciones del cambio constitucional producto de permitir la reelección, me declaro firmemente en favor de la no reelección y por la vuelta al texto constitucional anterior a la reforma.

En las campañas que estamos viendo, lamento profundamente la ausencia de propuestas de los partidos y candidatos que se dicen de izquierda. ¿Contienden en este momento partidos y candidatos de izquierda? ¿Qué los definiría en esa ubicación?

Lucha contra la inseguridad y la corrupción, mejor educación y mejor salud, honradez, son propuestas que se hacen desde supuestas izquierdas y supuestas derechas, pero ¿qué más? Esos son los qués, ¿y cuáles son los cómos? 

Aceptando los qués, que están bien ¿en qué proyecto de economía y en qué propuesta de organización social se enmarcan? ¿Alguien plantea cambios institucionales, cambios constitucionales? Dar respuesta a estas interrogantes nos permitiría saber hacia donde nos quieren llevar partido y candidatos que hoy contienden. Podríamos entonces votar informados.

Concluyo diciendo que de mantenerse las políticas vigentes, sólo se agudizarán las desigualdades sociales, los desequilibrios económicos y las dependencias, inaceptables en la construcción de un proyecto de democracia progresista. 

Éste es el de una democracia integral, esto es, equidad electoral, igualdad social (educación, salud, trabajo, seguridad social), territorial, nacional e internacional. Hacia allá nos toca apuntar, en ese sentido hay que edificar.

Cuauhtémoc Cárdenas, mayo 2021.

*Tomado del muro de Jaime García Chávez