Chihuahua, Chih.

El 16 de marzo del 2022 se instaló la Comisión Legislativa Especial cuyo objeto sería darle seguimiento a la llamada Reforma Integral de la Constitución del Estado. Los diputados integrantes de esta Comisión legislativa representan a las corrientes políticas que conforman los cuatro grupos parlamentarios de la actual Legislatura del Congreso Local.

Para tal efecto, se aprobó una agenda de trabajo en la que habría de promoverse, supuestamente, a través del ‘Parlamento Abierto’ la participación directa de la ciudadanía chihuahuense.

Así, se programaron diversas actividades, entre ellas, los ‘Conversatorios’ en la que participaron diversos funcionarios públicos, quienes expresaron opiniones relativas a la exigencia de nuevos principios constitucionales; pero, sin aportar iniciativa de ley alguna.

De igual manera, los integrantes de la Comisión Especial realizaron varias reuniones ‘informales’ con el sector empresarial y con los órganos constitucionales autónomos estatales (IEE, TEE e ICHITAIP) con la finalidad de que formularan sus propuestas de reforma constitucional en lo concerniente a su ámbito competencial.

En el Informe ‘anual’ presentado por el Presidente de la Comisión Especial, Dip. Mario Vázquez, se precisa que durante seis meses tan solo se realizó una sola sesión “a fin de realizar las acciones legislativas y administrativas tendientes a desahogar las (44) iniciativas de ley que le fueron turnadas a la Comisión”.

En el micrositio del Congreso se indican los 22 ‘ejes temáticos’ que “guiarán la reingeniería constitucional, que mejorará la estructura y funcionamiento normativo, con una mayor participación ciudadana, transparencia y profesionalización”:

El 22 de junio pasado, la Comisión Especial presentó una iniciativa de ley “a efecto de reformar de manera integral la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua” que, en pocas palabras, es una burda mezcla de las 44 iniciativas de reforma constitucional que han sido presentadas -desde el año 2021 a la fecha- por los diputados locales; misma que puede ser consultada en el siguiente link:

file:///C:/Users/Lic%20Cortinas/Documents/CONGRESO%202021/INICIATIVAS%2022/Iniciativa%20Constitucional.pdf

Ahora bien, si tomamos en cuenta que estamos a 15 de noviembre; a escasos 45 días de que concluya el año 2022. Y que el Pleno del Congreso debe de aprobar -forzosamente- antes de que termine el año, la Ley de Ingresos del Estado del 2023, el Presupuesto de Egresos del 2023 y las Leyes de Ingresos de los 67 Municipios del Estado.

Yo me pregunto: 

¿La Reforma Constitucional Integral cuando será aprobada? 

¿Hasta el próximo año? 

¿En septiembre del 2023, antes de que inicie el proceso electoral local del 2024?

¿Será una reforma mocha; es decir, un parche constitucional más?

¿O simplemente, NO será aprobada?

A mi parecer, de la simple lectura de la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Comisión Especial, será imposible su aprobación, dada la férrea postura del grupo parlamentario de MORENA de incrustar en la Constitución Local las ridículas y absurdas reformas al Pacto Federal promovidas por el Presidente López Obrador.

Además, de ser aprobada la Reforma Constitucional Integral, ésta sería notoriamente inconstitucional, ya que se incumple el principio constitucional del Parlamento Abierto, que exige  la participación -directa y real- de la ciudadanía chihuahuense en todo proceso legislativo.

Por desgracia, los diputados integrantes de la Comisión Especial han asumido la postura de las anteriores Legislaturas: ignorar por completo la ‘vox populi’, con el perverso propósito de imponer las consignas de los gobernantes en turno o de sus dirigentes partidistas.

Por supuesto, en esta ocasión, no lo vamos a permitir.

P.D.

Hablando de reformas constitucionales, en el año 2020 la ‘Tremenda Corte’ declaró la invalidez de la reforma al artículo 9 de la Constitución Local aprobada en el año 2018, por vicios legislativos.

En consecuencia, los actuales diputados integrantes de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas tienen el pendiente de cumplir la ejecutoria de la acción de inconstitucionalidad que invalidó dicha reforma constitucional, así como de las respectivas leyes reglamentarias en materia indigenista y de discapacidad.

Esta inexplicable omisión legislativa es, sin duda alguna, una causal de responsabilidad política que habremos de denunciar en los próximos días.