Chihuahua, Chih.

El nombre de Alejandro Gertz Manero ha estado en la más alta preocupación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la última semana. Lo sacudió y molestó sobremanera que corriera la versión de que iba a renunciar al cargo, porque, en efecto, fue algo de lo que se estaba hablando en Palacio Nacional. Se desconoce cuáles podrían haber sido las razones de la eventual renuncia del fiscal, pero generaron un cisma en la Presidencia e instrucciones para que se buscara la fuente original de lo que no era en el fondo un rumor, sino una posibilidad real. Las versiones comenzaron a circular entre la clase política el miércoles por la noche, en coincidencia con que, la víspera, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para investigar un posible lavado de dinero.

El nombre de Gertz Manero figuraba como el número nueve de una lista que envió Pablo Gómez, el nuevo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la CNBV para localizar las cuentas bancarias de varios funcionarios y exfuncionarios, así como miembros del gobierno de López Obrador vinculados al exconsejero jurídico de la Presidencia, políticos y empresarios, mediante las cuales presuntamente hubieran realizado operaciones financieras irregulares o ilegales. La lista fue primeramente reportada el sábado por la columnista de Reforma, Peniley Ramírez, que dijo que se trataba de 79 personas.

La columnista mencionó algunos de los nombres, los más atractivos para la opinión pública o que representen algo en la coyuntura actual. Este domingo, Roberto Rock añadió en El Universal algunos nombres más de los que figuran en el listado. Una buena parte de quienes fueron incluidos, como precisó Ramírez, surgieron a la opinión pública como dueños o socios de empresas off-shore en la investigación multinacional conocida como Pandora Papers, publicada en octubre. Sin embargo, el nombre del fiscal no emergió en esa filtración masiva de millones de documentos, lo que no significa que Gertz Manero sea ajeno a movimientos financieros en paraísos fiscales.

En noviembre de 2017, su nombre surgió en una investigación llamada Paradise Papers, al revelarse que el hoy fiscal era vicepresidente de Jano Ltd., una compañía de inversiones personales en las Islas Caimán con fines fiscales. La compañía, de la cual su finado hermano Federico era presidente y el beneficiario propietario, fue cerrada en 2009. Gertz Manero siempre negó conocimiento de Jano Ltd., o que hubiera administrado la firma. Sin embargo, la sombra y la sospecha de que estuvo más que directamente involucrado en operaciones financieras para evadir impuestos, lo ha perseguido desde entonces.

La solicitud de información de la UIF a la CNBV deberá proveer información sobre todos los movimientos financieros de Gertz Manero dentro y fuera de México desde 2012. Probablemente la cuenta revelada en los Paradise Papers ya no se incluya en la investigación, pero no así otra cuenta a través de una consultora de inversiones con sede en Panamá, llamada Operadora Invictus, que se encuentra en el corazón de una agresiva ofensiva judicial de Gertz Manero en contra de la familia de su hermano, que tiene en la cárcel desde octubre de 2020 a Alejandra Cuevas, a quien acusó de homicidio por omisión de cuidados de su hermano Federico, quien murió en 2015. La señora Cuevas es hija de Laura Morán, a quien también buscó Gertz Manero meter en la cárcel. Los jueces determinaron que no había delito, pero el fiscal ha seguido litigando asuntos privados aprovechando su cargo público, y logró que la Suprema Corte de Justicia atrajera el caso.

Este conflicto ha generado múltiples choques dentro del círculo interno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y roto alianzas que se pensaban infranqueables, con amenazas directas incluso del fiscal en contra de cercanos a Palacio Nacional que se abstuvieron de incurrir en ilegalidades para satisfacer su ira. La furia de Gertz Manero se avivó luego de que, a finales de septiembre pasado, los familiares de la señora Cuevas lo denunciaron en la UIF de haber sido directamente él quien realizó presuntos malos manejos de 7.8 millones de dólares en cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Quien dio entrada a esa denuncia e inició la investigación fue el exjefe de la UIF, Santiago Nieto, con quien Gertz Manero mantuvo una hostilidad abierta casi desde el principio del sexenio, hasta que fue cesado por un escándalo político relacionado con su boda. El relevo de Nieto, Pablo Gómez, se encontró con las denuncias e investigaciones abiertas, donde la petición a la CNBV, se puede plantear, responde a la responsabilidad que le fue asignada. Las cosas, sin embargo, no son tan simples.

Gómez, quien todavía no ha cambiado al equipo que tenía Nieto, estuvo solicitando audiencia con el presidente López Obrador la semana pasada para pedir orientación sobre los primeros pasos que debía tomar, a fin de que siga dentro de las líneas políticas marcadas en Palacio Nacional a Nieto en contra de quienes llama sus “adversarios”. El Presidente no lo había recibido, cuando menos hasta el momento en que envió la solicitud de información a la CNBV. Tampoco hay todavía reacciones a la difusión de la lista este fin de semana, que generará fuertes marejadas por el peso de varias de las personas incluidas que han estado cercanas al Presidente, al grupo de poder, o con quienes se han venido forjando alianzas en las últimas semanas.

La crisis en Palacio comenzó el miércoles al circular la versión de la renuncia del fiscal, que inquietó y molestó al Presidente. López Obrador ordenó una investigación interna para determinar quién filtró una discusión no concluida y que se mantenía en secreto, y desató una cacería de brujas dentro de la Presidencia, para encontrar a los o las responsables de la indiscreción. El Presidente atajó el jueves las versiones de la salida del fiscal y ganó tiempo, mientras Gertz Manero, hasta ahora, no ha concretado la amenaza. Todo sigue igual, pero todo está muy diferente.

 
Pelea de perros (segunda parte)

El 30 de septiembre se publicó en este espacio que había una pelea a morir entre el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, cuyo campo de batalla eran las primeras planas de Reforma, vehículo del primero, y El Universal, el instrumento del segundo. Este lunes se dio la segunda parte de ese conflicto, a través de los mismos espacios, donde directa o indirectamente se cruzaron acusaciones de corrupción. El conflicto se convirtió en un escándalo instantáneo y dejó atrapado en sus contradicciones al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la mañanera sólo profundizó la confusión y permitió atisbar la crisis de control que se vive en Palacio Nacional.

López Obrador lleva una semana de ver sometidos a sus hijos y a su equipo más cercano a cuestionamientos sobre conflictos de interés y corrupción. Su única defensa ha sido el ataque y la descalificación de los mensajeros, porque no tiene más herramientas para contraatacar. Peor aún, dos de las tres patas de su lucha contra la corrupción, como iluminó el chapoteadero de las portadas de los dos principales diarios de información general en el país, se vieron envueltos en acusaciones recíprocas sobre actos ilegales. El propio Presidente retomó otros casos irregulares y de corrupción en su gobierno, para hablar de él y de que quieren lastimarlo. Demasiado egocentrismo y demasiadas cosas opacas las que abundan estos días en Palacio Nacional.

La más importante de sus referencias durante la mañanera de este lunes fue la difusión, la semana pasada, de un video de diciembre de 2017 de su secretario particular, el muy poderoso Alejandro Esquer, y la jefa de la Unidad de Finanzas y Administración de la Presidencia, Denis Zaharula Vasto, cuando en su calidad de responsables financieros de Morena realizaron, junto con otras cuatro personas, 28 depósitos en efectivo por un monto de 50 mil pesos cada uno, con una diferencia de 20 minutos cada uno, aparentemente para financiar campañas electorales del partido. Aunque ese episodio lo desestimó el INE, por mucho menos el gobierno de López Obrador emprendió acciones penales contra empresarios y políticos que no le son afines, acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada.

López Obrador dijo que era un tema saldado hace tiempo por el Instituto Nacional Electoral, cuyo único objetivo de revivirlo enfocando a Esquer, era lastimarlo. Esto fue la versión pública. La versión privada en Palacio Nacional es más ríspida. Desde que salió el video, la pregunta fue quién pudo haber guardado esas imágenes de la sucursal San Ángel del Banco Afirme, donde fue Esquer a realizar los depósitos en efectivo –el gobierno de Enrique Peña Nieto, aunque el sistema financiero debió haber alertado sobre esos depósitos altos en efectivo de manera consecutiva, guardó silencio–, y rápidamente concluyeron que el responsable tenía que ser el exconsejero jurídico Julio Scherer, por sus nexos con el Banco Afirme.

Dentro de la Presidencia, en particular el vocero presidencial, operador político y manipulador del radicalismo de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, ha sido el arquitecto principal de la intriga contra Scherer, y de las acusaciones en su contra. Le adjudica otras filtraciones, aunque no tiene prueba de ello, como haber sido quien puso en alerta a la prensa sobre la fábrica de chocolates de los hijos del Presidente, aunque no era algo desconocido, por la promoción que desde hace más de año y medio han hecho algunas dependencias federales del producto. Pero Scherer se ha vuelto el objetivo central de las imputaciones internas por el volumen y la calidad de información que tiene de López Obrador, de buena parte del gabinete y de todo el entorno cercano del Presidente. Al mismo tiempo, para todo lo que sabe, se puede decir que no ha salido nada. No ha ayudado tampoco que exista un fuerte pleito, no público, entre Scherer y el fiscal Gertz Manero, con quien tuvo reuniones muy duras después de dejar la Consejería Jurídica.

La bomba que apareció en Reforma el lunes, sin embargo, no tuvo como destinatario a Scherer, sino a Nieto, y la denuncia anónima sobre la cual se elaboró el texto se hizo el 2 de diciembre, dos días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con una investigación que había iniciado su exjefe, pedía información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones financieras del fiscal en paraísos fiscales. La respuesta de Nieto fue una obviedad, en el periódico propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz, a quien atraparon las autoridades guatemaltecas con 35 mil dólares en efectivo, la víspera de asistir a la boda de su amigo.

Lo que nos deja una semana de información sobre irregularidades o ilegalidades en el entorno más cercano del Presidente, revela que en Palacio Nacional y en las oficinas donde tienen la información más delicada y comprometedora del gobierno, existe un desaseo y no hay nadie que ponga un alto. El Presidente ha resentido los golpes por debajo de su línea de flotación de la honestidad que pregona, y no ha podido articular una defensa de sus colaboradores. La verdad es que no tendría por qué meterse a chapalear en el fango. Lo que necesita es meter orden.

El que más lo requiere es Gertz Manero, que parece incontenible, y sus acusaciones múltiples sólo están generando desgaste y lastres al Presidente y su lucha contra la corrupción. El segundo debe ser Ramírez Cuevas, el acelerador de su radicalismo y polarización, porque esa estrategia lo está aislando. Al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le debe dar la encomienda de ponerse a apagar los fuegos antes de que siga avanzando sobre el gobierno, en Palacio Nacional y quemando el despacho presidencial. No se trata de perdonar corruptelas, sino que, de existir, se actúe. Si no, parafraseando a López Obrador, que dejen de grillar porque le están haciendo mucho daño a su proyecto