Chihuahua, Chih.

La sorpresiva destitución de Santiago Nieto como titular de la FEPADE, por haber violentado el Código de conducta de la PGR, generó un alud de reclamos por parte de diversos sectores de la sociedad y de los partidos políticos nacionales de oposición.

La postura de los líderes del Frente Ciudadano por México es en el sentido de que la destitución del ex fiscal electoral es un acto arbitrario y una muestra de un regreso del autoritarismo. Hasta López Obrador expresó su desacuerdo: “No debieron destituirlo de la manera como lo hicieron, no se justifica que por dar a conocer una información se le destituya, por encima de ese llamado Código de Ética de la Procuraduría está la libertad, actuar con honestidad, la transparencia, el derecho a la libre manifestación de las ideas”.

Para contrarrestar esta oleada de apoyos políticos a favor de Santiago Nieto, el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya, promovió un amparo para que la FEPADE le permita el acceso a la carpeta de investigación que se sigue en su contra por el caso Odebrecht, y solicitando que sea citado a declarar como imputado.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN afirma que el autoritarismo de Peña Nieto se refleja en “el espionaje a activistas de la sociedad civil, periodistas y políticos de oposición; el intento por imponer a un Fiscal a modo para los próximos nueve años; la campaña de mentiras en contra de los partidos de oposición; y ahora, la destitución injustificada de Santiago Nieto”.

Para la coordinadora legislativa de Morena, Rocío Nahle, “políticamente, la destitución del fiscal electoral nos dice que vivimos en el reino de la impunidad en México y que el fiscal anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción son puro teatro”. Para el representante de Morena ante el INE, “la destitución se trata de una venganza por parte de Gobierno federal a un fiscal incómodo… una venganza que nos regresa 50 años en la cultura política y en la cultura de la legalidad de nuestro país. Es una venganza clara, contundente, fría”.

El diputado federal del PAN, Jorge López Martín, afirma que “la destitución de Nieto significa una amputación ha dicho sistema y que demuestra cómo el PRI-Gobierno busca controlar a las instituciones que deben garantizar un proceso electoral equitativo… impera una decisión intransigente, retrógrada, caprichosa y sin razón”.

Inclusive, en días pasados, en la plataforma virtual de peticiones ciudadanas ‘Change.org’ se inició una recolección de firmas para que los partidos de oposición en el Senado rechacen la remoción del titular de la FEPADE. La solicitud promueve que los senadores del PAN, PRD, PT y cinco independientes (que en conjunto suman 66) objeten la destitución de Santiago Nieto.

Usted amable lector, podrá apreciar a simple vista, que la polémica mediática de la destitución ‘arbitraria’ del ex fiscal electoral es una postura de mera coyuntura política; o más bien, de una burda conveniencia partidista.

Ello, porque ninguno de los actores políticos y sociales hace referencia a la cuestión de fondo: la urgente implementación de la autonomía de la institución del Ministerio Público.

Al respecto, el analista político Raúl Contreras Bustamante afirma que el “El NSJP y el SNA se han echado a andar de manera incompleta a falta de la Fiscalía y, por lo tanto, adolecen de una eficacia total desde su nacimiento… Mientras nuestros políticos sigan postergando las decisiones fundamentales, el país seguirá viviendo en la cultura de la simulación de la legalidad”.

A mi parecer, la conducta de Santiago Nieto es sumamente reprochable y, por lo tanto, su destitución está plenamente justificada. Lo anterior, porque en sus reiteradas visitas a Chihuahua, divulgó información que violentaba la secrecía de las indagatorias ministeriales a su cargo; incumpliendo los principios constitucionales de imparcialidad, profesionalismo y de respeto a los derechos humanos de los imputados. Motivo suficiente para ser expulsado de la PGR.



NIETO Y GARFIO:

Recordemos que hace un par de meses, la FEPADE abrió una carpeta de investigación para investigar la probable entrega de sobornos (a funcionarios del gobierno de México para tener contratos con Pemex) por más de 10 millones dólares que fueron destinados para apoyar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012.

En una carta de Lozoya, dirigida a Santiago Nieto, se lee lo siguiente: “Usted Señor Fiscal, podrá constatar de manera clara, precisa y contundente, que el suscrito es una persona pública, que me encuentro ubicable y localizable, con domicilio cierto en la Ciudad de México a disposición de cualquier autoridad local o federal para cualquier acto en los que sea requerida mi presencia”.

En dicho escrito, se solicita lo siguiente: Se me haga conocimiento si existe en mi contra alguna imputación y en su caso el contenido de la misma… (y) se me gire citatorio de estilo para que con el carácter que el suscrito tenga declare en relación a los hechos, lo anterior para el esclarecimiento de los mismos…”

Yo me pregunto: ¿Por qué en las carpetas de investigación en contra de varios funcionarios exduartistas, no se les dieron a conocer los hechos delictivos a los imputados, previo al ejercicio de la acción penal? Pregunta ociosa, porque la operación ‘Justicia para Chihuahua’ es un operativo de venganza política mediante la prostitución del NSJP. ¿A poco no…?