Chihuahua, Chih.

Sólo la correcta impartición de la justicia podrá resolver si los últimos detenidos por el Nuevo Amanecer, el empresario parralense Otto Valles Baca, y el ex Secretario General del duartismo, Raymundo Romero, son culpables de los delitos que les imputa la Fiscalía General del Estado.

Tal aserto puede extenderse, sin duda alguna, al total de los procesados por el gobierno de Javier Corral, incluido en esta segmentación al mismísimo ex gobernador César Duarte. 

Llegar a esa conclusión, a pesar de la extendida percepción de que la mayoría de los funcionarios de aquel gobierno sí fueron responsables de la comisión de innumerables delitos contra la administración pública, se ha fortalecido aún más -y a pesar de que ese aserto es la premisa esencial de la concepción de la justicia- en virtud del inescrupuloso manejo que el gobierno de Javier Corral ha hecho de las acusaciones en contra de todos ellos.

Y es que en la mayoría de los casos, el gobierno corralista ha cometido infinidad de tropelías jurídicas -con la plena y vergonzosa complicidad de los encargados de la aplicación de la justicia- que en la mayor parte de los casos los tribunales federales le otorgan -ú otorgarán- la razón a la defensa de los indiciados.

Son de tal magnitud que hasta el mismo gobernador Corral ha debido correr la versión que puede darse el caso de que el ex gobernador Duarte no sea detenido.

¡Corral acepta que la principal motivación que llevó a la mayoría de los votantes a hacerlo por él será una promesa incumplida!

Partamos del hecho de que la legislación vigente para combatir las corruptelas -hasta antes de las modificaciones legales impulsadas por el gobierno de López Obrador, pero que sólo son del ámbito federal- los delitos cometidos en contra del patrimonio público eran considerados como delitos no graves. 

¿Cómo esperar que la clase política legislara severamente en contra de los delitos que pudiesen cometer los que tenían monopolizado el ejercicio del poder? 

¿Cómo podíamos esperar que legislaran en contra de sí mismos?

Por todo lo anterior, y siempre que se hace necesario, ya sea para combatir las críticas generadas por algún desaguisado de su administración o por el descubrimiento de las corruptelas cometidas por sus subalternos, o por las frecuentes y disparatadas frivolidades de Corral, con alguna frecuencia, coincidentemente, la fiscalía de Chihuahua da a conocer al aseguramiento de algún bien de César Duarte o, como en los presentes casos, las detenciones de Otto Valles y de Raymundo Romero, justamente cuando las críticas crecen desmesuradamente a raíz de la aprobación del presupuesto estatal para el 2020, que conlleva dos aspectos por demás criticables: 

El déficit de casi 6 mil millones de pesos y la fraudulenta pretensión de intentar convertir deuda de corto plazo, en deuda de largo plazo, por un monto superior a los 3 mil millones de pesos.

Ahora, en el colmo del buen manejo de la oportunidad, el gobierno “humanista” del Nuevo Amanecer decidió detener el 24 de diciembre al ex secretario Romero.

¡La investigación del corralismo se tardó más de 3 años en llegar a la conclusión de que era presunto responsable de la comisión de unos delitos que, por el monto y características de la obra en la que presuntamente se cometieron los ilícitos, era de los casos que, de inmediato, debieron llamar la atención de los puntillosos, capaces e imparciales investigadores de las corruptelas cometidas en el sexenio anterior!

¿Se imaginan la dinámica del grupo gobernante, y su líder, en la noche del 24 de diciembre, debieron combinar la emisión de mensajes navideños con la recepción de los informes de la detención de Romero y su presentación ante las autoridades correspondientes?

El colmo, para Corral y allegados, es que hagan lo que hagan, no cambia, para nada, la percepción generalizada de que su gobierno es un fracaso.

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