Chihuahua, Chih.
Hace unas semanas que inició la controversia sobre la incursión de un sacerdote en el ejercicio de la función pública en el ámbito estatal y no se puede negar que viejos debates se han instalado para medir la capacidad potencial de influir en decisiones que hasta ahora, al menos en lo aparente, pertenecían a esferas gubernamentales en aras de la construcción democrática que a la ciudadanía le han servido como espacio de participación política.
Los principales actores parecen reducirse a tres actores fundamentales: El titular del Ejecutivo estatal, el controversial clérigo y el abogado que comienza a construirse maliciosamente desde la visión, puramente, del interés gobiernista, en el enemigo público número 1.
En un contexto donde la transición de gobierno resultó de todo menos tersa, que ha incumplido con las expectativas ciudadanas, en la que suele percibirse un vacío de poder y en que los niveles de aceptación sobre el gobernador y su administración pueden suponerse, van a la baja, la construcción de una figura emblemática como la del enemigo público suele resultar muy útil con el fin de desviar la atención de las graves omisiones que este gobierno cursa ya que a pesar de la persecución de los miembros de la administración duartista y todo el despliegue de recursos mediáticos (no prácticos ni eficientes) y que tiene a la Fiscalía como elemento principal, es esta misma la que ha servido de vehículo para obstaculizar el ejercicio de los derechos.
Es que, mire, supongamos, si nos sentimos agraviados jurídica o socialmente y no somos miembros prominentes de la vida política de la entidad como lo es el consejero Leyva, ¿qué nos espera si sabemos que nuestros reclamos, aunque sustentados, pueden ser desdeñados si van en supuesto detrimento de los deseos, imagen o intenciones del gobernador?
Particularmente inquieta que la larga tradición laicista del país esté pretendiendo subvertirse porque en ello, se contraviene todo el constructo jurídico y social que hemos construido para reconocernos sujetos/as de derechos.
La permanente injerencia del Ejecutivo para sostener sus afanes en decisiones que apuntalan a todas luces a la implementación de un modelo que pretende ignorar toda la historia de confrontación liberal en la tradición constitucionalista nacional, sobre todo cuando esta se tradujo a un legado de libertad a razón del acotamiento del poder que la institución católica sostuvo y que ahora pareciera querer recuperar.
Lo cierto es que para nadie es desconocido que la curia ha sido factor importante en políticas gubernamentales en todos los niveles, su injerencia ha obstaculizado el avance del proceso democrático y ha sido factor preponderante para socialmente sostener las creencias y prejuicios dogmáticos que en la prédica ideologizante se convierte en herramienta poderosa, incluso para influir en procesos electorales.
Como “aldeana” preocupada y ocupada veo con inquietud el cambio de discurso oficial por uno eclesial, casi abandonando por completo el carácter sobrio de laicidad que debiera revestir al Estado frente a la iglesia que se empodera y adquiere un carácter más conservador.
Resultaría redundante nuevamente traer a cuento cuáles son los postulados y la razón de ser de la laicidad como eje transversal de la república, pero si es urgente discutir sobre su importancia vital como elemento para el desarrollo democrático nacional, sobre todo, porque los agravios que recibe trastocan el ámbito de los derechos de las personas.
La polémica inició por la inclusión de un párroco en la administración pública, la necedad de parte del titular del Ejecutivo por sostenerlo aun en contra de la legalidad y toda norma, con su apoyo abierto y respaldo en medio de la controversia jurídica, cuando el posicionamiento debería inclinarse a mostrar su confianza en las instituciones y el respeto por lo que decidan, aun sea, que el clérigo sea removido y que la amistad que los une no afecte la decisión, por ser el gobernador el que representa el máximo ejercicio del poder público y el sacerdote quien encarna a la institución que históricamente ha impedido el avance de la investigación, la ciencia y el desarrollo de las personas, especialmente de las mujeres, del ejercicio de sus derechos y prerrogativas ciudadanas.
Ante el empoderamiento y participación de personajes y organizaciones religiosas en medio de esta narrativa que se nos está construyendo se avizora un retroceso que a la luz de la coyuntura afectaría a las mujeres particularmente.
No hace mucho teníamos a la curia interfiriendo desde el púlpito y conformando opinión pública sobre el aborto y el matrimonio igualitario, que son derechos de las personas y se ejercen de acuerdo a su conciencia y ahora, pareciera que las políticas restrictivas están cobrando un más amplio espectro y espanta.
Asusta eventualmente volver al oscurantismo precisamente aquí, donde matan y desaparecen mujeres y las muertas no obtienen justicia.
Donde los crímenes de odio se cuentan por decenas.
Donde la institución que es la principal promotora de las ideas, dogmas y prejuicios que permiten esto está formando ahora, parte del gobierno.
La teoría del enemigo público se materializa ahora en contra de la persona que ejerciendo un derecho pues cuestionó una decisión de interés público como medio legitimador de alianzas inconfesables y vicios de viejos regímenes.
Es cuanto.
marielacastroflores.blogspot.mx
@MarieLouSalomé
