Chihuahua, Chih.

Cuando existe una denuncia mediática o frente a las autoridades (entendiendo “denuncia” como la acción de una víctima a hablar, de sacar de sí misma las consecuencias de las agresiones que padeció para socializarlas con los costos que ello implica), todo un sistema se activa para ponerla en duda y proteger a los agresores.

Ellos siendo hijos, padres, esposos, novios, hermanos, amigos, estudiantes con futuro prometedor, empresarios, políticos con francas aspiraciones, todos, se sirven de mecanismos que sus privilegios –entre mas poder ejerzan o mejor relacionados estén- les proporcionan para ponderar su “honor” o “buen nombre” sobre la integridad, salud, seguridad y vida de sus víctimas.

Este sistema no solo opera de manera directa para desacreditar a las mujeres que se atreven a romper el silencio, también de modo alterno, a las personas que suelen acompañar las denuncias en cualquier ámbito. Si es en redes sociales, las acompañantes se sujetan al escarnio, violencia digital y ven vulnerada su seguridad no solo en redes, generándose un espacio sumamente hostil y violento en el internet que producen afectaciones reales que provocan impacto concreto en quien la padece.

Cuando este acompañamiento es a partir de las instituciones y el personaje es relevante en la vida pública de la entidad, todo se complica.

A las víctimas se les niega la credibilidad de sus dichos a pesar que reunir el valor para denunciar puede llevar décadas. Muchos son los pretextos: que no actúan como si lo fueran (se espera que se sostengan en un estado sufriente permanente, como si se cargara un estigma); continuar con un trato cercano o buena relación con su perpetrador (sobre todo si se es familiar, jefe o si comparten entorno o grupo político).

Se cuestiona el dicho por el tiempo que pasó tras la agresión (entre que se ponderan las afectaciones en la vida personal si se hace público, el eventual impacto y que siendo los agresores por lo regular hombres “de confianza”, a las víctimas les puede tomar años entender que han sido víctimas de una violación o acoso sexual), sumado a que los recuerdos de las personas agredidas suelen no ser exactos y obedecen mas a sensaciones o detalles que al orden cronológico del suceso por ser esta la forma en que el cerebro responde a los hechos traumáticos.

Un párrafo aparte merece la mención de la poca resistencia o la nula defensa de las mujeres y niñas frente a los ataques sexuales.

Para muchas personas es inconcebible que exista quién frente a este tipo de asaltos no luche; defenderse se percibe como una prueba de que la violación o el acoso existió, sin embargo, a las mujeres por costumbre, educación y tradición se nos ha condicionado a no usar la violencia. Otra constante es la parálisis involuntaria debida a la conmoción, que es una respuesta fisiológica que el cuerpo activa para protegerse.

Tras la genealogía de la visibilización del acoso sexual, el hostigamiento y las violaciones como delitos graves y fenómeno social que encuadra en la violencia de género, el movimiento feminista que ha acompañado la iniciativa de las víctimas que deciden renunciar y a la par, se ha profundizado en la respuesta de todos los sectores y la responsabilidad institucional que corresponde, específicamente a su prevención, atención y seguimiento de los casos.

Uno de esos espacios es el gubernamental, ya que servidores públicos cuando recaen en este tipo de conductas deben ser señalados y sancionados conforme a derecho y a la afectación generada en las personas agredidas. Pero en este ámbito, pareciera que la impunidad pretende insertarse como la moneda de cambio para perpetuar el sistema al que me referí al inicio de la colaboración.

Otro de los recursos recurridos de los agresores pretendiendo ser “políticamente correctos”, es el de desestimar las denuncias aludiendo “cuestiones políticas”.

Desde Dominique Strauss-Kanh ex director del Fondo Monetario Internacional, Harvey Weinstein productor de cine, Larry Nassar ex médico encargado de la selección de gimnastas estadounidenses y Jorge Esteban Sandoval delegado del ISSSTE, todos han acusado (en su defensa) que han sido manejos políticos maliciosos que buscan afectarlos.

En el caso del delegado, su “defensa” se ha basado en atacar las motivaciones que la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y esposa del ex titular de la misma delegación, ha tenido para acompañar a las víctimas que lo han denunciado.

Lo grave es que al hacerlo cuestiona también las afirmaciones de las mujeres afectadas, revictimizándolas y exponiéndolas públicamente, sometiéndolas a un daño mayor al que ya de por sí, les ha hecho.

Al reducir los hechos a un pleito entre particulares, el ahora delegado violenta el principio de buena fe que se debe reivindicar cuando actos delictivos se denuncian, sobre todo, cuando son de naturaleza oculta como los que se acusan y busca, por consiguiente, quitarles a las que denuncian su legítimo derecho de acceso a la justicia.

El asunto está lejos de parar.

La titular de la política encargada de transversalizar el género en la administración pública estatal ha declarado en diversos medios de comunicación que hay mas víctimas que siguen denunciando y el señalado sigue en su empeño de denostar y desacreditar las denuncias, revictimizando y negando que tengan derechos fundamentales que para él, en su propia visión y persona, si son válidos y en ellas, por alguna razón, no.

La razón se llama misoginia y por lo hecho, debe responder.

marielacastroflores.blogspot.com

@MarieLouSalomé