Chihuahua., Chih
“La guerra no determina quién tiene la razón, solo quién queda”: Bertrand Russell, filósofo británico (1872-1970).
Históricamente, la relación entre las Fuerzas Armadas -de los distintos países, pero, sobre todo, latinoamericanos- y las fuerzas de izquierda ha sido complicada.
Y no es para menos, pues, en diversas naciones, personeros de la milicia encarnaron persecuciones, golpes de estado y asonadas contra diversas fuerzas de izquierda.
Por ello, resulta comprensible que cierto sector de las izquierdas vea a los ejércitos de sus naciones con suspicacia; pues, además de formar parte de las aristocracias y las élites de ciertos territorios, también fueron parte de los poderes fácticos que, durante años, conspiraron para que no consiguieran el poder.
Con los antecedentes de la matanza de Tlatelolco, el halconazo y Acteal en la memoria colectiva (además de las represiones dirigidas contra la disidencia obrera a lo largo del siglo XX), no era de extrañar el resquemor y el sabor agridulce con que parte de la izquierda nacional visualiza al Ejército Mexicano e instituciones allegadas a la defensa (Marina y Fuerza Aérea).
En este sentido, y si miramos hacia atrás, algo semejante parecía descansar en la perspectiva obradorista, sobre todo, hasta las postrimerías de la elección del 2018.
Del período que va del 2006 al 2018, la visión del entonces líder opositor, Andrés Manuel López Obrador, parecía ser la del político que discrepa con la militarización del país (paradójicamente empujada por el ex Presidente Felipe Calderón) y quien desea terminarla, habiendo llegado al espacio de poder soñado.
Con esta premisa, AMLO contendió en los comicios presidenciales del 2018.
Arguyendo que los causales de la violencia nacional debían atacarse desde su génesis y no desde la inmediatez, proponía abandonar -paulatinamente- la consabida militarización de la vida pública del país.
Empero, en el panorama postelectoral de la transición, dicho argumento fue abandonado poco a poco. Desde agosto del 2018, ya comenzaba a preconizar que “las Fuerzas Armadas continuarían combatiendo al crimen temporalmente”; y, luego, tras llegar a Palacio Nacional en diciembre del año en mención, dijo que, dicha labor se extendería hasta la “consolidación de la Guardia Nacional” la cual tuvo su origen a principios del presente sexenio, cuando, esgrimiendo una colosal corrupción enquistada en la extinta Policía Federal (que había surgido en los estertores del zedillismo y se había profesionalizado en los sexenios de Fox y Calderón), decidió desaparecerla y comenzar de cero.
Pero, en el camino se dieron cambios.
Primero se dijo que la Guardia Nacional sería de carácter civil; mas, después, el propio Presidente argumentó la necesidad de que fuera encabezada por un integrante del ejército.
Los forcejeos entre gobierno y oposición, llevaron a AMLO a tomar una decisión salomónica que, si bien no cumplía a carta cabal el precepto, sí podía jactarse de cumplir el formalismo: nombró al Gral. Luis Rodríguez Bucio, militar retirado recientemente de sus actividades, titular de la GN; quien, debido a lo anterior, podría prestar juramento como dirigente de la novel institución.
Posteriormente, se verían las veleidades que transitaban en la complicada praxis: por ejemplo, que diversos militares de tropa, pasaron a formar parte de la naciente Guardia Nacional, y que, en algunos casos, sólo hubo cambio de vestimenta.
De manera semejante, aunque la GN se encuentre adscrita a la Secretaría de Seguridad federal, posee cierto vínculo con la de Defensa. Y, en fechas recientes, el Presidente López Obrador ha deslizado la posibilidad de enviar una iniciativa para que la GN quede supeditada, de manera permanente a la SEDENA en lugar de a la Secretaría de Seguridad.
Esta idea le ha granjeado antipatías no sólo por parte de la oposición, sino de la propia coalición gobernante, pues el PT ha dejado entrever que no votaría a favor de una iniciativa que contribuiría a la permanente militarización del país.
A pesar de que el pasado domingo, la gota que derramó el vaso fue el discurso leído por el Gral. Luis Cresencio Sandoval (Secretario de la Defensa Nacional) con motivo del desfile del 20 de noviembre, el cual ha generado tanto antipatías como simpatías; lo cierto es que el Presidente ha aumentado el radio de acción de las Fuerzas Armadas de manera considerable.
Llevando a cabo un recuento de las acciones llevadas a cabo por espacio del presente sexenio, podría enumerar el combate al sargazo en Quintana Roo (por parte de la Marina); el traslado de valores y construcción de sucursales de Bancos del Bienestar (Ejército); distribución de Libros de Texto gratuitos (ídem); creación de una especie de Policía Militar Turística en Quintana Roo (para garantizar la seguridad de turistas y lugareños, imagino); coadyuvancia en labores de vacunación contra el coronavirus; seguridad en los puertos del país (Marina; desplazando la ancestral competencia que tenía la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sobre los mismos); y, por supuesto, la joya de la corona: la construcción, por parte de ingenieros militares, del Aeropuerto de Santa Lucía, considerada como una de las obras emblemáticas de la 4T, y cuya logística ha estado a cargo de mandos castrenses.
Aunado a ello, las Fuerzas Armadas han continuado realizando labores de seguridad pública en diversos estados y municipios del país, tal y como se ha venido haciendo desde los tiempos del calderonismo.
A pesar de lo anterior, no pienso que el gobierno de la 4T esté pretendiendo militarizar al país, sino depurar áreas que se habían caracterizado por tener problemas logísticos o de corrupción generalizada.
Empero, considero que esta labor debe de realizarse con cuidado y pinzas, pues empoderar demasiado a las Fuerzas Armadas puede entrañar un camino sinuoso y complejo.
Baste ver lo ocurrido en Brasil, donde parte de la administración pública ya está en manos de militares allegados a Bolsonaro; o, con más razón en Venezuela, donde los altos mandos de la Fuerza Armada Bolivariana han escalado hasta ser titulares de ministerios, alcaldías, gobernaciones y empresas del estado.
Considero que México no debe seguir ese camino y que, si personajes ligados a este sector, desean buscar un puesto público, deberán estar retirados o con licencia de los mismos. Hasta este momento ha sido así (el Gral. Gurrola y el Gral. Gallardo, contendieron, en diversas fechas, por puestos de elección popular: una diputación federal por Durango (Gurrola) y una gubernatura (Gallardo), por partidos distintos (PRD y MORENA) cuando ya habían finalizado su larga hojas de servicio).
Aunque en una parte de la historia del viejo PRI, las FF.AA. fueron un real factor de poder en un tiempo determinado (sobre todo en el Cardenismo), y llegaron a tener desde diputados hasta gobernadores (por ejemplo, el ex mandatario Giner Durán), dicho esquema no debe replicarse en un esquema moderno, a mi juicio, pues las FF.AA. representan a una nación, y no a una facción en su conjunto, como podría ser la membresía a algún partido político.
Ora que, desde mi perspectiva, lo dicho por algunos analistas acerca del discurso del Gral. Luis Cresencio Sandoval, me parece alarmista.
Esto porque, si leemos con atención su alocución, el general secretario sólo dispuso la lealtad del ejército para con el proyecto gubernamental ¡pero esas palabras las ha dicho siempre la vocería militar en dicho contexto! ¡Jamás habló el Gral. Sandoval de pintar de guinda al ejército nacional! ¡Conmino a que no se vean moros con tranchetes donde, desde mi punto de vista, no los hay!
No obstante, creo que el gobierno federal debe transitar esta ruta con planificación y pies de plomo.
Hasta el momento sólo se ve una ampliación de las tareas encomendadas a las FF.AA. Pero hay que tener cuidado.
En diversas naciones, los militares están reclamando su lugar en la palestra pública. Y aunque la Historia del Ejército Mexicano sea distinta, no quiere decir que estemos exentos de dichos eventos. Es tan sólo una interpretación.
Saque usted, estimado lector, sus conclusiones.
