Chihuahua, Chih.
El ejercicio de construcción de ciudadanía a través de la representación electoral parece ser un mecanismo aún lejano por lograr en nuestro país.
Si bien los órganos electorales mediante la normativa expedida en cada proceso electoral a partir de la legislación en la materia y que, va incorporando mecanismos que habiliten la posibilidad -a través de cuotas- de conseguir escaños en espacios deliberativos para las mujeres, personas de la diversidad LGBTTIQ+, con diversidad funcional (discapacidad) y de pueblos originarios, se dista todavía de un espectro amplio, plural y diverso de representación para todo sector social que merece, sean atendidas sus demandas.
A partir de las acciones afirmativas que se emprendieron para garantizar derechos políticos incluyentes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE desde el 2020 que se ejercieran a fin de garantizar condiciones de igualdad en la contienda que recién iniciaba y que, por efectos de la progresividad, en términos normativos se ha ido avanzando, por ejemplo, incorporando el reconocimiento a nivel federal de la auto adscripción de la identidad de género al establecer fórmulas de la diversidad sexual, garantizando su integración, incluyendo a personas no binarias, se ha venido trabajando por el reconocimiento concreto y efectivo.
Sin embargo; una cuestión es la normativa, la legislación en la materia y otra muy distinta, lo que los partidos políticos definan en sus procesos internos. Dicha auto adscripción, también refiere a la representación de personas de pueblos originarios y al menos en nuestra entidad, no ha habido una representación indígena que lleve adelante agendas que tengan que ver con sus luchas, reivindicación de sus demandas históricas o la protección de sus derechos y territorio. Todo lo contrario, nuestro Congreso no ha tenido una sola iniciativa presentada en ese sentido que se encuentre orientada a sustantivamente garantizarles mejores o al menos, dignas condiciones de vida.
Lo que resulta complejo porque nuestro país en su diversidad no solo cuenta con una representación indígena para una inclusión justa y equitativa en términos que serían deseables en una democracia participativa, porque hablar de pueblos originarios es hacer caber en el ideario a distintas etnias y personas de origen afromexicano y afrodescendientes, personas migrantes naturalizadas, migrantes connacionales radicadas en otros países lo que hace más compleja la cuestión: todas requieren políticas públicas especificas para atender sus problemáticas y garantizar sus derechos humanos de modo efectivo y no hemos trascendido a contar con una curul exclusivamente para un diputado/a/e indígena y este, no suele representar a nadie más que a sí mismo y los intereses de su partido.
En tanto que la práctica de robar las representaciones simulando adscripción indígena persista, no solo se genera que políticos mestizos asuman posiciones que moral, ética y legalmente no les corresponden, tampoco permiten que las discusiones necesarias se estén dando; por ejemplo, el muy necesario reconocimiento de que el sistema de cuotas no alcanza para abatir el problema de fondo: el profundo racismo institucional y sistémico que permite que las candidaturas indígenas sean usurpadas sin consecuencia alguna, todo al amparo de un sistema político blanco-cisheteronormativo que sigue perpetuando prácticas de exclusión, discriminatorias y violentas que impiden que avancemos como sociedad.
Los partidos ya registraron sus listas de candidaturas sin hacer ruido sobre las presentes representaciones, como sociedad toda observar y señalar.
@marielousalomé
