Chihuahua, Chih.

I.- La justicia es un aparato que puede ser desmantelado de varias formas. Lo más común, es que la justicia sea desmantelada de arriba hacia abajo. 

Por ejemplo, la defensa a ultranza que Andrés Manuel López Obrador ha realizado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre quien pesan señalamientos periodísticos de colusión con el Mayo Zambada y los Chapitos, miembros del cartel de Sinaloa (“AMLO respalda a Rocha pese a 'irregularidades' en investigación de asesinato de Héctor Melesio Cuén”, Aristegui Noticias, 16 de agosto de 2024). 

De facto, la defensa que López Obrador realizó sobre Rocha Moya, es un perdón político que termina convertido en indulto jurídico, sin mayor juicio que el poder de la voz presidencial. 

Otro caso de desmantelamiento de la justicia que operó de arriba hacia abajo, es la defensa que López Obrador realizó sobre Javier Corral desde las mañaneras (“AMLO defiende a Javier Corral porque acusa que a él le hicieron lo mismo en el periodo del desafuero”, Proceso, 16 de agosto de 2024). 

Es probable que el procedimiento judicial para detener a Javier Corral, sea una venganza política de María Eugenia Campos para impedir que el expanista sea nombrado senador. De cualquier forma, sobre este caso es necesario preguntarse: 

¿Por qué razones  la Fiscalía de la Ciudad de México se convirtió en un Búnker para impedir que Javier Corral fuera detenido? 

¿En base a qué argumentos jurídicos y/o políticos, el fiscal de la ciudad de México tomó el papel de abogado particular y expedito del exgobernador de Chihuahua? 

¿Por qué un procedimiento judicial que señala un acto de corrupción por 98 millones de pesos, debe resolverse desde el espacio de poder de las mañaneras en Palacio Nacional y no desde un juzgado en la ciudad de Chihuahua? 

Hay otras veces, en las que la justicia es desmantelada de abajo hacia arriba. 

Por ejemplo, el triunfo electoral de María Eugenia Campos en la elección por la gubernatura de Chihuahua en 2021, le otorgó a la panista un perdón popular por cualquiera de los delitos cometidos en el marco de la corrupción duartista. La actual gobernadora de Chihuahua, ha sido señalada por el caso de la nómina secreta y por su colusión con el duartismo. 

El  voto popular le otorgó a María Eugenia Campos un perdón anticipado, en dos momentos: al ganarle la elección interna a Gustavo Madero, candidato de Corral y, al ganar posteriormente la elección constitucional que la nombró gobernadora. 

Ante lo absurdo del triunfo electoral de Campos en la elección por la gubernatura, se requiere preguntarse:

¿Por qué razones el pueblo chihuahuense le otorgó a María Eugenia Campos el voto y el triunfo electoral en 2021, a pesar de los señalamientos por el caso de la nómina secreta de César Duarte?

¿Por qué la guerra política y mediática que el gobernador Corral emprendió contra Campos en los meses previos a la elección del 2021, no impidió que la actual gobernadora ganara primero la elección interna del PAN y después la elección constitucional?

¿Por qué Javier Corral siendo gobernador, decidió iniciar un proceso penal contra María Eugenia Campos en los meses previos a la elección del 2021 y, no en los años previos a esta coyuntura electoral?  ¿Acaso Corral le hubiera otorgado el perdón a Campos por el asunto de la nómina secreta, en caso de haber desistido a la candidatura por el gobierno de Chihuahua en 2021?  

En las dos últimas preguntas planteadas se identifica un desmantelamiento de la justicia que opera, no de abajo hacia arriba (cuando el voto se convierte en perdón popular), sino de arriba hacia abajo (cuando un gobernador perdona a un súbdito que se somete a los intereses del poder en turno). 

De cualquier forma, los mecanismos de desmantelamiento de la justicia en el siglo XXI en México, son históricamente inéditos e incluso inverosímiles. En todo caso, tendríamos que hablar de una transformación histórica de los mecanismos mediante los cuales se sigue desmantelando la impartición de la justicia en México.  

II.- Falta por escribir un análisis más completo y profundo sobre las formas mediante las cuales se desmantela la impartición de la justicia en México en las primeras décadas del siglo XXI. 

Aquí se esbozan apenas unas líneas de análisis para abrirse camino en este tema. Las maneras en que se desmantela la justicia, no operan únicamente de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, tal como se analizó en el anterior apartado. 

El aparato de impartición de la justicia ha sido intervenido y desmantelado de formas variadas y cambiantes. 

Se identifican otras tres formas en las maneras de desmantelar el aparato de impartición de la justicia en México: A) la imposición de lo político ante lo jurídico; B) la construcción de narrativas contradictorias en las cuales se extravía el sentido ético de la justicia y; C) la falta de impartición de la justicia, que desemboca en la impunidad. 

Enseguida se analizan estos tres mecanismos mediante los cuales se desmantela la impartición de la justicia en México. 

 

III.-  En la defensa que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador hicieron de Rubén Rocha Moya, en un acto realizado hace una semana en Culiacán, el perdón de la política se impuso ante cualquier posibilidad jurídica. No es necesario un procedimiento jurídico para juzgar al gobernador de Sinaloa por sus presuntas conexiones con el crimen organizado. Basta el perdón político emitido desde el poder que otorga la investidura presidencial, para exculpar a un gobernador en turno (“Recibe el respaldo de AMLO y Sheinbaum”, La Jornada, 11 de agosto de 2024). 

Son múltiples los señalamientos periodísticos sobre las conexiones de Rocha Moya con el cartel de Sinaloa. En su alegato para deslindarse de las acusaciones realizadas en la carta del Mayo Zambada, el gobernador de Sinaloa declaró que el día en el cual el Mayo fue capturado y llevado a EUA, viajó fuera del país en un avión que le prestó el empresario Jesús Vizcarra Calderón (“El gobernador de Sinaloa usó avión de dueño de Sukarne el día de la captura del Mayo”, Proceso, 13 de agosto de 2024). 

Sin embargo, este empresario también es señalado por sus conexiones con el narco en Sinaloa. En la columna Astillero del viernes pasado, Julio Hernández citó un artículo del periodista Javier Valdez (fundador del semanario Ríodoce, asesinado en 2017), que refiere las conexiones del empresario Vizcarra Calderón con el cartel de Sinaloa: 

“Vizcarra, quien ya fue diputado federal y secretario de Desarrollo Agropecuario de la actual administración estatal, ha sido acusado constantemente de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente con Ismael El Mayo Zambada García, del cartel de Sinaloa, y con Inés Calderón, quien fue socio de Zambada y murió a balazos en un enfrentamiento con agentes de la extinta Policía Judicial Federal en la década de 1980” (citado en La Jornada, 16 de agosto de 2024). 

Aquí se pregunta: 

¿El perdón presidencial basta para dejar de señalar al gobernador de Sinaloa, por sus conexiones con el Mayo Zambada y los Chapitos? 

¿En los términos de la autoridad para decir la verdad, qué pesa más: un perdón presidencial como el que López Obrador y Sheinbaum le otorgan a Rocha Moya, o los señalamientos de colusión entre integrantes del cartel de Sinaloa y, políticos y empresarios que han sido denunciados por las plumas de la talla de Javier Valdez, Julio Hernández y otros periodistas? 

¿Es sostenible afirmar que Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa por Morena), Héctor Melesio Cuén (asesinado el mismo día que el secuestro de El Mayo Zambada) y Jesús Vizcarra Calderón (empresario y político priista) no tienen relaciones con el crimen organizado? ¿O más bien, estos tres personajes han mantenido relaciones entre sí, y han mantenido relaciones con los integrantes del cartel de Sinaloa? 

La defensa política que se ha hecho del gobernador morenista de Sinaloa desde la presidencia, no basta para limpiar su nombre. 

IV.- Para explicar los mecanismos mediante los cuales se han construido narrativas contradictorias en las cuales se extravía el sentido ético de la justicia, el ejemplo más claro está en Chihuahua. 

No abundaré al respecto. Han sido publicados varios artículos de mi autoría sobre el tema (“Duarte, Corral, Campos y la fabricación histórica de la posverdad”, Aserto, 3 de septiembre de 2021; “La obscenidad de la justicia en el caso César Duarte”, Intervención y Coyuntura, 13 de junio de 2022; “Instrucciones para lavar el nombre de César Duarte, La Verdad Juárez, 20 de junio de 2024, etc.).

Al hacer un análisis de los discursos sobre la corrupción en Chihuahua que han sido producidos por la prensa entre los años 2016 y 2024, se identifican dos narrativas. Una primera narrativa fue elaborada durante el sexenio de Javier Corral y señaló actos de corrupción sobre un cúmulo de políticos duartistas, entre los que destacan los nombres de César Duarte y María Eugenia Campos. La genealogía de la corrupción duartista es frondosa, llegando incluso a los nombres de los priistas Alejandro Gutiérrez “La Coneja” y Manlio Fabio Beltrones en lo que se denominó “Operación Zafiro”.

Una segunda narrativa ha sido elaborada por la prensa local durante el gobierno de María Eugenia Campos, al señalar una trama de corrupción en la que destacan los nombres de Javier Corral (exgobernador), Arturo Fuentes Vélez (exsecretario de hacienda),   Eduardo Fernández Herrera (exsecretario de salud), Antonio Pinedo Cornejo (exvocero del gobierno del estado). 

Son diversos los señalamientos de corrupción hacia el gobierno de Corral que pueden encontrarse en la prensa (“Van contra red de corrupción en sexenio de Corral”, Reporte Índigo, 23 de noviembre de 2022). 

En este artículo no se analizan los casos de corrupción que señalan al gobierno de Corral.  

Aunque es posible admitir, que cuantitativa y cualitativamente los casos de corrupción cometidos durante el gobierno de César Duarte, no son comparables con los casos de corrupción señalados durante el gobierno de Javier Corral. 

Al final, lo que importa son los efectos que se generan a corto y mediano plazo en la sociedad chihuahuense a partir de las narrativas construidas, que señalan la presencia de la corrupción durante tres sexenios en Chihuahua: los gobiernos de Duarte, Corral y Campos. Aquí se pregunta:

¿Cuál de las dos narrativas pesa más en la sociedad chihuahuense: la que señala la corrupción de César Duarte que se conecta con el gobierno de María Eugenia Campos o, la que indica la presencia de corrupción durante el gobierno de Javier Corral? 

¿Dónde está la verdad de la política y la impartición efectiva de la justicia, que giran alrededor de dos narrativas sobre la corrupción en Chihuahua, que son contradictorias entre sí? 

¿Cuáles serán los efectos a corto y mediano plazo, de dos narrativas cuyos señalamientos de corrupción llegan hasta un exgobernador priista (César Duarte), una gobernadora panista en funciones (María Eugenia Campos) y, un exgobernador que pasó de las filas del panismo al morenismo (Javier Corral)? 

La circulación de dos narrativas de la corrupción en Chihuahua que son contradictorias entre sí, es propia de un momento histórico caracterizado por la posverdad, donde cualquier cosa puede ser sostenida como verdad o mentira, donde la política se extravía en los pantanos de la relatividad y, el aparato de impartición de justicia sigue siendo desmantelado, hasta desembocar en una impunidad que se extiende hacia el futuro.