Chihuahua, Chih.
“…el derecho del ciudadano no solo a reservarse una esfera de la vida propia como secreta e intangible a los demás, sino también a ostentar la capacidad para evitar su manipulación o instrumentalización”
Marc Carrillo
Imagine usted esto:
Un día, su descubre que su pareja le hackea su teléfono celular y tiene acceso completo a sus comunicaciones.
Quien nada debe, nada teme; versa el dicho; sin embargo, aunque en sus comunicaciones no tenga nada censurable ni digno de reproche, ¿no le incomoda pensar que cada palabra expresada suya esté siendo objeto de escrutinio y eventualmente se convertirá en pretexto y fuente de conflicto? ¿No prefiere ser usted, quién deje ver lo que el resto del mundo, incluidas las personas cercanas que le rodean, saber lo que usted es por las razones que usted decida?
O, cuénteme, ¿encontró censurable que el gobierno mexicano en otro tiempo realizara espionaje telefónico a personas claves relacionadas con temas sensibles como abogados defensores de derechos humanos o periodistas? En el tan sonado caso de Pegaso, también se investigó a personas que hicieron pública información sobre corrupción, contratos públicos irregulares, como la compra-venta de medicinas a socios del mismo gobierno. En aquel momento, el gobierno los definió como los nuevos “enemigos del Estado”.
El primer supuesto pudiera sonar disparatado, aunque no lo es tanto si le platico el contexto: es resultado de una discusión en un grupo masivo en Facebook donde se aglutinan miles de personas a opinar y dar “consejitos”.
Pasmaba la crudeza de los comentarios ahí vertidos, la mayoría encontraba aceptable y otra gran parte, muy deseable, intervenir comunicaciones de las parejas e hijos/as para “traerlos cortitos”; por otro lado, el siguiente caso puede sonarle muy lejano si usted no se desempeña en las labores del manejo de información sensible, empero, determinar “la sensibilidad” de esas informaciones ¿es suficiente para que el Estado le declare su enemigo? Con todas las implicaciones y costos que esto acarrea.
¿Cómo se ligan ambos supuestos? Porque en ambos, se violenta el derecho a la intimidad. Ese sutil derecho que pareciera no existir más allá de aspectos teóricos, el más ignorado hasta que se pierde.
Hablar de este derecho no solo es urgente, se hace necesario en tiempos de la operación mochila. Ese método coercitivo que involucra a las fuerzas del Estado para, a través del miedo propalar políticas de control que estigmatizan a jóvenes de estratos medio bajos y bajos (porque no se realizan en escuelas privadas) y criminalizar a niños, niñas y adolescentes, para luego convertirlos en carne de cañón en las líneas de fuego entre los carteles o en el combate al narcomenudeo; al amparo social desde luego, en esta recurrente noción instalada en el imaginario colectivo de los buenos y los malos y, a los malos, hay que acabarlos o matarlos, porque se convierten en el enemigo, en los que vendrán a robar tu casa o a violar a tus hijas.
Las infancias, en la consideración de que son personas plenas de derechos, también tienen derecho a la intimidad.
En el Capítulo XVII de la LGDNNA: Del Derecho a la Intimidad, en el artículo 76, dice: “Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación… Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés superior de la niñez.”
Entendiendo lo anterior a que padres, madres y tutores legales pueden perder la patria potestad al amparo del interés superior del menor, cuando las decisiones que sobre los mismos pesen no sean las mejores.
Y es que solo me estoy abocando a la intimidad como derecho, pero la seguridad jurídica, procesal, a la no discriminación y el bien superior de la infancia la estoy pasando por alto. Los operativos de revisiones de mochilas suelen ser cateos sin órdenes de un juez que agravian a las y los menores en su derecho de no ser molestados en su persona, colocándolos como el centro de la problemática sin una revisión real del entorno y menos, sin informarles de su órbita de derechos y garantías que están por ser violentadas y mucho menos, obtener el consenso para que así sea.
Mucho se aduce desde los servicios educativos del Estado que solo se hace en presencia de las autoridades escolares, a petición de padres y madres de familia, teniendo como único resultado que la intimidad sea violada EN PÚBLICO.
Los dos primeros casos planteados en esta colaboración leídos son chocantes, bastante diríamos si a pregunta directa negáramos que eso nos lo hicieran a nosotros con nuestro propio consentimiento; sin embargo, ¿por qué cuándo se trata de menores hay tanta disposición de pasarles por encima, de no respetarles en sus miedos, deseos y anhelos?
Que menores cuestionen marcos legales vigentes, normativas, que haya personas empáticas con sus derechos, no quiere decir que se les esté enseñando a violentar la ley, que no respeten reglamentos, significa en realidad que puedan discutir lo que les atañe, y más, cuando el MARCO LEGAL VIGENTE ESTABLECE QUE TIENEN DERECHO A LA INTIMIDAD, así lo versa el artículo primero constitucional, ¿por qué entonces el empeño de violentar tan impunemente a las infancias en la ciudad, el municipio, en el estado?
Que los servicios educativos del estado a través de sus escuelas para padres reparta copias de la Constitución, a ver si así entienden.
POSDATA: Lamentable que Chihuahua siga siendo el estado feminicida por excelencia, ahora porque el Tribunal Superior de Justicia se permite liberar con singular alegría a violadores feminicidas de los peores y más brutales: José Raymundo Quezada Sandoval fue liberado por la ridícula cantidad de 35 mil pesos solo por expresar desear “cuidar a su madre enferma” por el juez Rodolfo Romano, a pesar de estar sentenciado a 60 años de prisión y haber purgado solo 10.
Que lamentable ser mujer en Chihuahua, donde la vida de una mujer vale tan poco y la justicia privilegia la libertad de violadores y asesinos muy por encima de la vida de las mujeres.
@MarieLouSalomé
