Chihuahua, Chih.

Lo denunciado por la diputada Rocío González (PAN) es una auténtica bomba para el mundo de la política, pero que, para nuestra desgracia, es la cotidianidad de la sociedad chihuahuense.

No es una novedad la existencia del acoso sexual al interior del Congreso del Estado, que develó, además, la forma en que son recibidas las denuncias en esta materia en todos lados. Lo que no esperábamos es que ocurriera del mismo modo en esos niveles de la representación política.

La denuncia pública del acoso sufrido por trabajadoras del Congreso a manos de diputados y personal masculino la hizo la diputada González para secundar la propuesta del diputado Alejandro Gloria (PVEM) que, basado en el incremento de agresiones a las mujeres planteó la necesidad de declarar alerta de violencia de género por autoridades federales.

“Debemos empezar en casa, diputado… hay diputados y mucho personal, hombres, que acosan a las mujeres en este Congreso, que mandan flores a las asesoras”, sostuvo la diputada González.

Ante la petición de varias diputadas, -de que se dieran nombres y se presentaran las denuncias correspondientes- entre ellas la presidenta del Congreso, Karina Velázquez (PRI), secundada por la lideresa de este partido, Isela Torres y Crystal Tovar (PRD), la panista informó de la existencia de pruebas, pero que las afectadas “lamentablemente no lo denuncian por temor a perder su trabajo”, lo que, tampoco, es una novedad.

“El día de hoy aquí se ha destapado una bomba y esto no puede quedar en una simple declaración. Van a tener que hacernos el favor y presentar las denuncias, porque si no hacemos nada, estamos avalando cualquier actitud. Y si se dijo a la ligera, que también lo sepamos”, dijo la diputada Isela Torres.

Insensibles, quienes reclamaron que se presentara una denuncia de ese modo, podían inferir que al hacerse desde la tribuna, sin que las afectadas quisieran hacerlo en las instancias correspondientes, denota la otra cara del fenómeno existente, la del escarnio -de hombres y mujeres- derivado de los elevados niveles de aceptación de la “normalidad” de una realidad que nos golpea diariamente y que es el “modo de vivir” de cientos de miles de mujeres en Chihuahua -o quizá millones- pero que a raíz de las denuncias públicas presentadas por hombres y mujeres del mundo del espectáculo y el cine ha generado una reconfortante oleada de personas, especialmente mujeres, -y también hombres que han denunciado no solamente el acoso, sino la violación sexual, cuando eran menores de edad a manos de productores y directores de cine- hasta las denuncias de la existencia de catálogos de artistas de las dos principales cadenas de televisión en México que eran -¿o son?- subastadas.

Así, la diputada, Maribel Hernández (PAN), secundó a su compañera y “apuntó que el acoso y la violencia política contra la mujer es una realidad en el Congreso, ‘es lamentable que vengamos a hablar de algo, cuando en los elevadores y en los pasillos se refieren a nuestras compañeras y a una servidora con apodos muy lamentables”.

Luego, “la también integrante de Acción Nacional, Laura Marín, lamentó la risa y las burlas de varios legisladores hombres, durante los hechos expuestos sobre presuntos actos de acoso. ‘Eso es violencia contra la mujer. Hay que poner respeto desde ahí”. (Nota de Jaime Armendáriz, El Diario de Chihuahua, 29/XI/17).

¿Es un asunto que debe quedar en un incidente en el Congreso del Estado, que no llega a mayores?

Claramente, no.

Lo sucedido revela nítidamente la realidad y fue, apenas, un esbozo de las profundas y enraizadas causas de los elevados niveles de violencia en contra de las mujeres y de la violencia doméstica.

El fenómeno es nacional, pero Chihuahua ocupa primeros lugares en ambos rubros, ante lo cual, lo realizado en materia de prevención, educación y formación de auténticos valores cívicos -como el de la tolerancia, el combate a las conductas misóginas, al machismo y la aceptación de la otredad- pareciera ser nada frente a una realidad que apenas el martes golpeó a las puertas de Palacio de Gobierno con las protestas de los choferes de Uber, generadas por el asesinato de su compañera, Alma Rosa Trillo García, desaparecida y asesinada la semana anterior, justamente cuando los cadáveres de otras tres mujeres eran encontrados en las principales ciudades de Chihuahua.